“La forma más rápida
de terminar una guerra
es perderla”.
George Orwell
La derrota del presidente Vicente Fox en el proceso por desacato a Andrés Manuel López Obrador ha sido tan grave o más que la que sufrió a principios del sexenio frente a los macheteros de San Salvador Atenco. En los dos casos, tanto el presidente como el secretario de Gobernación Santiago Creel declararon en repetidas ocasiones que no darían marcha atrás y que se aplicaría la Ley.
En ambos no sólo hubo marcha atrás sino que la aplicación de la Ley quedó en el olvido. Lo curioso es que las dos grandes derrotas del presidente Fox provienen de expropiaciones que tenían el propósito de beneficiar a empresas o personas privadas. Los campesinos de San Salvador Atenco se rebelaron por el despojo de sus tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco que sería operado por empresas privadas. En el caso de El Encino el problema fue la expropiación de un predio para beneficiar a un hospital privado.
Cuando se llevó a cabo la expropiación de San Salvador Atenco, un grupo de ejidatarios se rebeló. El Gobierno quería quedarse con sus tierras a cambio de una indemnización que ellos consideraban insuficiente. En su movimiento participaron, sin duda, grupos políticos ajenos a la causa: resultaba paradójico, en efecto, ver a los grupos de izquierda radical manifestarse públicamente en defensa del derecho de propiedad. Pero la experiencia nos demuestra que las mayores protestas son las que tienen lugar cuando la autoridad despoja a alguien de sus propiedades.
En El Encino vimos también un despojo. Un hospital privado, el ABC, no pudo llegar a un acuerdo con un vecino para que éste le vendiera terreno suficiente para construir un acceso. Sus dueños acudieron al Gobierno del Distrito Federal para pedirle que expropiara el terreno y así evitar pagar un precio demasiado alto.
Rosario Robles accedió a actuar días antes de dejar el cargo. Pero lógicamente el dueño del predio expropiado promovió un juicio de amparo contra el Gobierno de la capital y los tribunales determinaron que no se había comprobado la utilidad pública del acto.
De ahí surgió el pleito que llevó al desafuero de López Obrador y ahora a la derrota del Gobierno Federal.
Estas dos grandes derrotas del presidente Fox nos demuestran que en este país, en el que tanto se desprecian los derechos de propiedad, éstos siguen siendo cruciales. Las conclusiones de ambos procesos también nos revelan que el actual Gobierno de la República, enfrentado a la opción de hacer cumplir la Ley o de violarla por conveniencia política, se inclina siempre por esta última opción.
Los manifestantes de San Salvador Atenco no violaron la Ley por expresar su insatisfacción ante la expropiación que el Gobierno había hecho de sus tierras, sino por bloquear carreteras y por secuestrar y vejar a un grupo de funcionarios públicos que habían sido enviados a negociar.
Las autoridades federales afirmaron, como siempre, que se aplicaría todo el peso de la Ley a los responsables. Pero al final, como siempre, nadie fue castigado. También en el caso de El Encino hubo reiteradas promesas de que se cumpliría la Ley. Aquí el caso era más delicado. El sistema judicial había determinado que el jefe de Gobierno del Distrito Federal había violado una suspensión ordenada por un juez. El anterior procurador de la República señaló constantemente que la PGR tenía la obligación de acatar la orden del juez y emprender una acción legal por desacato contra López Obrador. El presidente avaló repetidas veces esta posición. Pero al final decidió echarse para atrás.
Poco le importó que con esto no sólo se violara la Ley sino que se pusiera en peligro la vigencia misma del Juicio de Amparo. La filosofía del actual Gobierno ha quedado en claro en estos dos casos. La Ley se presenta como excusa para las acciones gubernamentales, pero al final el Gobierno prefiere desentenderse del Estado de Derecho para evitar situaciones complicadas. Este pragmatismo, sin embargo, se aplica de manera tardía. Si el Gobierno de Fox se iba a echar para atrás en la construcción del nuevo aeropuerto por temor a los manifestantes, más valdría no haber tratado de expropiar Atenco.
Y si a final de cuentas el presidente iba ordenar que no se aplicara la Ley a López Obrador, lo mejor habría sido hacerlo desde el principio, cuando el caso no había ocupado el centro de la atención nacional.
VOTAR CON LOS PIES
Nos dicen los políticos que los mexicanos no quieren vivir en una economía capitalista. Sin embargo, millones de compatriotas han votado con los pies para ir a trabajar a los Estados Unidos. Hoy, con sus remesas, que aumentan a un ritmo de 20 por ciento anual, se han convertido en sustento de un país que supuestamente no quiere hacer reformas de mercado.
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