“Esa Ley no es el vehículo adecuado para elevar la competitividad de la cadena azucarera... La industria
debe ser más competitiva, porque si no va a
desaparecer”.
Juan Cortina Gallardo
La fórmula es muy sencilla. Junte usted a unos cientos o miles de manifestantes. Deles machetes y bloquee alguna carretera o calle importante de la Ciudad de México. El resultado es infalible. El Gobierno del presidente Vicente Fox se echará para atrás de cualquier decisión que haya tomado.
En 2002 quedó clara la efectividad de esta fórmula cuando un pequeño grupo de ejidatarios de San Salvador Atenco, apoyados por activistas políticos, lograron detener la construcción del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Ahora le ha tocado el turno a las observaciones que el presidente Fox pretendía hacerle a nueva Ley cañera impulsada por el PRI en el Congreso de la Unión.
El Gobierno de la República ha aceptado por lo pronto publicar la Ley que dijo que no aprobaría: una legislación que le impondrá costos muy elevados a los consumidores mexicanos y a la industria azucarera de nuestro país. Los legisladores priistas han aceptado, a cambio, hacerle modificaciones a esa Ley pero sólo a partir del 20 de septiembre. Estas enmiendas deben reflejar por lo menos algunas de las observaciones que el presidente le hizo a la Ley.
Las cosas, sin embargo, no cuadran tan fácilmente. Si está claro que la Ley como está no es buena, tanto así que los propios diputados cañeros han accedido a hacerle modificaciones, no se entiende porqué haya que publicarla tal y como está ahora para hacerle enmiendas posteriores. La única explicación es que, para llegar a un acuerdo, los cañeros querían dejar en claro que han doblegado al presidente de México.
No tenemos información sobre cuáles serán las modificaciones que supuestamente los diputados del PRI aprobarán a partir del 20 de septiembre. Pero la Ley cañera que va a ser publicada por el presidente es un típico ejercicio corporativista, como tantos otros que en el pasado han lastrado a la economía mexicana y la han vuelto poco competitiva.
Juan Cortina Gallardo, el director del Grupo Azucarero México (GAM), ha venido denunciando la nueva Ley cañera aprobada en el Congreso por el voto del PRD y el PRI, pero impulsada por los diputados priistas de la Unión Nacional Cañera y de la Confederación Nacional Campesina. Esta nueva Ley reestablece muchas de las prácticas corporativistas del viejo Decreto Cañero de los tiempos de Luis Echeverría.
La verdad es que el simple hecho que se piense que se necesita una “Ley cañera” es sorprendente. No tenemos una Ley maicera ni una Ley tomatera ni una Ley uvera. Son las Leyes generales que definen la actividad económica de nuestro país, o en todo caso las que rigen la actividad agropecuaria, las que determinan cómo operan los mercados de éstos y todos los demás productos. El hecho que tengamos una Ley cañera nos revela la manera en que estos productores, convertidos en grupos de presión política, buscan obtener tratos preferenciales frente al resto de los mexicanos.
Para que tengamos una idea de las distorsiones que existen en esta actividad vale la pena señalar que la caña de azúcar es el único insumo en nuestro país que sigue teniendo un precio determinado por acuerdos políticos y no por el mercado. La caña de azúcar, efectivamente, debe tener obligatoriamente un precio de 57 por ciento del valor del azúcar final. Este simple hecho resta una flexibilidad enorme a nuestros productores de azúcar.
Los cañeros mexicanos han tratado de mantener un mercado cerrado en el azúcar, ayudados en parte por la negativa de Estados Unidos a abrir su propio mercado. Pero las cosas están cambiando inevitablemente y con rapidez. Por lo pronto la Organización Mundial de Comercio ha determinado ya que nuestro impuesto proteccionista a los refrescos que usan alta fructosa en vez de azúcar de caña es ilegal. En el 2008, por otra parte, tendrá que abrirse el mercado de azúcar en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En este momento la industria azucarera debería estar tomando medidas para volverse más eficiente y competitiva. En lugar de eso, gracias en buena medida a la nueva Ley cañera, está perdiendo competitividad.
Quizá uno pueda entender que el Gobierno del presidente Fox, tantas veces derrotado en tantos campos, no haya querido mantener una batalla muy difícil contra los cañeros priistas. Pero el problema es que el costo de esta derrota lo tendremos que pagar todos los mexicanos.
SIN COMPETITIVIDAD
De nada nos sirve que nuestros trabajadores tengan salarios bajos. El costo de la caña en una tonelada de azúcar es de 87 dólares en Brasil, de 252 dólares en Estados Unidos y de 313 dólares en México. Así nunca podremos ser competitivos.
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