“Al equilibrio de la
libertad y del poder
llamamos autoridad”.
Lucien Lévy
Necesitamos fortalecer el mercado de valores. En México sólo unas 150 mil personas, apenas el 0.1 por ciento de la población, tienen acciones en Bolsa. En contraste, en Estados Unidos más del 40 por ciento de las familias son dueñas de acciones. Esto da una enorme ventaja competitiva a las empresas estadounidenses que tienen acceso a capital de manera más barata y eficiente.
La Secretaría de Hacienda ha impulsado una nueva Ley del Mercado de Valores que tiene mucho de positivo, especialmente en sus intentos por fortalecer los derechos de los accionistas minoritarios y por ampliar la transparencia de las empresas que cotizan en bolsa. Pero algunos de los artículos violan derechos fundamentales de las empresas y de sus accionistas.
La oposición a la nueva Ley se centra en cuatro Artículos de un dictamen que incluye 423 Artículos principales y 25 transitorios. Hacienda plantea que si se modifican esos cuatro Artículos (el segundo fracción VII, el 25, el 28 y el 359) se desvirtúa todo el propósito de la nueva Ley. Pero un análisis desapasionado revelará que esto es falso.
La Constitución nos otorga a todos el derecho a ser considerados inocentes si no hemos sido juzgados por una presunta falta. La propuesta de la nueva Ley, sin embargo, le da a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la capacidad de castigar a una empresa antes de un proceso legal por una supuesta falta.
En contraposición con el principio jurídico de que las averiguaciones son privadas y los juicios públicos, el Artículo 359 le da a la CNBV el poder de “afirmar o negar para conocimiento del público” una investigación. Pero dado que el simple hecho que se difunda esta información hará que se desplomen las acciones de una empresa, la Comisión tendría el poder discrecional de castigar sin procesar y probar ante un tribunal. Lo justo sería mantener las investigaciones en secreto -como se hace en todos los campos- en tanto no se haya presentado una denuncia formal.
Para defender los derechos de los accionistas minoritarios, Hacienda propone en el Artículo 25 que los comités auxiliares clave -como el de prácticas societarias o el de auditoría- del consejo de administración estén compuestos por consejeros independientes, esto es, que no sean nombrados por los accionistas mayoritarios. El problema es que se excluye a cualquier consejero designado por la mayoría. En otras palabras, los accionistas mayoritarios no tendrían ni voz ni voto en los comités que revisan las prácticas y las auditorías de su propia empresa. Lo justo sería dar a los accionistas mayoritarios cuando menos un consejero en esos comités, que es lo que se hace en Estados Unidos, España, Argentina o Chile.
El consejo de administración, es cierto, no tiene que acatar las sugerencias de los comités. Pero Hacienda propone en el Artículo 28 que la empresa esté obligada a difundir cualquier diferencia entre los comités auxiliares y el consejo. Con esto da a los comités un poder de facto para vetar las decisiones del consejo, ya que cualquier anuncio de una diferencia hará que caigan las acciones de la empresa. La obligación también inhibiría la libre discusión en el consejo. Una manera sensata de resolver el problema es que la empresa revele no sólo que hay diferencias sino también las deliberaciones que llevaron al consejo a tomar sus decisiones. Esto otorgaría mayor transparencia a la actuación del consejo y daría el contexto adecuado a las diferencias.
La definición de los “eventos relevantes” que la empresa debe dar a conocer al mercado es otro punto de discusión. El Artículo segundo de la propuesta de Hacienda dice que éstos son todos aquellos “actos, hechos o acontecimientos que incidan o que de revelarse incidirían en los precios de los valores”. Pero cualquier hecho puede influir sobre una acción en el mercado. Dado que la falta de revelación puede llevar a una sanción, los “eventos relevantes” no pueden quedar sin definir. Para evitar la discrecionalidad de la autoridad, se ha propuesto así que la CNBV establezca en unas disposiciones generales cuáles son los “eventos relevantes”.
No hay duda que México necesita una nueva Ley del mercado de valores que dé transparencia a la operación de las empresas y proteja los derechos de los minoritarios. Pero esto no se debe hacer violando los derechos de las empresas y de sus accionistas mayoritarios.
DÓLARES
Da tristeza ver a Ramón Sosamontes entregar una maleta llena de dinero a Carlos Ahumada, pero irrita también que en ésta, como en las entregas de dinero a René Bejarano y a Carlos Ímaz, la divisa que se usa sea el dólar. Parece que estos supuestos izquierdistas desprecian el peso como moneda corriente.
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