?Hemos perdido diez años de clases en el estado, y eso es un atentado brutal contra niños y niñas que no tienen esperanza a la educación?.
Pablo Salazar Mendiguchía
Además del dinero, uno de los puntos fundamentales de discusión entre la sección siete y el Gobierno de Chiapas tiene que ver con el encarcelamiento de cuatro maestros acusados de haber retenido a un grupo de funcionarios en una oficina durante tres días.
Electo gobernador de Chiapas por una coalición de partidos encabezados por el PRD, Pablo Salazar Mendiguchía se enfrenta hoy en un conflicto contra una organización que ha sido tradicionalmente uno de los cuerpos de choque del PRD.
Desde el dos de mayo la sección siete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que está vinculada a la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se encuentra en huelga. La razón aparente del enfrentamiento es monetaria. Los dirigentes de la sección siete exigen un aumento de sueldo que implicaría un aumento de más del cien por ciento en el gasto educativo en el estado. Según las autoridades chiapanecas, este incremento es imposible de otorgar.
Los funcionarios del Gobierno chiapaneco, sin embargo, sostienen que la movilización y la huelga de la sección siete tienen motivaciones políticas. Lo que busca la sección es participar en un paro nacional de maestros convocado por la CNTE para el próximo 20 de mayo.
A pesar de que fue electo por una coalición cuyo partido más fuerte era el PRD, Salazar ha perdido al parecer el respaldo de este partido por lo menos a nivel nacional. Este pasado cuatro de mayo en una reunión en la sede nacional del PRD, el dirigente perredista Agustín Guerrero señaló que ?el comité ejecutivo nacional del PRD respalda la lucha de los trabajadores y hace un llamado al gobernador para que cambie su actitud autoritaria y de cerrazón.?
Los militantes de la CNTE han utilizado un lenguaje incluso más duro para referirse al gobernador. En una entrevista telefónica que le hice ayer, Daniel Ávila Chávez, miembro de la dirección política de esta organización, se refirió a Salazar como ?fascista?.
Además del dinero, uno de los puntos fundamentales de discusión entre la sección siete y el Gobierno de Chiapas tiene que ver con el encarcelamiento de cuatro maestros acusados de haber retenido a un grupo de funcionarios en una oficina durante tres días.
Los dirigentes de la sección siete quieren la inmediata liberación de estos maestros, pero el gobernador ha manifestado que en Chiapas cualquier persona que prive de su libertad a un funcionario público para obtener un beneficio del Gobierno recibirá una pena equiparable a la de secuestro.
La negativa de Salazar a liberar a estos maestros es una de las razones por las que la CNTE está dispuesta a lanzarse con todas sus fuerzas en contra del gobernador. Durante años los gobiernos estatales y también el federal -recordemos el benigno trato que la Secretaría de Gobernación de Santiago Creel les dio a los manifestantes de San Salvador Atenco después de que éstos secuestraron y vejaron durante horas a un grupo de funcionarios- han cedido siempre a las presiones para no aplicar la Ley a quienes participen en delitos cometidos en el curso de manifestaciones políticas. El que sea un gobernador postulado por el PRD el que asume ahora la posición de que los delitos deben castigarse, aun cuando los cometan manifestantes, ha sido considerado como un sacrilegio por los perredistas de línea dura.
La verdad, sin embargo, es que Pablo Salazar está actuando con el interés de los chiapanecos en mente. Durante décadas, cada mes de mayo la sección siete del sindicato de maestros ha interrumpido o perturbado la enseñanza en el estado. Esto tiene un efecto particularmente grave en una entidad que, por sus rezagos, necesita más que otras un esfuerzo intenso en las aulas.
Quizá para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Los niños de Chiapas han tenido que pagar, con una educación deficiente, las aspiraciones políticas de un grupo de líderes sindicales que han recibido un respaldo ciego y absurdo de un partido como el PRD que debería preocuparse por respaldar a los más necesitados. Hoy se ha requerido un gobernador postulado por el PRD para enfrentarse a ese grupo.
La posición del PRD nacional nos revela que la influencia de la CNTE en el partido sigue siendo muy fuerte. Pero afortunadamente los chiapanecos tienen hoy un gobernador que no se deja intimidar.
VETO
La votación fue cerrada, de seis contra cinco, pero la decisión es igualmente válida. La Suprema Corte de Justicia ha determinado que el presidente de la República sí puede vetar ?o más propiamente hacer observaciones a? un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Esto coloca al presidente mexicano en la misma posición que virtualmente todos los demás jefes de Gobierno del mundo. La alianza PRI-PRD, si es que ha sobrevivido al desafuero, tiene la mayoría calificada para echar para atrás el veto. Pero la decisión de la Corte es, de cualquier forma, saludable.
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