“La reacción que está viéndose es precisamente porque estamos limpiando los penales y por los avances que estamos teniendo”.
Santiago Creel
Tiene razón el Gobierno de la República cuando dice que el narcotráfico lo está retando. La ejecución el 20 de enero de seis empleados del reclusorio federal de alta seguridad de Matamoros, Tamaulipas, unida a las fugas de reos y homicidios de otros funcionarios carcelarios y de reclusos, revela claramente que las bandas de narcotraficantes han iniciado una abierta confrontación con el Gobierno del presidente Fox.
La reunión del gabinete de seguridad que tuvo lugar en Los Pinos el mismo 20 de enero revela que el presidente no está soslayando la importancia de lo ocurrido. Y no tiene en realidad opción. Un Estado no puede darse el lujo de que un grupo de bandas criminales no sólo viole la Ley con absoluta impunidad sino que también controle los reclusorios del país.
Las víctimas de Matamoros fueron asesinadas en algún lugar no identificado para que después sus cuerpos fueran abandonados en las inmediaciones del Centro de Readaptación Social Número Tres de esa ciudad. Independiente de las razones que hayan llevado a los criminales a escoger a estos seis precisamente para la ejecución, el mensaje de los narcotraficantes es muy claro: tenemos el poder de matar a quien sea y el Gobierno no puede hacer nada al respecto. Y la verdad es que los narcos sí tienen ese poder.
Los más altos funcionarios del Gobierno pueden atreverse a enfrentar el reto del narco. Pueden ser tan valientes como se quiera. Pueden amenazar a los capos con la aplicación de todo el peso de la Ley. Pero lo pueden hacer porque ellos y sus familiares más cercanos están protegidos. Por eso el secretario de Gobernación, Santiago Creel, puede darse el lujo de declarar: “De ninguna manera vamos a bajar la guardia ni a aflojar el paso. La reacción que está viéndose es precisamente porque estamos limpiando los penales y por los avances que estamos teniendo”.
Quizá sea cierto. Pero a esta declaración se contrapone el reconocimiento de que no se le puede dar seguridad a todas las personas que trabajan en los reclusorios o en aquellas áreas del Gobierno que tienen a su cargo el combate al narcotráfico. Y si no se puede proteger a los responsables, mucho menos se puede extender este cuidado a todos sus familiares.
En este caso, como en tantos otros, la carne de cañón es siempre de quienes se encuentra en los niveles inferiores de la estructura de poder.
La señal de los homicidios de Matamoros es que no es necesario matar a altos funcionarios para chantajear al Gobierno. Hay muchos policías, custodios y funcionarios de nivel bajo o medio que pueden ser víctimas de ataques y con mayor eficacia, porque son ellos quienes tienen la responsabilidad del día con día en esta guerra. Ellos no fanfarronean: no dicen que pueden enfrentar todas las amenazas vengan de dónde vengan. Saben que el peligro está presente para ellos en cualquier momento.
La guerra entre el Estado mexicano y el narco no se manifiesta únicamente en los homicidios de Matamoros o en los anteriores que ocurrieron en el penal de La Palma. En los últimos días hemos visto el homicidio de un importante abogado, Leonardo Oceguera Jiménez, dedicado a la defensa de algunos narcotraficantes. En Zacatecas un grupo armado liberó al narcotraficantes José Luis Robledo que había sido llevado de una cárcel a una clínica a recibir tratamiento médico.
En Sinaloa, Tijuana, Ciudad Juárez y Tamaulipas, los ajustes de cuentas entre narcotraficantes son cada vez más comunes.
Esta guerra no desaparecerá por arte de magia ya que toda victoria del Gobierno se convierte en un elemento que fortalece al enemigo. Si se captura a grandes capos, éstos cooptan a sus custodios y operan desde las prisiones. Si se aplica una mayor disciplina, los narcos siembran el terror entre el personal de los reclusorios. Si a pesar de todo se logra aislar a los capos, surgen nuevas bandas con líderes más jóvenes y peligrosos, porque están dispuestos a tomar mayores riesgos para penetrar en el mercado y consolidarse.
Con los asesinatos de los funcionarios carcelarios de Matamoros, el narco ha lanzado efectivamente un reto al Gobierno. Pero lo está haciendo porque puede. Quizá el Estado puede obtener algunas victorias importantes, pero en el largo plazo la guerra está perdida.
Granados Chapa
Ha hecho bien el columnista Miguel Ángel Granado Chapa al negarse a declarar como testigo en el juicio que el subprocurador Santiago Vasconcelos ha emprendido en contra del publicista Santiago Pando y su esposa Maritza Pérez Aguilar por difamación. Las razones las ha explicado mejor que nadie el propio Granados Chapa en su columna. Pero el subprocurador Vasconcelos comete un grave error al amenazar al columnista para obligarlo a declarar.
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