“La equidad es la justicia, llevada más allá de lo que la Ley ordena”.
Aristóteles
Mexicali, B.C.- El Congreso de Baja California tomó la decisión ayer martes ocho de febrero de reinstaurar en sus cargos a nueve magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que habían sido destituidos por juicios políticos en 2001 y 2003. Los legisladores bajacalifornianos han obedecido así una decisión de los tribunales federales emitida en un juicio de amparo. De no haberlo hecho habrían incurrido en desacato. Pero lo interesante es que esta decisión apuntala la independencia del Poder Judicial no sólo en Baja California sino en el país.
Se ha hecho común que los gobernantes y legisladores amenacen a los jueces con someterlos a juicio político en caso de que sus decisiones no los favorezcan. Además del proceso de Baja California, otros dos casos recientes han llevado a amenazas o a juicios políticos en contra de jueces por sus decisiones. El más sonado es la controversia constitucional sobre el derecho del presidente de la República a hacer observaciones a un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados; algunos diputados e incluso juristas han amenazado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia con promoverles juicios políticos por haber admitido la controversia. Está también ahí el juicio que la mayoría panista del Congreso de Yucatán promovió en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado por haber votado en contra de sus instrucciones en el controvertido caso Medina-Abraham.
La justicia en nuestro país es sin duda imperfecta; los jueces, magistrados y ministros son seres humanos con debilidades y visiones que pueden ser tan objetables como se quiera. Pero como principio es muy negativo que los políticos que litigan en los tribunales amenacen a los jueces con someterlos a juicio si no ajustan sus fallos a lo que ellos desean. Con estas presiones no puede haber verdadera justicia.
Los juicios nunca dejan satisfecho a nadie. Todo proceso judicial tiene cuando menos un perdedor, el cual nunca acepta la justicia de su derrota sino que la atribuye al poder de su contendiente, a la venalidad de los jueces o a la perversidad de las leyes. Pero ni siquiera los ganadores quedan satisfechos con los juicios. Para ellos el proceso es un engorro burocrático y costoso que sólo comprueba lo que desde un principio era evidente: que la razón la tenían ellos.
Cuando los perdedores de los juicios son personas poderosas, el coraje normal se traduce en acciones de venganza contra los jueces. De ahí surgen las amenazas o los juicios políticos en contra de magistrados o ministros. Los políticos siempre presentarán estos casos como intentos por reemplazar a jueces corruptos con otros más honestos. Pero la verdad es que casi siempre buscan desviar la justicia para favorecer sus propios intereses.
En el caso de los nueve magistrados de Baja California, un congreso panista actuó con la venia y la guía de un Ejecutivo también panista para destituir a un grupo de magistrados cuyos fallos les resultaban incómodos. Los magistrados destituidos, sin embargo, presentaron recursos de amparo que finalmente fueron aceptados por la justicia federal, la cual ordenó su restitución.
El cumplimiento de la orden de restitución de los magistrados bajacalifornianos por el Congreso del Estado no deja de tener dificultades legales. Hay otros nueve magistrados que despachan ya en el Tribunal Superior y que ahora buscarán el amparo de la justicia federal por la desaparición de sus nombramientos. Varios dejaron puestos importantes para aceptar colaborar en el Tribunal Superior. Por otra parte, si estos nuevos magistrados nunca estuvieron realmente en funciones, cabe preguntarse si son válidas las decisiones que tomaron en el tiempo en el que pensaron que estaban en el cargo.
Independientemente de las complicaciones legales generadas por un Gobierno y un Congreso que actuaron de manera partidaria, es importante que quede el precedente de que a los magistrados y a los ministros no se les puede hacer juicio político como venganza por sus decisiones jurídicas. Así como hay un fuero para legisladores y gobernantes, el cual busca proteger sus opiniones y acciones en el ejercicio de la función pública, así debe haber una protección legal para que los jueces puedan actuar según su conciencia y sin aceptar las presiones de los poderosos.
Esta libertad no existirá mientras se pueda someter a juicio político a un juez por cumplir con su deber.
JUICIO POLÍTICO
La decisión del Partido Verde y el PRI de iniciar juicio político en contra de cinco consejeros del IFE revela, una vez más, un intento de los políticos por intimidar a funcionarios que deben ser imparciales. Esperemos que no prospere.
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