“El desorden es la injusticia misma”.
André Maurois
La Suprema Corte de Justicia volverá a examinar en los próximos días la controversia constitucional presentada por el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, en contra del juicio político promovido por el Congreso de Morelos. Los ministros de la Corte sólo resolverán el asunto formal de si el Congreso local puede destituir al gobernador antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Morelos falle sobre el caso.
La decisión es importante, pero más lo es entender el golpe que significaría para la democracia en Morelos y en nuestro país la destitución del gobernador por el Congreso. Sergio Estrada fue electo gobernador de Morelos en una votación libre y democrática.
Los diputados de la Oposición -el PRI, el PRD, el Verde y Convergencia- buscan destituirlo en violación a la voluntad popular expresada en las urnas. Podrá uno estar de acuerdo o no con el Gobierno de Estrada, pero destruiremos la democracia si permitimos que un Congreso en que la Oposición tenga un número suficiente de votos pueda destituir a un gobernador electo democráticamente sólo por ser de otro partido.
Los diputados de Oposición en Morelos han iniciado el juicio político por 26 acusaciones. Éstas son muy diversas y van desde una que señala que el gobernador viajó a los “países” –sic- de Hawai y Las Vegas hasta otra que dice que destituyó a la directora de un hospital. La acusación más fuerte, sin embargo, es la que señala que Estrada designó como jefe de la Policía Ministerial del estado a Agustín Montiel López, a quien la PGR posteriormente acusó de haber ayudado al narcotráfico.
El caso en contra de Montiel, como lo he señalado en otro artículo, tiene huecos muy importantes. Se basa, como suele hacer la SIEDO, la Unidad Contra la Delincuencia Organizada de la PGR, en las declaraciones de un testigo “protegido”. La acusación, sin embargo, tiene enormes inconsistencias y no sería sorprendente que, por enésima ocasión, los tribunales fallaran en contra.
Independientemente de esto, Montiel está bajo proceso y no ha sido declarado culpable, por lo cual en nuestro sistema de justicia sigue siendo inocente. Lo que más inquieta del juicio político en Morelos, empero, no es que los diputados presupongan la culpa de un ex jefe de la Policía sino que atribuyan a Estrada una “responsabilidad por omisión”. No se está juzgando al gobernador por un acto ilegal, ya que no hay acusación penal en su contra, sino por no haber previsto que su jefe de Policía cometería un presunto ilícito.
Si esta “responsabilidad por omisión” se acepta, tendríamos un caos en el sistema de administración pública del país. Todo gobernante sería responsable de los actos de los funcionarios bajo su mando. Andrés Manuel López Obrador tendría que haber sido sometido a juicio político por las faltas de su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce; pero los perredistas que piden la cabeza de Estrada, habrían denunciado un complot.
El juicio político en Morelos se hizo posible por una enmienda a la constitución estatal realizada por diputados del PRI y del PRD después de que Estrada ganó la elección de 2000. Los diputados de la legislatura saliente aprovecharon su mayoría para modificar la Ley electoral y aumentar el número de diputados de representación proporcional de la Oposición en las siguientes elecciones.
De esta manera, a pesar que en los comicios estatales de 2003 el PAN ganó nueve de los 18 distritos del estado contra cinco del PRI y cuatro del PRD, las 12 curules plurinominales se entregaron a los partidos de Oposición para darles una mayoría artificial en el Congreso.
Aun así, para iniciar un juicio político se requerían 20 de los 30 votos del Congreso. Los diputados de Oposición consiguieron 19, pero de cualquier manera declararon procedente el juicio. La legalidad de esta acción es la que tiene que resolver en definitiva el Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Estrada se ha defendido en los tribunales. Los ministros de la Suprema Corte ya tuvieron una primera votación sobre el tema y estudiarán en los próximos días un nuevo dictamen. De ahí el caso regresará al Tribunal Superior morelense.
Los mexicanos, sin embargo, debemos preguntarnos si queremos realmente un sistema en que el voto de los ciudadanos pueda ser revertido con tanta facilidad por los diputados. Si es así, mejor cancelemos las elecciones y dejemos que los diputados, en sus bizantinos juegos políticos, sean quienes designen por dedazo a los gobernadores.
ESCUCHAR
Bien haría el presidente en asistir a la presentación de las posiciones de los partidos políticos antes de la ceremonia del Informe de mañana. No va a escuchar nada que no haya oído con anterioridad y en cambio les quitará a los partidos de Oposición un arma de protesta.
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