“Los ladrones creen en la propiedad; lo malo es que les inspira un excesivo amor”.
G.K. Chesterton
Si había alguna duda que México es un país surrealista, no hay más que ver la discusión que ayer tuvo lugar en la Suprema Corte de Justicia al respecto de si quienes invaden una propiedad tienen o no obligación de pagar el impuesto predial.
En otros países del mundo, aquellos que han podido dar a sus gobernados un mejor nivel de vida, nadie pensaría someter este tema a discusión, mucho menos a someterlo a un tribunal. Si alguien invade un predio que no es suyo, la autoridad simplemente lo desaloja de inmediato y lo entrega a su legítimo propietario.
En México, sin embargo, persiste una cultura en la que no hay ningún respeto por la propiedad privada. En consecuencia los litigios han derivado al tema, absurdo en cualquier otro país del mundo pero no en el nuestro, de si un paracaidista debe o no pagar el predial de una propiedad invadida.
Muchos de los políticos mexicanos han sido educados en una cultura afín a la marxista en lo que concierne a los derechos de propiedad. Consideran que hay algo obsceno en la propiedad privada. La de ellos mismos, por supuesto, la protegen con el mayor de los celos. Pero nunca están dispuestos a tomar medidas para proteger la de los demás.
Los ejemplos son muy numerosos. Las expropiaciones de predios que nunca se indemnizan o se compensan sólo a precios ridículos, muy inferiores a los de mercado, han sido una constante en la vida de nuestro país. Una de las formas de castigar a un enemigo político o a un disidente ha sido siempre la expropiación de sus propiedades.
Los alquileres congelados que destruyeron el invaluable centro histórico de la Ciudad de México son otro ejemplo notable. A los legisladores que ordenaron esta medida, que constituyó una expropiación sin indemnización a pesar que esto lo prohíbe la Constitución, no les tembló la mano, excepto en los casos de los poderosos, que por supuesto recibieron un trato preferencial y pudieron rescatar sus propiedades.
La violación más común a los derechos de propiedad en nuestro país es en la actualidad la invasión. Se ha hecho terriblemente común que distintos grupos políticos, amparados por partidos y organizaciones poderosas, simplemente invadan propiedades. En otros países la autoridad actuaría de inmediato; pero en México las autoridades están educadas bajo la premisa marxista que los derechos de propiedad son un robo y por lo tanto actúan con lentitud para defender esos derechos o simplemente nunca lo hacen. Si el propietario trata de actuar por su cuenta, es de inmediato considerado violador de la Ley y en contraste con el invasor, contra él sí actúa de inmediato la autoridad. Los políticos y las autoridades mexicanas siempre parten de la suposición de que si alguien es legítimo propietario de algo es porque algo malo debe haber hecho.
Son tan comunes las invasiones de propiedades en México que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha tocado resolver el paradójico caso de quién es responsable del impuesto de una propiedad: ¿el dueño o el invasor que la ocupa? Los ministros de la Corte tienen razón desde el punto de vista jurídico cuando plantean que la ocupación ilegal de una propiedad no debe generar ni derechos ni obligaciones de Ley. Pero dado que en México la autoridad nunca se preocupa por resolver una invasión de una propiedad, a menos que ésta pertenezca a un poderoso, el resultado es la paradoja de que al legítimo propietario de un predio se le obliga a pagar el impuesto predial a pesar que ha sido despojado de él. Sufre así un doble e injusto agravio.
El Código Financiero del Distrito Federal, que establece en su artículo 148 que quienes no son dueños de un inmueble no puede pagar el impuesto predial de una propiedad aunque lo habiten, podría tener sentido en cualquier país del mundo. Pero en un país como el nuestro, en que las autoridades son omisas en una de sus principales responsabilidad es, que es salvaguardar la propiedad de las personas, tanto ese Artículo del Código Financiero como la decisión de la Suprema Corte se convierten en un absurdo. No hacen más que enfatizar la falta de respeto a los derechos de propiedad que es una de las razones principales por las que nuestro país vive en la pobreza.
SODI Y SALINAS
Gerardo Fernández Noroña, vocero del PRD nacional, dijo ayer que tiene “elementos para pensar” que el financiamiento de la campaña de Demetrio Sodi proviene de la familia Salinas de Gortari. A López Obrador, por supuesto, le ha sido muy rentable culpar de todo problema al Innombrable. Pero ¿habrá todavía quien se crea todavía que Salinas es culpable de todos los males del país, del chupacabras a las campañas políticas indeseables?
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