“A quien vive de gastar
el dinero de los demás,
le sale urticaria si algún
dinero se queda en caja”.
Todo parece indicar que esta semana se votará el proyecto de Ley de ingresos para 2006 en el pleno de la Cámara de Diputados. En el dictamen preparado en comisiones, se le han hecho ya algunos cambios importantes a la iniciativa del Ejecutivo.
Algunos de los diputados que prepararon el dictamen se han vanagloriado de haber añadido 52 mil millones de pesos al billón 880 mil millones de pesos propuestos por el presidente. Esto significa que los ingresos del Gobierno se elevarán a un billón 932 mil millones de pesos.
Pero los diputados que participaron en la elaboración del dictamen no encontraron nuevas fuentes de ingresos. Lo que hicieron fue jugar con las cifras.
El precio estimado del petróleo para el año que viene lo elevaron de 31.50 a 35 dólares por barril. Este solo golpe de pluma generó 22 mil millones de pesos de supuestos nuevos ingresos. De la misma manera eliminaron la propuesta de tener un superávit fiscal de 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto, con lo que “encontraron” otros 17 mil millones de pesos. Diez mil millones adicionales surgieron de la idea que la Secretaría de Hacienda puede mejorar la recaudación y otros tres mil millones de ajustes diversos.
Uno puede jugar con las cifras tanto como se quiera, pero la realidad tendrá que refrendar varias de estas suposiciones. Hoy, cuando el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo se encuentra en 48.35 dólares por barril, la estimación de un precio de 35 parece razonable. Pero no olvidemos que apenas en enero de este año la cotización estuvo abajo de los 27 dólares.
Si bien la mayoría de los pronósticos plantean que el precio del crudo se mantendrá alto, no hay ninguna certeza. El mercado es demasiado volátil y ha subido ya tanto que podría haber una caída fuerte. Uno de los factores que provocó la crisis de 1982 fue un descenso relativamente modesto en el precio del petróleo, para el cual el Gobierno de José López Portillo no quiso prepararse.
En el tema del superávit fiscal las cifras no necesitan ser avaladas por un mercado externo. Tener un superávit o un déficit es simplemente una decisión política que fija un objetivo. Puede uno alcanzarlo o no, pero si no se define no habrá manera de lograrlo.
Desde el momento en que la Secretaría de Hacienda propuso un superávit, los diputados lo cuestionaron. Son tantas las necesidades del país -dijeron- que es absurdo que el Gobierno tenga gastos inferiores a lo que recauda. Por eso desde el principio parecía que el superávit estaba políticamente condenado a desaparecer.
Pero quizá los legisladores deberían entender que el supuesto superávit de 2006, así como el presupuesto equilibrado que hoy surge de su dictamen, no es más que un mito. México ha tenido en los últimos años un déficit fiscal hasta diez veces mayor al oficial. Si añadimos los pagos de los proyectos de infraestructura financiados con Pidiregas, el costo del Fobaproa y el de la banca de desarrollo, el déficit fiscal para este 2005 pasa de 0.2 por ciento a 2.2 por ciento del producto interno.
Pero no dejemos que nos engañen estos porcentajes aparentemente pequeños. El déficit real será en 2005 de 180 mil millones de pesos, mucho más que los 134 mil millones de pesos que le estamos entregando en gasto programable a la Secretaría de Educación Pública, y es un dinero que tendremos que añadir a una deuda pública ya muy elevada.
Tener un superávit formal no significa que el Gobierno realmente esté recibiendo más dinero del que gasta: sólo quiere decir que el déficit real será un poco menor. No es que el Gobierno vaya a gastar 17 mil millones de pesos que de otra manera se le habrían quedado en el bolsillo, sino que ese monto lo añadirá a una deuda pública cuyo costo financiero sólo en 2006 será de 264 mil millones de pesos.
A los diputados esto no les ha importado. El problema para ellos no es técnico sino político. A quien vive de gastar el dinero de los demás, le sale urticaria si algún dinero se queda en caja.
Quizá la economía aguante el déficit real de 1.7 por ciento del PIB, pero en un año de elecciones se está creando un riesgo para el país. El blindaje financiero, después de todo, no es más que el equilibrio de las finanzas públicas. Y ese equilibrio, como vemos, realmente no existe.
EJECUCIONES
Este pasado fin de semana fueron ejecutados los tres principales comandantes de la Policía de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En septiembre murió asesinado, junto con un escolta, Rogelio Zarazúa, director de Seguridad Pública de ese estado. Estas ejecuciones, junto con las de otros jefes policiacos en el país, nos demuestran que hay una guerra... y que la está perdiendo el Estado mexicano.
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