“A los amigos, justicia
y gracia; a los enemigos,
la Ley a secas”.
Benito Juárez
Por una parte, y como millones de mexicanos, me siento aliviado de que se haya logrado suavizar y quizá superar el conflicto entre el presidente de la República y el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Pero me aterra pensar en las consecuencias jurídicas de aplicar el principio de que un ciudadano, debido a su poder político, puede quedar por arriba de la Ley.
El presidente Vicente Fox actuó con el interés del Estado en mente cuando -todo parece indicar— le pidió su renuncia al procurador general de justicia Rafael Macedo de la Concha. Hasta donde es posible reconstruir los hechos de un proceso que no fue sometido al escrutinio público, el procurador Macedo se oponía a hacer excepciones en la aplicación de la Ley. Para él no había duda de que Andrés Manuel López Obrador había cometido un desacato y la PGR debía procesarlo independientemente de las consecuencias.
Algunos consideran que el procurador pecó de testarudo. Otros afirman que decidió, pese a las consecuencias, mantenerse fiel al principio de que las leyes se hacen para todos.
Hoy, en castigo, Macedo ya no está en la Procuraduría. De nada le sirvió haber sido considerado como un procurador estrictamente recto y que haya tenido un gran éxito en la difícil lucha contra el narcotráfico. Macedo se había convertido en un lastre político para un presidente que ya no podía aceptar que López Obrador, el gran rival político del futuro candidato del PAN, siguiera fortaleciendo su imagen de mártir político. Prevaleció la razón de Estado... o, más bien, la razón política.
Reemplaza a Macedo un hombre que, antes de iniciar una carrera pública en el Gobierno del presidente Fox, era notario en Guanajuato. No es éste un pasado que necesariamente lo descalifique. Ha habido otros procuradores notarios. Pero ciertamente se antoja que la mayor virtud de don Daniel Cabeza de Vaca es haber trabajado cercana y fielmente al presidente de la República.
No es quizá poca virtud en un gabinete que se ha caracterizado por su fragmentación. Pero esta virtud contrasta con la filosofía que en un momento mantuvieron el PAN y el propio Fox en el sentido de que un procurador debe tener autonomía frente al presidente.
El anuncio de la destitución -no encuentro otra palabra que describa la acción- de Macedo coincidió con el anuncio del presidente de que someterá al Congreso una iniciativa de Ley que enmendará la Constitución con el fin de permitir que los derechos políticos de los altos funcionarios se mantengan aun cuando enfrenten un proceso penal en tanto no tengan una sentencia condenatoria.
En principio esta enmienda me parece correcta. La actual redacción del artículo 111 de la Constitución establece un castigo, la inhabilitación política, antes de que un juez determine la culpabilidad de un acusado. La actual letra de la Constitución, de hecho, contradice uno de los principios jurídicos más importantes: la presunción de inocencia en tanto no se demuestre la culpabilidad de un acusado.
Pero esta modificación por sí sola no explica el entusiasmo con el cual fue recibido el anuncio presidencial por parte del PRD y de López Obrador. La enmienda constitucional, después de todo, puede ser derrotada en el Congreso -donde el voto del PRI sería crucial- o en las legislaturas locales. Andrés Manuel podría también ser declarado culpable de desacato, en cuyo caso ni siquiera esta modificación de la Constitución le impediría ser enjuiciado.
Más bien parece que cuando el presidente dijo: “Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal” se refería a otra medida, la cual podría haber sido comunicada a López Obrador. Quizá, incluso, la nueva procuraduría optará por no presentar nuevamente el pliego de consignación en contra de López Obrador a pesar de que el rechazo inicial del caso por el juez duodécimo se debió solamente al pago de una fianza no buscada ni aceptada por el inculpado.
Es motivo de alegría el pensar que un delito relativamente menor no sea causa de un duro conflicto político. Pero esperemos que el aparente trato especial que le aguarda a Andrés Manuel no sea razón de un debilitamiento del juicio de amparo, que es la única defensa de los gobernados frente a los abusos de la autoridad.
TLALNEPANTLA,
MORELOS
Un año después de la destitución de Elías Osorio, alcalde priista de Tlalnepantla, Morelos, la Suprema Corte ordenó ayer su reinstalación. El Congreso morelense, señalaron los ministros, violó la Ley al hacerle juicio de procedencia sin darle oportunidad de defenderse. El gobernador de Morelos, el panista Sergio Estrada Cajigal, enfrentó una crisis política cuando usó la fuerza pública para tratar de mantener en el cargo al priista cuando una rebelión trató de deponerlo.
Correo electrónico:
sergiosarmiento@todito.com
