“El político se conserva
en el auge de su prestigio
mientras dura su habilidad de emplear frases ambiguas, abstractas, mientras usa
lugares comunes y frases
hechas, sin arriesgar
opiniones a fondo”.
Ezequiel Martínez Estrada
Estoy convencido de que el caso por desacato en contra de Andrés Manuel López Obrador no llevará a su inhabilitación. Hay mil obstáculos jurídicos en el camino. Uno lo vimos ya el viernes pasado, cuando el juez duodécimo de distrito, Juan José Olvera -a quien de antemano ya habían descalificado los perredistas-, devolvió al Ministerio Público el pliego de consignación del tabasqueño debido a que la PGR otorgó de manera ilícita la fianza. Muchos más habrá en el transcurso del juicio. Pero además el secretario de Gobernación, Santiago Creel, ha señalado que, una vez que se hayan agotado las instancias jurídicas, el Gobierno de la República buscará algún tipo de solución política.
Más que el proceso legal, el cual sin duda ha fortalecido a López Obrador como aspirante para 2006, me preocupa el hecho de que muchas de las posiciones de fondo del tabasqueño parezcan inviables cuando no contradictorias.
En su discurso del Zócalo del domingo, por ejemplo, López Obrador señaló que “sin privatizar la industria eléctrica y el petróleo es posible modernizar al sector energético”. Dado que el Gobierno de la República ha señalado en varias ocasiones que no pretende “privatizar” el sector energético -esto, es vender sus activos-, lo lógico es pensar que Andrés Manuel le está dando al término el sentido incorrecto pero usual en la izquierda mexicana -y entre algunos políticos priistas, como el senador Manuel Bartlett- de permitir la inversión privada.
López Obrador señala, sensatamente, que una de las cosas que necesita nuestro país es “darle valor agregado al petróleo. No debemos limitarnos a ser exportadores de crudo, sino apoyar la refinación y la petroquímica, para generar empleos en el país y lograr que la gasolina, el gas y otros derivados no se importen, se produzcan en el país y se vendan a precios justos y competitivos en el mercado internacional”.
Pero esto es precisamente lo que ha tratado de lograr el Gobierno de la República promoviendo una apertura del sector energético a la inversión privada. Pemex ha naturalmente dedicado la mayor parte de los escasos recursos que le deja la Secretaría de Hacienda a la inversión en la actividad más rentable a su alcance: la extracción de petróleo crudo. Por eso ha buscado abrir a la inversión privada los otros sectores, los menos rentables, como la refinación de gasolina y la producción de petroquímicos o la extracción de gas natural. La estrategia es lógica: invierte en lo que más te genere y subcontrata lo demás.
El problema es que al oponerse a la apertura del sector energético, la alianza Bartlett-PRD, a la cual Andrés Manuel ha apoyado, ha impedido precisamente esa inversión privada en los sectores menos rentables en el país. Una de las razones por las cuales Pemex mantiene una refinería en coinversión con la firma anglo-neerlandesa Shell en Deer Park, cerca de Houston, es porque, absurdamente, la Ley le prohíbe a Pemex tener coinversiones en refinación en México pero no en el extranjero.
López Obrador afirmó en su discurso del domingo que la prioridad fundamental de México debe ser combatir la pobreza. Para ello propone un Estado fraterno que apoye a “los pobres, los débiles y los olvidados”. Hasta ahí nadie en su sano juicio puede cuestionar sus posiciones. El problema es que en el mismo aliento rechaza “cobrar IVA en medicamentos, en alimentos”. No se percata, quizá, de que sin una reforma fiscal que grave de manera general el consumo en vez del ingreso no se podrán generar los recursos que permitan la existencia de un Estado solidario. López Obrador comparte una idea trasnochada defendida por el PRD y el PRI de que si se exentan de impuestos los alimentos de los ricos será posible, por alguna arte de magia, vencer la pobreza.
Es una lástima que en todo el ruido político generado por el desafuero y el proceso por desacato se hayan olvidado las ideas fundamentales. Si no fuera así quizá nos daríamos cuenta de que López Obrador tiene razón cuando dice que hay que fortalecer a la industria nacional de energía y combatir la pobreza, pero que las políticas concretas que propone tendrían exactamente el resultado contrario.
PROVOCACIÓN
En Los Pinos ven como una provocación el retorno de López Obrador al Gobierno del Distrito Federal. Pero ante la incertidumbre en la aplicación del Artículo 111 de la Constitución, la posición de Andrés Manuel es sensata: mientras no haya un auto de formal prisión, o una interpretación distinta de la Corte, lo lógico es atender la letra del 111 que dice que él sigue manteniendo su cargo.
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