Durante más de diez años, Raúl Salinas de Gortari alegó ser víctima del uso político de la justicia. Al enviarme en noviembre de 1999 su libro Todo lo que el juez ignoró para sentenciarme, me pidió que leyera ese “testimonio documentado sobre una injusticia fabricada en el medio oficial”. Ahora que se le ha otorgado un amparo contra esa sentencia brotan ya las expresiones que la descalifican por haber sido también fraguada “en el medio oficial”.
El juez que sentenció a Salinas de Gortari, Ricardo Ojeda Bohórquez fue después promovido a magistrado, el grado inmediato superior y el tope en la judicatura, sólo superado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Si aceptamos el argumento de Salinas de Gortari, hemos de suponer que el ascenso fue un premio político al autor de una sentencia preconcebida. Si en cambio lo consideramos un juzgador probo y diligente, la magistratura ganada en concurso reconocería sus prendas profesionales. No se entendería, entonces, porqué los miembros del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito hallaron deficiencias en la sentencia al punto de despojarla de toda eficacia.
En esas condiciones nos queda abierta la interrogante de si Salinas de Gortari fue víctima de una represalia política y siendo inocente lo hicieron pasar una década entera en la cárcel. O si es beneficiario de un acuerdo político por el cual, siendo culpable, se le ahorran 17 años y medio de prisión como antes otra sentencia le había disminuido la duración de la pena corporal de cincuenta años a veintisiete y seis meses. La concesión del amparo deja en entredicho también al magistrado que actuó de ese modo, pues si bien alivió la sanción mantuvo la responsabilidad penal de Salinas de Gortari como autor intelectual del homicidio de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu.
El reo ahora amparado, dejado en libertad y exonerado, no dejó de inmediato la prisión de Santiaguito, el penal estatal cercano al federal de alta seguridad conocido como La Palma, donde Salinas de Gortari fue recluso hasta que sus posibilidades particulares le permitieron atenuar el rigor penitenciario de que se decía víctima en la prisión antes más conocida por el nombre del municipio donde se alza, Almoloya de Juárez. Se ha previsto que mañana martes, si no ocurrió durante el fin de semana, pueda ser excarcelado. Podría no serlo por los efectos de otros conflictos jurídicos que enfrenta el hermano incómodo del presidente Salinas.
Uno es el proceso que desde 1996 se le sigue por enriquecimiento ilícito, un delito que absurdamente antaño se llamaba enriquecimiento inexplicable, cuando que es lo más explicable del mundo.
La Constitución ordena que los juicios de carácter penal no se prolonguen por más de un año. Es un precepto con frecuencia violado, pero casi nunca en los términos aplicables a este. ¿Por qué no se ha podido sentenciar a Salinas de Gortari, enjuiciado por este concepto desde hace nueve años, si el ministerio público ha aportado evidencia de su enorme fortuna inmobiliaria y de sus abultadas chequeras?
Ahora entendemos que la dilación ha sido administrada como una estrategia de libertad. Si Salinas de Gortari hubiera sido ya sentenciado, su exoneración en otro proceso no tendría efecto en éste, donde debería purgar su condena hasta que la sanción se extinga.
Pero está apenas en el proceso, por lo cual puede obtener la libertad bajo fianza, pues este delito de cuello blanco no es considerado grave por la benevolente legislación penal.
El juez del caso no está, sin embargo, obligado a otorgar tal libertad procesal apenas se la solicite. Debe examinar la situación y si considera probable que el procesado se sustraiga a la acción de la justicia, que eluda su deber de acudir semanalmente al juzgado, puede negar ese beneficio, sin por ello lesionar los derechos humanos de los afectados.
¿Puede Salinas de Gortari escapar, aprovechando su libertad? Parece que sí, por el horror que, como a todos, le produce el cautiverio y porque él mismo y su familia disponen de los medios materiales para permitirle residir en el extranjero. Pero también puede ocurrir que contra su voluntad el exonerado tuviera que ausentarse, obligado a comparecer ante tribunales extranjeros.
Ocurre que la justicia francesa ha renovado su interés por Salinas de Gortari. El año pasado el Tribunal de Gran Instancia de París ordenó que Raúl, su hermano Enrique y la ex esposa de éste, Adriana Lagarde, comparecieran a enfrentar acusaciones por lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas.
Integrantes de la oficina mexicana de Interpol, formada por miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en vez de ejecutar la orden de localización, pretendieron negociarla con Enrique, pero la extorsión se convirtió en asesinato.
Mientras Raúl se hallaba en prisión, la orden de localizarlo estaba cumplida en los hechos. Pero ahora que se le ha concedido la libertad tal vez la justicia francesa, que ha tenido muchas contemplaciones con la mexicana, la acucie para tener a Salinas de Gortari a su disposición. Quizá pida por ello que se le detenga con fines de extradición y por ello el exonerado no paladee los efectos de la sentencia de la justicia de la Unión, que lo ampara y protege.
Si Salinas de Gortari fue injustamente encarcelado, alegrémonos todos porque se enmiende una monstruosidad que es capaz de retenerlo, sin causa, diez años en la cárcel. Deplorémoslo, en cambio, si un culpable sale libre.
