“Yo no tengo el poder. El poder lo tiene el televidente que
prende, apaga o le cambia
de canal al televisor”.
Emilio Azcárraga Jean
El pasado jueves, primero de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó de manera sorpresiva y sin un solo voto en contra una serie de importantes modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión. Las modificaciones aún deben ser aprobadas por el Senado.
Se ha escrito que la iniciativa está hecha para beneficiar a los actuales concesionarios, y especialmente a Televisa. Hay elementos que ciertamente la favorecen, pero otros que la perjudican a ella y a los demás concesionarios. Sorprende, por otra parte, la unanimidad de los diputados: no hubo ni un voto en contra, ni una abstención, ni siquiera del PRD.
Las modificaciones tomaron por sorpresa a la propia Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) que esperaba que cualquier modificación a la legislación vigente se consultara con ella. Pero eso no ocurrió. La CIRT ha sido una de las primeras organizaciones en protestar ante la iniciativa, en parte por no haber sido consultada.
Uno de los puntos más importantes de la nueva Ley es que retira al Ejecutivo, y en particular a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la capacidad discrecional de otorgar concesiones. Desde el inicio de la radiodifusión, el Gobierno ha repartido las concesiones. La facultad se trasladará ahora a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
En principio esto parecería un paso hacia una mayor transparencia, pero falta por ver quién controlará la designación de los nuevos consejeros de la Cofetel. Según la nueva Ley, los miembros de la Cofetel seguirán siendo nombrados por el presidente, pero el Senado podrá vetar las designaciones por mayoría simple. En esto hay un avance. Pero si el proceso de designación es controlado por una o dos empresas, el retroceso será mayúsculo.
Ha sido muy controvertida la disposición de que las concesiones deben ser licitadas en lugar de repartirse a voluntad de la autoridad. La CIRT ha señalado que muchos concesionarios, en especial de estaciones de radio de AM, difícilmente pueden cubrir sus cuentas de electricidad por lo que no se puede esperar que paguen por nuevas concesiones. La licitación, sin embargo, parece ser la única manera razonable de decidir quién debe tener nuevas concesiones de espectro de cualquier tipo. La actual discrecionalidad es inaceptable y se presta a actos de corrupción y a chantajes políticos.
Por otra parte, las concesiones no se pueden seguir regalando. Éstas tienen un valor económico importante, como lo vemos en el mercado secundario de concesiones. Establecer un sistema de licitaciones transparente y con reglas claras es indispensable. Y si bien habrá que ver las reglas que se establezcan para las licitaciones, la nueva legislación apunta en la dirección correcta.
La Comisión de Competencia no permitirá que Televisa participe en nuevas licitaciones. Pero la fragmentación del mercado como consecuencia de una guerra por nuevas concesiones, favorecería de cualquier manera la posición de ese grupo. Las empresas dominantes se benefician inevitablemente de una guerra entre pequeños.
Los diputados han establecido nuevas formas de intervención del Estado en la radio y la televisión. Así, por ejemplo, la nueva Ley permite un cinco por ciento más de tiempo de comercialización a las emisoras que compren cuando menos un 20 por ciento de su programación de productores independientes. Parece absurdo, sin embargo, que se mantenga el sistema actual que le dicta a las emisoras cuál debe ser su tiempo comercial máximo. Ésta debería ser una decisión de los operadores y de los consumidores, y no de los políticos. Es igualmente insensato que los legisladores quieran intervenir a favor de los productores independientes, cuando cada empresa debería decidir si le conviene o no producir sus propios programas.
Resulta negativo, por otra parte, que se busque dar al IFE un monopolio en la contratación de publicidad electoral. Para empezar, éste es un tema que debería estar en el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) y no en una Ley de Radio y Televisión. Las emisoras deben tener la obligación de transparentar las tarifas que cobran a partidos y candidatos, pero establecer un intermediario burocrático monopólico es insensato.
El fondo del tema, sin embargo, no radica en estas reglas sino en el hecho de que la tecnología nos está llevando a la convergencia de medios de comunicación. La radio, la televisión y la telefonía por Internet son ya una realidad, y tanto los cables como las ondas hertzianas pueden llevar el Internet a oficinas y hogares. Ya podemos recibir televisión por celular. En el futuro no podrán ser los gobiernos los que, con concesiones, controlen el flujo de la información.
Si queremos competir, o incluso sobrevivir, en este mundo de convergencia, necesitamos una legislación que establezca reglas claras y sencillas para todos, y que no pretenda intervenir en las decisiones de los operadores o de los consumidores.
MEXICANA
Un lector me pregunta al respecto de mi artículo de ayer sobre la venta de Mexicana: si la transacción es realmente transparente, ¿por qué no se difunde el contrato de compra-venta? No lo sé. Por lo pronto voy a buscarlo.
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