“Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo,
seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo”.
Stephen Covey
Este viernes pasado, el virtual candidato del PRD a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que estaría dispuesto a firmar el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, formalizado el pasado 29 de septiembre en el alcázar de Chapultepec, siempre y cuando se incluyan compromisos específicos para combatir la pobreza, frenar la corrupción y evitar la privatización del sector energético del país.
El acuerdo, sin embargo, sí tiene un compromiso para “combatir la pobreza por elemental justicia y por la necesidad económica de incorporar al mercado a la población hoy marginada”. También considera la necesidad de “reformar el marco jurídico para combatir con mayor eficiencia la corrupción y la impunidad”. Esto significa que dos de las tres condiciones de López Obrador para asumir el documento ya estarían cumplidas.
¿Qué ocurre con la tercera condición? ¿Es posible añadir al documento un rechazo tajante a la “privatización” del sector energético del país?
El Acuerdo para la Unidad no señala en ningún punto que haya que privatizar Pemex, la Comisión Federal de Electricidad o la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, esto es, que se deban vender las empresas o sus activos. Sí pide “legislar para que las empresas del Estado tengan una gestión autónoma, sin interferencias políticas, desvinculadas de los presupuestos públicos, operadas con transparencia; con órganos de gobierno profesionales, con un consejo de administración cuyo mandato sea maximizar la riqueza nacional...”. En otras palabras, en lugar de sugerir la venta de las empresas públicas, el documento propone fortalecerlas.
Pero el Acuerdo representa una visión moderna de la economía, similar a la que mantienen, por ejemplo, los partidos socialistas o socialdemócratas de Europa. Esta visión de nueva izquierda la representó en España Felipe González, quien ha sido uno de los asesores más cercanos al empresario mexicano Carlos Slim que promovió el documento.
Por eso el Acuerdo, aunque no plantea la privatización, sí pide “liberar la inversión productiva nacional de la capacidad de inversión del Gobierno, con el objeto que el desarrollo del país no esté limitado a la capacidad financiera del Gobierno, (y) así crecer con empleo y combatir, de fondo, los rezagos”. Para ello propone “establecer políticas públicas de mediano y largo plazos que aseguren el desarrollo de la infraestructura necesaria para aumentar la producción, transformación, industrialización y distribución de energéticos”.
¿Significa esto que el Acuerdo Nacional no cumple la tercera condición de López Obrador de “evitar la privatización del sector energético del país”? No queda claro, porque el propio Andrés Manuel utiliza el término privatización con dos sentidos distintos: uno es realmente el de “privatizar”, o sea vender una empresa pública; y el otro, abrir un sector a la inversión privada.
Hay un consenso en el medio político mexicano de que la privatización o venta de los grandes monopolios estatales del sector energético no es políticamente aceptable. Por eso casi nadie la está proponiendo y por eso no aparece en el Acuerdo Nacional, independientemente de que socialistas modernos, como el propio Felipe González, hayan hecho privatizaciones cuando entendieron que eran beneficiosa para la sociedad.
La apertura del sector energético a la inversión privada, sin embargo, es otra cosa. Esto es algo que se hace de manera rutinaria en casi todos los países del mundo, incluso Cuba. Pretender que no puede haber ningún tipo de inversión privada en el sector energético, como ocurre en Corea del Norte, por ejemplo, es algo que sí resulta ajeno para un acuerdo cuyo propósito es generar crecimiento económico y empleo para combatir la pobreza.
¿Qué quiere decir López Obrador cuando plantea que el Acuerdo Nacional debe evitar la privatización del sector energético? ¿No vender Pemex o la CFE? Quizá se le pueda acomodar. Pero si su intención es bloquear cualquier inversión privada, esta visión refleja un marxismo ya superado por la izquierda moderna y no tiene cabida en un intento por construir una economía eficiente que permita combatir la pobreza.
EL SOCIALISTA
¿Privatizó empresas estatales el socialista Felipe González en España? Por supuesto. Alrededor de una treintena, entre las que se contaban Seat de automóviles, Enfersa de fertilizantes, Astican de astilleros, Campsa de gasolina, Transatlántica de transporte, Enagas de gas, Sidenor de siderurgia y Sagane de gas. González usó el dinero en infraestructura, que mejoró el nivel de vida de los españoles y redujo los niveles de pobreza.
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