“La Ley está hecha para que los políticos la violen”.
Víctor Sánchez Baños
Queda claro que ya se acerca la elección presidencial. Esto significa que el Gobierno de la república y las demás organizaciones políticas están buscando no cómo tomar medidas que beneficien al país sino cómo quedar bien con las organizaciones de poder, ésas que tienen la capacidad de movilizar a sus agremiados para presionar a los políticos.
Hace unos días tuvimos el caso de la Ley cañera, que el presidente presionado por los cañeros ha aceptado publicar a pesar del daño que le hace a la modernización de la industria azucarera de nuestro país. Ahora tenemos los autos “chocolate”.
De poco han servido los discursos en los que se afirmaba que no habría más legalizaciones de vehículos ilegales. Los diputados del PRI y del PRD, siempre atentos a las causas que les permita beneficiar a grupos de poder, estaban preparando una nueva Ley que permitiría la legalización de los autos “chocolate”. El Ejecutivo simplemente se les adelantó, pero no para poner un alto a los intentos por “legalizar lo ilegal” sino para permitir la estancia definitiva de estos vehículos.
En un decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda determinó legalizar la importación de vehículos de entre diez y 15 años de antigüedad. En el Artículo segundo transitorio del decreto, se permite que quienes tengan ya en el país los vehículos, aunque hayan sido introducidos ilegalmente, podrán hacer la importación definitiva. No será ni siquiera necesario presentar la documentación de una importación temporal.
Los políticos pragmáticos argumentarán que el Gobierno del presidente Fox está aceptando lo inevitable. Los grupos políticos que han organizado a quienes han introducido o comprado autos “chocolate” pueden, después de todo, bloquear carreteras. El Gobierno del presidente Fox, tan frecuentemente vencido por manifestantes con machetes, no quiere ya enfrentamientos que puedan poner en peligro la estabilidad del país antes de las elecciones de 2006. De nada han servido las afirmaciones de que no se haría nada que violara la Ley, ni las promesas, repetidas en cada legalización de autos “chocolate”, de que no habría ni una más.
Como parte del decreto de legalización, el Gobierno del presidente Fox está optando por adelantar la apertura del mercado mexicano a los autos usados fabricados en Estados Unidos o Canadá. Esto hará que bajen un poco más los precios de los autos usados en México y permitirán a muchos mexicanos tener acceso a un automóvil particular, pero será un golpe fuerte para quienes quieran vender sus autos nacionales en un ya deprimido mercado de usados.
También como parte de este decreto, y para suavizar el golpe que significa para la industria automotriz mexicana, el Gobierno ha optado por ampliar los precios de los vehículos a los que se no se aplica el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) de 135 mil a 150 mil pesos. Además, se aplicará una reducción del 50 por ciento en el ISAN para vehículos de entre 150 mil y 190 mil pesos. Estas rebajas en el impuesto deberían producir una mayor venta y, por lo tanto, un mayor beneficio para la industria automotriz establecida en nuestro país.
El punto fundamental aquí, sin embargo, no es ya el resultado final de los ajustes sino lo que implica el tener un Gobierno que constantemente da marcha atrás en sus intentos por aplicar la Ley. Cómo convencer a los mexicanos de no violar la Ley si una y otra vez el Gobierno cede a las presiones de los grupos de poder. El mensaje del presidente Fox con su decreto sobre autos “chocolate” es que su Gobierno siempre cederá ante grupos que violan la Ley si se organizan y amenazan con llevar a cabo manifestaciones o bloqueos.
La apertura del mercado mexicano a los vehículos usados estadounidenses iba a tener lugar en el 2009. Lo único que se ha hecho es adelantar los tiempos. El problema radica en el mensaje de que en México no vale la pena respetar la Ley porque tarde o temprano el Gobierno cederá a las presiones de los grupos de poder que exigen tratos especiales.
Me imagino que todas las personas que decidieron en algún momento, por respeto a la Ley, no introducir un automóvil de forma ilegal al país se están dando de topes. Después de todo, el Gobierno mexicano da constantemente incentivos para violar la Ley.
PRESTACIONES
Que todos los mexicanos paguen el mismo impuesto por el mismo ingreso, independientemente de si éste se recibe en efectivo o en especie, debería ser una exigencia de igualdad. Pero una vez más los grupos de poder -en este caso los sindicatos- demandan que se mantenga un trato diferenciado: que paguen más impuesto los que reciben su ingreso en efectivo y menos los que lo reciben en especie o prestaciones.
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