“La búsqueda de un futuro siempre termina con la
reconquista de un pasado”.
Octavio Paz
En el momento en que escribo este artículo no se ha llevado a cabo todavía la votación de desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Pero no hay duda en realidad sobre cuál será la decisión de la Cámara de Diputados convertida ayer en jurado de procedencia.
Ayer por la mañana los diputados del PRI tomaron la decisión de votar por el desafuero. Algunos de ellos se abstendrán y quizá unos cuantos voten en contra. Por lo pronto el capitalino Roberto Campa Cifrián ha anunciado que así lo hará. Pero su voto no será suficiente para cambiar el resultado garantizado por los alrededor de 200 diputados priistas que votarán por el desafuero.
Para cuando usted lea este artículo, por lo tanto, López Obrador habrá ya casi seguramente perdido el fuero. Según una interpretación podrá permanecer como jefe de Gobierno mientras no se inicie formalmente el proceso por desacato con un auto de formal prisión. De acuerdo con otra, el desafuero habrá puesto fin a su responsabilidad y Alejandro Encinas quedaría como encargado del despacho. En cualquier caso la Procuraduría General de la República buscará la consignación de Andrés Manuel por desacato.
En un tiempo que puede ser variable, pero que seguramente no pasará de unos cuantos días, un juez determinará si dicta o no una orden de aprehensión en contra de López Obrador. Si la dicta, que es lo más probable, se detendrá al inculpado. El juez tomará entonces la declaración del tabasqueño y tendrá un lapso de 72 horas para determinar si dicta o no un auto de formal prisión.
Si hay auto de formal prisión, el juez fijará una fianza para Andrés Manuel. Éste ha anunciado que no la pagará: permanecerá en la cárcel como protesta ante lo que considera la injusticia del caso. Desde un punto de vista político, su estancia en prisión lo ayudará enormemente. La estrategia que ha buscado convertirlo en un mártir de una persecución política habrá rendido sus frutos.
Mientras López Obrador permanezca bajo proceso, o esté cumpliendo una sentencia como consecuencia, estará inhabilitado para ocupar cargos de elección popular. Esto significa que, si quiere ser presidente, su proceso debe haber terminado con una absolución para el 15 de enero de 2006, que es la fecha límite para el registro de candidatos a la Presidencia de la República. Si es declarado culpable, la sentencia debe haberse cumplido para esa fecha.
Si el PRD trata de registrar a López Obrador como candidato a pesar de que esté todavía en proceso o cumpliendo una sentencia, los demás partidos seguramente objetarán el registro. Si el IFE lo acepta, los partidos rivales presentarán una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados sin duda determinarán que Andrés Manuel no puede ser candidato.
López Obrador ha dicho que no piensa ampararse en ningún paso del proceso excepto en la inhabilitación. Él argumentará que el Artículo 38 de la Constitución, que establece que los ciudadanos pierden sus derechos o prerrogativas por estar sometidos a un “proceso criminal por un delito que merezca pena corporal” (cárcel) y durante “la extinción de una pena corporal” viola el precepto de presunción de inocencia que establece el Artículo 20 de la Constitución. En otras palabras, el jefe de Gobierno estaría siendo castigado con la pérdida de sus derechos ciudadanos aun sin haber sido declarado culpable. Es difícil, sin embargo, que este argumento prospere. El Artículo 38 es muy claro.
Otras cosas pueden ocurrir en el camino, sin embargo. El juez puede encontrar que no hay elementos para dictar el auto de formal prisión. O puede hallar inocente al tabasqueño antes de que se llegue a la fecha límite para el registro de candidatos. Andrés Manuel podría incluso ser exonerado después y convertirse en candidato sustituto, para lo cual tiene como límite el dos de junio de 2006.
De lo que no hay duda es que estamos entrando a un periodo de enorme incertidumbre política. Andrés Manuel hizo ayer gala de su fuerza política al llenar, como lo ha hecho tantas veces, el Zócalo de la Ciudad de México. Él mismo pidió que el movimiento de protesta en contra del desafuero y de la inhabilitación se conduzca de manera pacífica. Pero entre sus simpatizantes hay muchos que no comparten esta cautela.
El país puede tener tropiezos muy importantes en los próximos meses. Estamos viendo un conflicto cuya solución será sumamente compleja.
EL OTRO CANDIDATO
Santiago Creel, quien además de ser secretario de Gobernación es un posible candidato a la Presidencia, usó ayer los medios de comunicación para mandar un mensaje a la nación con motivo del desafuero de López Obrador. Las críticas serán inevitables y quizá justas.
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