“Nosotros no negociamos en la calle”.
Gerardo Mendoza Jiménez
Ayer el bloqueo principal de calles de la Ciudad de México fue de los cañeros que cerraron la avenida Cuauhtémoc durante horas. Hubo también un bloqueo de Marina Nacional, junto a las oficinas de Pemex, por parte de un grupo de ex trabajadores y de viudas de la empresa. A su vez, un grupo de defraudados por la empresa Publi XIII interrumpió el tránsito en Insurgentes en la esquina con Miguel Ángel de Quevedo. Ciento cincuenta personas bloquearon la calle de Morelos frente al Instituto Nacional de la Vivienda. Además, unos cincuenta trabajadores y estudiantes del Centro Nacional de las Artes hicieron bloqueos intermitentes en Río Churubusco.
Quizá ayer hubo más bloqueos de calles de los usuales en la siempre conflictiva Ciudad de México. Pero los capitalinos saben bien que estos actos son algo usual en las calles de su ciudad. La semana pasada fue un grupo de trabajadores del IMSS el que bloqueó el viaducto Tlalpan. Y antes de ellos estuvieron también los cañeros.
Pretextos nunca faltan. El hecho es que el cierre de calles, avenidas, vías rápidas o carreteras se ha convertido en la forma más usual de protestar en la Ciudad de México. Y una de las razones es que las autoridades, por cálculo político o por simple cobardía, se abstienen de intervenir para mantener las calles abiertas.
Alejandro Encinas, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha expresado con claridad su filosofía sobre este tema. Para él lo único que debe hacerse en estos casos es pedir a los manifestantes que dejen de bloquear las vías de comunicación con la esperanza de que éstos “actúen con responsabilidad”. Esto es lo que dijo en su conferencia de prensa del 13 de octubre y añadió: “yo sé que la tentación autoritaria es grande, la tentación siempre del uso de la fuerza pública. Hay quien cree que así se resuelven los asuntos. Yo, en lo personal, creo que hay que usarla la menor de las veces”.
¿Es impedir los bloqueos de calles ceder a una tentación autoritaria? Por supuesto que no. Nadie cuestiona la libertad de manifestación. Pero una cosa es protestar y otra muy distinta cerrar vías de comunicación. No puede considerarse como autoritarismo aplicar la Ley. Y hay Leyes que prohíben la obstrucción de vías de comunicación. Incluso el bando número 13 del actual Gobierno perredista de la capital impide específicamente los bloqueos de vías primarias.
Encinas, como cualquier otro gobernante, prometió cumplir y hacer cumplir las Leyes al prestar juramento en su cargo. No dijo al hacerlo que haría una excepción con las Leyes que tuvieran que ver con los bloqueos de vías de comunicación. No hubiera podido entonces convertirse en jefe de Gobierno.
El argumento de Encinas sugiere que quienes sí cumplen la Ley, quienes impiden el bloqueo de calles, están cometiendo actos de autoritarismo. Pero entonces estaría acusando al gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, de ser autoritario. Cuando en 2003 un grupo de taxistas pretendió bloquear las calles del centro de Morelia, unos 150 granaderos armados con toletes y gases lacrimógenos, apoyados por 15 grúas, disolvieron los bloqueos y se llevaron los vehículos con los que se impedía el libre tránsito. Los taxistas trataron de negociar con el entonces subsecretario de Seguridad Pública del estado, Gabriel Mendoza Jiménez, pero éste respondió enfático: “no tengo idea de cuál sea su petición y no es lo que vine a negociar. Nosotros no negociamos en la calle”. Según Mendoza Jiménez, “manifestarse es manifestar su voluntad políticamente, es decir, marchar, gritar consignas, pero interrumpir el derecho de terceros al libre paso: no”.
El Gobierno de Cárdenas Batel, lanzó entonces un mensaje muy claro a la sociedad michoacana: el derecho a la libre manifestación termina donde empieza el derecho a la libre circulación. Pero el mensaje de Encinas es exactamente el contrario: los manifestantes (mientras no sean motociclistas, porque ellos sí son removidos por la fuerza pública y sus vehículos detenidos) tienen todo el derecho de bloquear las vías de comunicación las veces que quieran.
Quizá Encinas debería aprender la lección de Cárdenas Batel. Mantener las calles abiertas no es un acto de autoritarismo sino el deber de cualquier gobernante.
CRUCEROS
Algunos diputados siguen insistiendo en matar a la gallina de los huevos de oro. Así, están considerando nuevamente cobrar un impuesto de diez dólares por cada pasajero que toque puerto mexicano en un crucero. El gravamen resultaría en una reducción importante de los arribos de cruceros, lo cual afectaría la actividad económica que éstos generan. El costo para los mexicanos sería muy superior a la recaudación que el Gobierno lograría con el nuevo impuesto.
Correo electrónico:
sergiosarmiento@todito.com
