“Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio”.
Joan Manuel Serrat
Si me permiten hacer una predicción, creo que cuando llegue el momento de la decisión de la sección instructora de la Cámara de Diputados que está analizando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador el voto quedará empatado.
La sección tiene cuatro miembros: un panista, un perredista y dos priistas. El panista votará en automático por el desafuero y el perredista lo hará en contra sin mayor reflexión. La decisión, por lo tanto, le tocará a los priistas. Y me da la impresión de que antes que quedar con la mancha de haber sido ellos quienes impidieron la candidatura de López Obrador, los priistas preferirán dividir salomónicamente su voto.
¿Qué significa un empate en la sección instructora? Que el tema ya no se turnará al pleno de la Cámara de Diputados. Y en términos prácticos esto impedirá que prospere el juicio de procedencia -que es el nombre formal del desafuero- del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, ahí no terminará la batalla legal.
López Obrador ha promovido la idea de que el conflicto en este caso se limita al desafuero. No es que él o sus asesores no conozcan realmente las características del caso, pero les conviene presentarlo como una batalla política que se libra en la Cámara de Diputados y en que los partidos deciden la inocencia o culpabilidad del jefe de Gobierno de la acusación de desacato.
El juicio de procedencia, sin embargo, no es más que un procedimiento para poner al presunto responsable de un delito a disposición de un juez. No define ni la inocencia ni la culpabilidad del inculpado. Ni hace desaparecer el proceso legal en caso de no prosperar.
Lo anterior quiere decir que cuando el jefe de Gobierno renuncie a su cargo a fines de 2005 o principios de 2006 para postularse como candidato, el juicio por desacato lo estará esperando.
Algunos juristas consideran que aún cuando López Obrador renuncie o pida licencia a su cargo su fuero seguirá protegiéndolo de una acción legal en su contra. Mucho se cita el caso de Carlos Madrazo, el padre de Roberto Madrazo, quien pidió licencia como diputado en la década de 1940 para enfrentar una acusación penal sólo para que la Corte Suprema de Justicia determinara que la licencia no eliminaba su fuero. Éste fue el precedente que se utilizó para justificar que René Bejarano tuviera que ser sometido a juicio de procedencia por la Cámara de Diputados incluso después de haber pedido licencia como diputado local en el Distrito Federal.
Otros juristas, sin embargo, plantean que el fuero no protege a un funcionario que ha renunciado o pedido licencia. Por una parte, la legislación sobre la materia es distinta a la de la década de 1940. Pero además ha habido otros precedentes posteriores al de Carlos Madrazo que sugieren que el fuero se interpreta hoy como una protección que la Constitución otorga a legisladores y altos funcionarios para proteger su libertad de expresión -no para un cargo como desacato- y solamente mientras se encuentra en ejercicio del cargo.
El tema, por supuesto, es controvertido y sin duda llevará a un amparo en el momento en que López Obrador deje la Jefatura de Gobierno. Pero de lo que no tengo duda es que el énfasis que los perredistas han hecho en el juicio de procedencia, como si éste fuera todo el problema legal del jefe de Gobierno, es absolutamente miope. El meollo del asunto es el proceso por desacato, el cual no se desvanecerá independientemente de lo que pase con el desafuero.
Como muchos otros observadores de la política, me parecería muy triste que el candidato que puntea en las encuestas de opinión para la elección presidencial de 2006 quedara inhabilitado por un desacato que, en mi opinión, es más producto de un descuido jurídico que de un deseo real por rechazar la decisión de un juez. Pero al mismo tiempo entiendo que el sistema jurídico no puede seguir con la práctica de que la Ley no se aplica a los políticos de alto nivel.
Estoy convencido de que a López Obrador le habría convenido jurídicamente renunciar al cargo hace meses y enfrentar la acusación, con la idea de que el proceso concluyera con tiempo suficiente para no inhabilitarlo antes del inicio de la campaña presidencial. En lugar de eso, él o sus asesores jurídicos han preferido desperdiciar varios meses en un juicio de procedencia que al final no lo libera de la espada de Damocles que pende sobre su cabeza.
EXTEMPORÁNEO
Andrés Manuel López Obrador podría defenderse con la argumentación de que la notificación que se le hizo de la acusación por desacato fue extemporánea. Esto le permitiría librar la acusación aún cuando fuera por un asunto meramente técnico. Pero él se ha negado a tomar este camino fácil. Esperemos que no se equivoque.
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