Londres, (EFE).- El hecho de jurar en público o insultar puede costarle a un inquilino su vivienda según una iniciativa de la policía, los vecinos y el municipio en un conjunto de viviendas sociales de la localidad inglesa de Birmingham.
Todos los nuevos inquilinos de 13 mil viviendas municipales o protegidas de la comunidad de Hollingdean tendrán que firmar un contrato por el que se comprometerán, entre otras cosas, a no jurar ni utilizar palabrotas en publico.
Quien contravenga reiteradamente esa prohibición podrá perder la vivienda, según informa el diario "The Observer".
A los que ya son inquilinos se les anima asimismo a firmar ese contrato de buen comportamiento y comprometerse, entre otras cosas, a conducir de modo respetuoso para con los peatones y otros conductores.
Según Chris Leage, presidenta de la Asociación de Inquilinos y Residentes de Hollingdean, hay bandas de jóvenes gamberros que viven allí y se dedican a insultar a los vecinos.
En un comentario firmado por un abogado preocupado por la cuestión, "The Guardian" denuncia los casos de abuso de las llamadas órdenes para acabar con "el comportamiento antisocial", introducidas por el Gobierno laborista para intentar demostrar dureza frente al gamberrismo y la delincuencia.
Según el comentarista, en muchas ocasiones se utilizan esas órdenes, que pueden dar con alguien en la cárcel, contra personas que jamás han "aterrorizado" a sus vecinos.
Así, una mujer de 23 años que tenía simplemente la manía de tirarse al río Avon, recibió una de esas órdenes por la que se le prohibía lanzarse a cualquier río o canal.
A un hombre con evidentes problemas mentales se le prohibió esnifar petróleo en la localidad de Teesside mientras que a una mujer de East Kilbride se la ordenó que no se dejase ver en el jardín o en el balcón llevando sólo su ropa interior.
Los responsables locales del cumplimiento de ese tipo de órdenes instruyeron a los vecinos de esta última mujer para que apuntaran en sus diarios cada vez que la viesen en bragas o combinación, como si se tratase de un estado policial.
Todas las personas denunciadas se exponen a condenas de hasta cinco años de cárcel por reincidir en ese tipo de conductas.
