“El buen juicio viene de la experiencia. La experiencia del mal juicio”.
Anónimo
Yo me pregunto: ¿Realmente ganó algo nuestro país por la decisión de votar una vez más a favor de una condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Habrá alguna ventaja para México a nivel internacional? ¿Pagará Cuba con más facilidad los más de 400 millones de dólares que le debe al Banco Mexicano de Comercio Exterior? ¿Dejará el Gobierno cubano de utilizar como chantaje los famosos videos de Carlos Ahumada? ¿Nos dará un mejor trato Estados Unidos en nuestra disputa azucarera?
La verdad es que no. No hay razones para pensar que México se beneficiará en un ápice de ese voto. Quizá el único punto que se podría señalar es que Washington quizá se habría enfadado con México si no hubiéramos votado por la condena. Pero ¿realmente queremos supeditar nuestra política exterior a los humores del Gobierno estadounidense?
Por otra parte, me pregunto: ¿Hemos ayudado en algo, aunque sea en mínima medida, a los cubanos por haber condenado a su país en Ginebra? ¿Hay cuando menos un disidente cubano que haya recuperado sus derechos políticos o económicos como consecuencia de los votos de México de los últimos años en la Comisión? ¿Ha suavizado su posición el régimen cubano en cualquier sentido? ¿Hemos facilitado el tránsito de Cuba a la democracia o a un sistema de libertad económica?
Nuevamente la respuesta es no. En efecto, bien podría argumentarse que Cuba ha endurecido su actitud hacia los disidentes conforme el cerco en su contra se ha estrechado. Hay buenas razones para pensar, de hecho, que Fidel Castro ha podido permanecer 46 años en el poder debido a la presión económica de los Estados Unidos. De no haber existido ésta es muy probable que el régimen cubano hubiera sufrido la misma suerte que los Gobiernos comunistas de Europa oriental. O quizá habría empezado el camino hacia una liberalización económica similar a la de China.
Todos los países del mundo tienen problemas en materia de derechos humanos. México los sigue teniendo, a pesar de la negativa de nuestras autoridades a aceptarlo. Cuando el pasado mes de febrero el Departamento de Estado de la Unión Americana dio a conocer un informe en el que cuestionaba el respeto a los derechos humanos dentro de nuestro país, la respuesta del Gobierno mexicano fue inmediata y fuerte. El propio secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirmó: “Reprobamos esa actitud que está teniendo el Gobierno norteamericano, de Estado calificador, sea en materia de derechos humanos, sea en el combate al narcotráfico o en los demás temas internos... Es inaceptable para México y para su Gobierno estar recibiendo este tipo de informes o de señalamientos, independientemente de la veracidad de los mismos”.
¿Son veraces los señalamientos del Gobierno estadounidense sobre el respeto de las garantías individuales en México? Ésa es, por lo menos, la opinión de José Luis Soberanes, presidente de nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien dijo que quizá no nos guste el mensajero pero el mensaje es correcto. Pero no se resuelve el problema con un Gobierno extranjero que venga a decirnos lo que hacemos mal.
Así como México tiene problemas en materia de derechos humanos, también los tiene Estados Unidos: ahí está el caso de los presuntos terroristas recluidos sin juicio ni posibilidad de defensa en Guantánamo o el hostigamiento legal de periodistas por proteger sus fuentes. En China y otros países las violaciones a los derechos humanos son mucho más importantes. Y, sin embargo, estos países no son objeto de censura por parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El voto mexicano de censura a Cuba en Ginebra es un error. No estamos tan libres de culpa que podamos tirar la primera piedra. Pero, además, México no tiene nada qué ganar con ese voto y por el contrario puede perder bastante. Los cubanos tampoco se benefician, porque la censura internacional no es el camino para lograr un cambio positivo en la isla. Y finalmente nosotros ya tampoco podremos protestar cuando Estados Unidos u otros países nos cuestionen por las presuntas violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en nuestro territorio.
PERIODISTAS
No es que los periodistas seamos distintos al resto de las personas. Pero el homicidio de Paul Gibb, dueño de La Opinión de Poza Rica; la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial; y el ataque a balazos a la reportera de radio Guadalupe García Escamilla de Nuevo Laredo, generan un escozor general. Si a estos casos añadimos la toma violenta de las bodegas de Noticias de Oaxaca en noviembre de 2004 y otros ataques recientes contra periodistas entenderemos por qué hay una verdadera preocupación en el medio.
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