Las declaraciones del procurador de Justicia Óscar Calderón Sánchez en relación con la balacera ocurrida en el Municipio de Parras, en la que fue asesinada una persona y dos más resultaron heridas, son una burla para los coahuilenses.
De acuerdo a lo dicho por el funcionario en mención, el crimen no está relacionado con el proselitismo electoral anticipado que existe en el estado, pese a que uno de los protagonistas Ignacio Segura Teniente, es presidente del Partido Revolucionario Institucional en esa localidad y se le identifica con el ex secretario de Gobierno y aspirante a gobernador, Raúl Sifuentes Guerrero.
Según Calderón Sánchez al presunto homicida “...le apodan ‘El Ciego’ porque sólo ve bultos”, lo que lleva a concluir al Procurador que el atacante no disparó en contra de personas determinadas al irrumpir haciendo fuego en una asamblea ejidal celebrada en relación con un conflicto de tierras que enfrenta a los habitantes del Ejido La Constancia, ubicado a treinta kilómetros de la ciudad de Parras.
El procurador justifica la presencia de Segura Teniente en la asamblea porque “actuaba como topógrafo”, lo que desmiente el propio Raúl Sifuentes quien afirma que su seguidor y dirigente priista “andaba tratando de mediar en el conflicto ejidal”. La expresión atribuye a dicha participación una connotación política, lo que en buen castellano quiere decir que el oficioso “mediador” andaba de coyote traficando influencias, para llevar agua al molino de su gallo a la gubernatura.
Ciego no es el presunto homicida, sino la justicia coahuilense. Óscar Calderón Sánchez es el mismo procurador que alguna vez especuló que el niño Carlos Muñoz se hirió de muerte por accidente jugando él solo o con sus compañeros; es el mismo que en el homicidio del padre Ignacio Flores Gaytán mantuvo tres años en la cárcel a una persona que a la postre fue declarada inocente; es el mismo que investigó el homicidio también impune de Carlos Casillas; es el mismo cuya apatía mantiene invadidas ochenta hectáreas de terreno urbano junto al bulevar Sur Laguna; es el mismo que despojó a la empresa Megacable de sus instalaciones hasta que un Juez Federal ordenó su restitución; es el mismo que desalojó a los posesionarios legítimos del yacimiento de mármol El Paredón, por citar unos cuantos ejemplos.
En el caso del conflicto del Ejido La Constancia de Parras, se repite lo que ha venido ocurriendo en Coahuila a lo largo del Gobierno de Enrique Martínez y Martínez, en el que funcionarios del poder Ejecutivo litigan en forma descarada y manipulan los procedimientos legales, con fines políticos o meramente patrimoniales favoreciendo intereses determinados en contra de todo propósito de justicia.
La presión de la Secretaría de Gobierno en el trabajo de los jueces ha sido una constante y la forma en que se han proliferado el tráfico de influencias y la corrupción en dependencias como el Registro Público de la Propiedad o la Junta de Conciliación y Arbitraje en Torreón, da vergüenza.
Por ello no es extraño que en vísperas de las elecciones que renovarán Gobierno, ayuntamientos y Congreso, estén desatados los ánimos y las intromisiones en torno a problemas legales en los que intervienen influencias extrañas y desde luego ilícitas, tengan o no propósitos electorales.
Sean cuales fueren las causas de esta balacera y de la trágica supresión de una vida humana, el procurador de Justicia debe aclarar el móvil del homicidio que nos ocupa en aras de la tranquilidad de los coahuilenses y ofrecer una explicación lógica que sobre todo, respete la inteligencia de los ciudadanos.
salazarw@infosel.com.mx
