“La mayoría de los
servidores públicos en el área de salud creen que tratar el problema de violencia es ofrecer información”.
Irma Saucedo
Una amiga y compañera de trabajo atravesó hace algunas semanas un verdadero calvario. Durante días enteros acompañó a su hermana a varias delegaciones y oficinas gubernamentales para ayudarla a presentar una denuncia por violencia intrafamiliar. Hasta el momento de escribir estas notas los intentos han resultado infructuosos. El Ministerio Público, lejos de registrar la denuncia, ha hecho todo a su alcance para impedir que se presente.
El Ministerio Público debería ser una institución de buena fe, que tome nota de los argumentos y las pruebas de un hecho. Ya le corresponderá al juez determinar si hay un delito. Pero en los casos de violencia contra la mujer, el Ministerio Público se convierte en una institución de mala fe. Si una mujer presenta una denuncia, le toca a ella comprobar que efectivamente ha existido el ataque o la violencia y la institución presenta todas las resistencias posibles para registrar los hechos. En muchos casos prefiere abstenerse de tomar medidas mientras no aparezca el cadáver de una mujer que demuestre que efectivamente ha existido un caso de violencia.
Ahí está el caso terrible presentado al público por Ana María Amador. Esta mujer de San Juan de los Lagos, Jalisco, se presentó el domingo ocho de mayo en San Cristóbal, Guanajuato, para llevar una protesta al presidente de la República. Según contó a los periodistas, su hija Ana Iveth Muñoz Amador, de 14 años de edad, desapareció de su hogar en abril. La afligida madre se presentó ante las autoridades para denunciar un aparente secuestro, pero el MP no quiso levantar la denuncia: la chica seguramente se había ido con el novio, le dijeron, ya aparecería después. Y apareció, efectivamente, pero violada y asesinada. Sólo con un cadáver empezaron las autoridades a preocuparse del caso.
El presidente Vicente Fox no estuvo este domingo pasado en su rancho de San Cristóbal, por lo que no tuvo oportunidad de escuchar esa historia. Es muy probable, de hecho, que tampoco la habría oído si hubiera estado ahí, porque el Estado Mayor Presidencial se ha vuelto cada vez más estricto para evitar que los grupos que llegan a San Cristóbal presenten sus agravios al presidente.
Pero esa historia de negligencia de las autoridades la conocen muy bien las mujeres de nuestro país. En una justicia dominada por hombres, rara vez se presta la atención a las quejas que las mujeres levantan en contra de la violencia que sufren de los hombres.
En este día en que México festeja a las madres, la violencia en la familia contra las mujeres merece una atención especial. Según el INEGI, el 46.6 por ciento de las mujeres ha sufrido en su propio hogar cuando menos un incidente de violencia física o emocional en los últimos 12 meses. Esta estadística hace que caiga por tierra la idea generalizada de que la violencia es una excepción en las familias de nuestro país. Las estadísticas nos revelan, por otra parte, que el maltrato a la mujer es más común en los hogares jóvenes, por lo que no es un fenómeno que tienda a desaparecer.
Las personas que tratan de ayudar a las mujeres que sufren violencia son ellas mismas objeto de persecución. Un caso reciente es el de Lydia Cacho, quien ha promovido la creación de refugios para mujeres maltratadas en Cancún. Debido a que le ha dado acogida a mujeres violentadas por parejas poderosas, ha sido objeto de presiones de todo tipo.
Me queda claro que el presidente no puede eliminar por decreto la violencia contra las mujeres. Pero el Gobierno y el Congreso podrían hacer mucho más que envolverse en la conveniente bandera de la defensa a las mujeres. Un buen paso sería promover legislación que no le permitiera a los ministerios públicos rechazar o poner obstáculos burocráticos a las denuncias de violencia contra las mujeres. Otra solución sería establecer instituciones dedicadas específicamente a tratar esta violencia. Y no se trata de crear más instituciones burocráticas como las que ya existen, que tienen más vocación para asistir a reuniones académicas que para ayudar a las mujeres de carne y hueso, sino ministerios públicos que atiendan las denuncias de las víctimas y refugios que les den asilo.
La función más importante del Estado es proteger a los gobernados de la violencia de terceros. Y la protección más firme debería dirigirse a los más desprotegidos: a las mujeres y a los niños, precisamente aquellos que las autoridades se niegan a atender hasta que ya es demasiado tarde.
EL CABALLERO
Adrián Vargas tenía esa rara combinación de ser a un mismo tiempo eficaz en los negocios y generoso en su trato. Quizá por eso todos los que lo tratamos lo quisimos y lo respetamos tanto. Descanse en paz.
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