?Siempre he pensado que la moral radica en el valor de tomar una decisión personal?.
León Blum
La importancia política de la familia Hank hizo posible que se le entregaran las autorizaciones de los Caliente. A CIE se le exigieron inversiones enormes, en campos no necesariamente relacionados con el juego, a cambio de los permisos para sus centros de bingo, los Yaks.
No es una cuestión de moral sino de transparencia. El que la gente juegue o no, debe ser una decisión personal. El Estado no tiene porqué prohibir o limitar el juego. Pero los permisos para centros de apuestas deben darse de manera transparente y equitativa. La objeción mayor que se le puede hacer al Gobierno en el otorgamiento de los permisos recientes, así como los que ya están en operación, es su discrecionalidad.
Ayer el IFAI dio su respaldo a un punto de transparencia en este campo al determinar, de manera unánime, que la Secretaría de Gobernación debe dar acceso a la información sobre los beneficiarios de los permisos de juego. Sólo podrán mantenerse reservados el domicilio, el teléfono, el registro federal de causantes, el plan de negocios y las declaraciones fiscales de los particulares. Por supuesto que revelar esta información no resolverá los cuestionamientos sobre los permisos que otorgó la Secretaría de Gobernación a distintas empresas, entre ellas una filial de Televisa, para operar casas de juego. Pero constituye un paso en la dirección correcta.
El juego es una realidad habitual en México. Palenques ilegales como el de Tonalá, Jalisco, donde recientemente hubo un ataque con granadas, operan en todo el territorio nacional. Las apuestas están formalmente prohibidas en México, pero la gente y las propias autoridades hacen caso omiso. Así tenemos juego en la Lotería Nacional, en casinos como el de la Feria de San Marcos, en books, en programas de televisión, en sorteos para beneficio de escuelas y partidos políticos, y en una miríada de palenques, brincos y casas de apuestas clandestinos.
Lo lógico es abrir este mercado con una Ley que permita que quienquiera -como en cualquier otro tipo de negocio- pueda tener establecimientos de apuestas siempre y cuando cumpla con los requisitos que garanticen su operación eficiente y honesta. El Gobierno del presidente Fox cuando menos trató de impulsar una Ley en este sentido que, si bien no llegaba al grado necesario de apertura, por lo menos avanzaba en la eliminación de las restricciones actuales. Ha sido la resistencia del Congreso la que ha detenido esta legislación.
Ante una Ley restrictiva, que le da al Gobierno poderes discrecionales, se ha generado una situación de inevitables conflictos de interés. La Secretaría de Gobernación no está otorgando simples permisos para la operación de negocios sino patentes para ganar grandes cantidades de dinero en un mercado que el Gobierno hace artificialmente oligopólico. En estas circunstancias los permisos se obtienen, lógicamente, por contactos o por acuerdos especiales.
La importancia política de la familia Hank hizo posible que se le entregaran las autorizaciones de los Caliente. A CIE se le exigieron inversiones enormes, en campos no necesariamente relacionados con el juego, a cambio de los permisos para sus centros de bingo, los Yaks. A Televisa, como ha señalado el propio ex secretario Santiago Creel, se le dieron autorizaciones para casas de juego -sujetos a ratificación local- en parte porque su tamaño le da a esta empresa la oportunidad debe competir realmente en un mercado dominado por los Caliente de los Hank. Si yo o cualquier hijo de vecino hubiéramos solicitado un permiso, se nos habría rechazado sin más explicación.
Los legisladores deben entender que las cosas no pueden ya continuar así. El Estado no puede prohibir o limitar el juego porque esto simplemente lo empuja a la ilegalidad. Mucho menos se puede mantener la situación actual en que, bajo el disfraz de una limitación moral, se otorga a los burócratas la facultad discrecional de determinar a quién se le puede dar y a quién negar un permiso de juego.
El problema se resuelve con apertura y transparencia. Que se establezcan requisitos para casas de apuestas y que quien los cumpla pueda abrir la suya. Que el mercado regule quiénes prosperan y quiénes quiebran. Que la autoridad esté obligada a dar a conocer toda la información pertinente sobre las empresas a las que otorga permisos para el juego.
Así funciona la economía libre en todos los demás productos y servicios. El intento por establecer un régimen de excepción en las apuestas no ha hecho que la gente deje de jugar. Pero sí ha creado un sistema lleno de violaciones a la Ley, de ?sospechosismos? y seguramente de corrupción.
CONSULADO
Así como se tomó la decisión de cerrar el consulado estadounidense de Nuevo Laredo ahora se ha decidido abrirlo. Nada ha cambiado en la situación de inseguridad. Al mismo tiempo se mantiene abierta la embajada de la Unión Americana en Bagdad, una ciudad mucho más peligrosa que cualquiera nuestra. Claramente no se nos ha dicho la verdad sobre el cierre del consulado.
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