La designación de Francisco Javier Covarrubias como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio, Durango, es un intento del gobernador Ismael Hernández Deras, por asumir el control de la justicia laboral como función de Gobierno.
Ante el nombramiento referido, el presidente de un denominado Colegio Regional de Abogados identificado con el grupo político de Carlos Herrera, arremete en contra de la estructura de justicia laboral gomezpalatina pero evitando confrontar formalmente al Gobierno Estatal, ya que dirige todas sus baterías a la ingerencia que tiene la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la conformación de dicha estructura.
En sus señalamientos, el presidente de los abogados acusa a la CTM de acaparar puestos administrativos en todos los niveles al interior de la Junta y de propiciar un fenómeno generalizado de “aviadores” entendiéndose como tales, quienes ocupan cargos nominales y cobran un sueldo, sin desempeñar trabajo alguno en la realidad.
La referida asociación de abogados, exhuma de los archivos penales un viejo expediente instruido en contra de funcionarios de pasadas administraciones, que se encuentra resuelto en el sentido de que los ex presidentes y secretarios de la Junta originalmente acusados fueron exonerados meses atrás y sin embargo, el caso se utiliza como arma arrojadiza de cara a la opinión pública para avivar el actual conflicto.
El reto que esta crisis implica para el Gobierno de Hernández Deras es mayúsculo. Se trata de un tema sensible como es el de administración de justicia, que en la especie resulta de especial importancia dado que la justicia laboral concierne a las relaciones entre patrones y trabajadores y por ello, afecta tanto al rubro de la justicia social como al de la productividad y competitividad de nuestra región en los entornos nacional y global.
La crisis que es objeto de comentario, deriva de la parálisis que afecta a nuestro país en su conjunto, porque los mexicanos no hemos sido capaces de desarrollar los cambios que requieren los nuevos tiempos en muy diversos campos de nuestra legislación: Fiscal, energética, etcétera, y por supuesto laboral.
Permanece vigente una Ley Federal del Trabajo que no satisface las necesidades actuales, porque entre otros defectos concede a las Juntas como tribunales competentes en la materia, facultades discrecionales ilimitadas que las colocan por encima de la Ley, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica.
En efecto, el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las Juntas dictarán sus resoluciones o laudos a “verdad sabida y buena fe guardada”, apreciando los hechos “en conciencia sin sujetarse a reglas” o formalismos en cuanto a la valoración de las pruebas que presenten las partes. La disposición citada es inadmisible en un régimen de legalidad, en el que se supone que tanto autoridades como gobernados deben sujetarse a reglas previamente establecidas.
Durante el régimen de Partido de Estado, la estructura se nutrió como posición de la CTM y el sistema funcionó como un palo en manos del Gobierno, que a discreción se utilizaba en contra de patrones y trabajadores según soplaran los vientos políticos, al margen de toda consideración de justicia.
Desaparecida la hegemonía del viejo régimen, debilitada la posición de la CTM a nivel nacional y llevada dicha debilidad en La Laguna de Durango hasta el punto de la orfandad al fallecer Jesús Ibarra Rayas, diversos agentes sociales y políticos gomezpalatinos se aprestan a llenar el vacío, lo que exige un acuerdo al respecto que genere un nuevo proyecto institucional sobre el tema.
Los tiempos cambian y la vieja estructura ya no satisface las necesidades del sector productivo del México actual. Los esfuerzos por mejorar la justicia laboral que aisladamente se realizan en nuestro país fracasan, porque si bien se advierte la necesidad de liquidar (y se derrumban por sí solos) los andamios que la sostienen, falta capacidad de acuerdo para crear nuevas respuestas.
El ejemplo de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Torreón, nave al garete desde hace año y medio y acéfala los últimos cuatro meses, es al respecto un buen botón de muestra.
El gobernador Hernández Deras tendrá que trabajar duro para sortear los retos que plantea la justicia laboral pero no podrá solo. Requiere el apoyo del resto de los protagonistas: Patrones, trabajadores, sindicatos obreros, cámaras empresariales y litigantes.
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