Una recrudecida batalla se anuncia en las próximas sesiones de la OMC. La Declaración de Nueva Delhi que acaba de aprobarse es un ultimátum que los países en desarrollo agrupados en el Grupo de los 20 lanzan a los miembros industrializados de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La reunión de dos días de donde surgió la Declaración fue preparatoria respecto de la “mini-ministerial” que se celebrará en Beijing, los próximos días siete y ocho de mayo. En ella los países miembros del “Grupo de los 20” que se formó durante la Reunión Ministerial de Cancún de la OMC, han hecho un firme llamado a los países ricos a reducir sustancialmente los subsidios a su producción agrícola y eliminar dentro de un plazo máximo de cinco años los subsidios a la exportación de sus productos del campo.
El “Grupo de los 20” surgió durante la Conferencia Ministerial de Cancún de septiembre 2003 con el fin de marcar un alto al proceso histórico de continuas concesiones a favor de todos los productos de los países desarrollados sin una correspondiente ventaja a los artículos en que tienen interés, muchas veces vital, de los países en desarrollo. El Grupo fue encabezado entonces por Brasil e India. Ahora, en vista de que los países desarrollados aún no han avanzado en el cumplimiento de sus compromisos, el Ministro Kamal Nath, anfitrión de la reunión de Nueva Delhi expresó que los “subsidios de exportación de los países ricos tienen que eliminarse antes de dichos cinco años”.
Además de esto, “las reglas del juego tienen que ser formuladas por consenso… ya no es posible aceptar que las reglas globales de comercio sean fijadas por unos pocos países selectos”.
La reducción de tarifas que ha de negociarse en la Ronda Doha, dice la Declaración, debe consistir en mayores recortes en los aranceles más altos de los países desarrollados antes de exigirlo a los países en vías de desarrollo. Se tiene que tener especial cuidado en los productos más sensitivos para los países pobres. Esta diferenciación es indispensable, declaró Kamal Nath, que forme parte integral de un sistema de seguridad alimenticia, de desarrollo rural y que atienda las necesidades de subsistencia de los millones que en todo el mundo sólo dependen de la agricultura para vivir.
Lo anterior viene muy a cuento cuando se reflexiona en que, de acuerdo a los datos de Naciones Unidas, más del 80 por ciento de la población mundial vive en condiciones de miseria por debajo de dos dólares diarios mientras que la élite económica de todos los países se apropia gruesos porcentajes de los ingresos nacionales.
Fue muy significativo que la reunión de dos días de Nueva Delhi haya contado con la participación de los coordinadores del Grupo Africano, de los países del Caribe, y también de otros de menor desarrollo relativo. La coordinación que así surge augura que la Rueda Doha ahora sí se encarrile hacia los intereses de los países que más necesitan de una estructura justa de comercio internacional que el providencial “fracaso” de Cancún facilitó.
Por mucho que se resistan los países ricos a aceptarlo, el trato diferenciado que exigen los países en desarrollo responde a conveniencias de largo plazo. Hay, en el fondo, un reclamo ético que se atiende: el de ofrecer las mismas ventajas a los productores pobres del mundo que hasta ahora sólo han gozado los ricos. No valen argumentos en contra. Es inaplazable reestructurar los sistemas económicos so pena de vivir tensiones que se desbordan cada vez más frecuentemente en violencias.
El tema de la seguridad que ahora figura como la primera y obsesiva prioridad de los Estados Unidos otros países desarrollados tiene una directa vinculación con el comercio mundial. Se revierte y convierte inevitablemente en asunto ético que a su vez tiene que traducirse en reglas de comportamiento económico internacional.
Por esto resulta tan reprobable el que Supachai Panitchpakdki, director general de la OMC que dejará su cargo el próximo 31 de agosto, haya declarado el pasado primero de febrero que se oponía a la posibilidad de que “una nueva época de decisiones inspiradas en la ética podría estarse gestando”. En su opinión, tales consideraciones no deben incidir en el comercio mundial ya que sólo servirían de pretexto para montar barreras proteccionistas.
Es más, afirmó el saliente director general, las cuestiones del medio ambiente, por ejemplo, se tratarían mejor como una ampliación del Programa Ambiental de NNUU para desligar del comercio estas “candentes cuestiones”.
Ante semejantes señalamientos, hace falta reafirmar en estos momentos de peligrosas conjunciones sociales donde el terrorismo es la manifestación más evidente, que la ética sí tiene que ver con el comercio internacional. Si éste sólo responde al principio de la competitividad, el resultado traerá desastres mundiales aún mayores a los que simplemente amenazan la comodidad de los ricos.
Contra la insistencia en que los intercambios mundiales se ciñan a reglas de economía darwiniana la realidad obliga a programas de protección para salvar de la ruina y desaparición a cientos de miles de micro y pequeños productores, las metas del Milenio están pendientes. Las únicas soluciones que se ofrecen son de inspiración financiera.
Los programas que los gobiernos están lanzando contra la pobreza no tocan fondo, no porque sus intenciones sean falsas, sino porque no están promoviendo fórmulas efectivas de producción y distribución que organicen y realmente beneficien a los pobres.
Dejar que continúen así las cosas es dejar que el mundo siga ahondando en una enfermedad endémica de interminable tensión. La Declaración de Nueva Delhi es una urgente llamada a la cordura.
juliofelipefaesler@yahoo.com