Nahum Acosta Lugo fue privado de su libertad durante más de dos meses. Se le mantuvo todo este tiempo en una detención ilegal, conocida bajo el nombre de “arraigo domiciliario”, pero no en su domicilio, sino en lo que sólo puede calificarse como una cárcel privada, lo cual es inconstitucional. Cuando finalmente la PGR se decidió a consignarlo, se le confinó en el penal de alta seguridad de La Palma, como si fuera un peligroso narcotraficante.
Al final el juez no pudo dictarle un auto de formal prisión por falta de pruebas. Se le dejó así en libertad. Pero nadie le ha ofrecido una disculpa. De hecho la PGR afirma que va a apelar la decisión del juez.
De nada serviría, por supuesto, ofrecerle disculpas. Los derechos de Acosta Lugo fueron violados de manera sistemática desde el momento en que se le detuvo ilegalmente, sin orden de aprehensión de un juez, el tres de febrero de este año. Se le violaron a lo largo de los más de dos meses en los que se le mantuvo privado de la libertad, sin presentarlo ante un juez, en una cárcel ilegal.
Yo no sé si son ciertas las acusaciones que el ex coordinador de giras presidenciales ha hecho en contra de los custodios y funcionarios de la prisión de La Palma. No sé si realmente fue golpeado. Pero ciertamente algunas de las vejaciones a las que son sometidos los reclusos del penal de La Palma son conocidas. Lo curioso del caso es que los verdaderos narcotraficantes pueden violar la seguridad incluso en esta cárcel de máxima disciplina y llevar a cabo asesinatos y coordinar negocios fuera del penal. Pero a Nahum Acosta se le sometió a un trato quizá peor y no sólo antes de ser sentenciado sino incluso sin que se hubiera iniciado un proceso en su contra ya que nunca se le dictó auto de formal prisión.
Hace casi dos meses, el 16 de febrero de este año, publiqué en estas páginas un artículo en el que cuestionaba el trato al ex coordinador de giras presidenciales. Señalaba que las autoridades tendrían que presentar en su momento información que realmente confirmara que Acosta Lugo tenía nexos con el narcotráfico, ya que las pruebas disponibles en ese entonces, cuando apenas se estaba integrando la averiguación previa, eran bastante débiles. Añadí que hasta ese momento “el caso de Nahum Acosta parece más un ejemplo de los abusos que comete la justicia mexicana que de una vulneración de la seguridad nacional”.
En ese artículo señalé que la PGR estaba violando las garantías individuales plasmadas en los artículos 19 y 20 de la Constitución. El primero establece que “ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de setenta y dos horas”. Pero la verdad es que Acosta Lugo fue detenido sin tener recurso a una autoridad judicial durante casi dos meses. Por otra parte, el Artículo 20 prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura de un acusado.
Me queda claro que la autoridad debe tener las armas debidas para enfrentar el narcotráfico y otros delitos graves. Pero la experiencia en éste y otros casos obliga a ver con desconfianza la manera en que están actuando la PGR y otras autoridades de procuración de justicia en el país. No ha pasado mucho tiempo, de hecho, desde el momento en que el entonces procurador capitalino Samuel del Villar arraigó primero y después procesó a Paola Durante y a un grupo de coacusados por el homicidio del conductor de televisión Paco Stanley a pesar de que las pruebas en su contra eran muy endebles. Enfrentó incluso los cuestionamientos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que señaló que los inculpados eran inocentes, sólo para que al final el juez los exonerara a todos. En ese caso los acusados perdieron un año y medio de su vida en un arraigo ilegal y en la cárcel antes de ser declarados inocentes.
Las procuradurías deben tener sin duda los instrumentos necesarios para combatir a los verdaderos criminales. Pero los gobernados no podemos permitir que continúen los abusos que se han venido cometiendo. El caso de Nahum Acosta nos demuestra una vez más cuán frágiles son los derechos de los gobernados ante una autoridad que decide abusar de alguien. Debemos exigir el respeto a los derechos que nos conceden los artículos 19 y 20 de la Constitución. Si no lo hacemos, cualquiera de nosotros puede ser objeto de un nuevo abuso de las autoridades de procuración de justicia de nuestro país.
COLIMA
No sorprende tanto el triunfo del priista Silverio Cavazos en Colima como el estrecho margen de victoria. El panista Leoncio Morán atrajo el voto que el año pasado se fue al PRD. Esto señala que en Colima, como en buena parte del país, los sufragios del PAN o del PRD son más antipriistas que de apoyo a estos dos partidos. Buena señal para un Andrés Manuel López Obrador que desde el PRD quiere atraer el voto antipriista que en 2000 respaldó a Vicente Fox.
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