La revista semanal Cambio cumple cinco años. Debido entre otros factores a que mudó de propietario en demasiadas ocasiones para tan breve tiempo y dejó de editarse en dos oportunidades, su circulación es módica, si bien mayor que su relevancia en los ambientes públicos a que se dirige. Sin embargo, no le va mal en inserciones de publicidad gubernamental, que conforme a estipulaciones legales deben hacerse en función del tiraje y la pertinencia del medio de que se trate. En su número 174, esa revista incluye diecisiete y media páginas pagadas por dependencias federales.
De ellas, doce -dos terceras partes del total- aparecen ornadas en su ángulo superior derecho con la leyenda que identifica a la propaganda foxista: Contigo es posible. Por su parte, el semanario Proceso, que en el próximo noviembre cumplirá 29 años de existencia y cuya circulación (certificada por el Instituto Verificador de Medios, el más antiguo y frecuentado medidor de esa materia) es la mayor con mucho entre las publicaciones de su clase, tiene en su número 1504, fechado el 28 de agosto, sólo dos planas con publicidad federal, una de las cuales, por tratarse de un medio de comunicación responde probablemente a un contrato de intercambio.
La diferencia en el trato publicitario oficial a esas dos publicaciones tiene un nombre. Se llama Marta Sahagún de Fox. Ella es la que hace la diferencia. Mientras por un lado litiga contra Proceso la reparación de un presunto daño moral, mantiene una liga amistosa con los editores de Cambio. Así lo expresa en la carta de felicitación de que la revista se ufana al publicarla en su página tres, (página que por supuesto no incluí en la cuenta arriba expresada). En papel membretedo con el nombre de la señora, domiciliada en la Residencia oficial de Los Pinos, con fecha 28 de agosto dice esta carta dirigida al señor Anuar Maccise Dib, presidente editor de esa revista:
“Estimado Anuar: “Quiero enviarte una afectuosa y sincera felicitación con motivo del quinto aniversario de la revista Cambio, que ha crecido en forma exitosa bajo tu conducción.
“Estoy convencida que esta publicación ha sido un esfuerzo conjunto de comunicadores valiosos y comprometidos que han contribuido a despertar mayor interés en los temas sociales y políticos en este país, convirtiéndose en un factor de participación a favor de la transición mexicana.
“Aprovecho la oportunidad para reconocer el compromiso y profesionalismo de todo tu equipo de trabajo.
“Felicito también a todos los lectores de Cambio, ya que sin ellos este proyecto no hubiera sido viable.
“Muchas felicidades”.
Y para que no quede duda del carácter personal, no formal de la felicitación, al firmar la carta la remitente escribió con su propia mano, y entre admiraciones, ¡un abrazo!
La supresión de publicidad oficial a Proceso, en cambio, revela el malestar que priva contra esa revista en la casa presidencial. No hay un documento donde conste la instrucción, pero desde allí se ordenó a los responsables de Comunicación Social de las secretarías de Estado, y otras dependencias federales, no incluir a dicho semanario en sus pautas publicitarias.
No hay razón profesional ninguna para esa decisión, sino la aplicación de la tristemente célebre fórmula del presidente José López Portillo: no pago para que me peguen.
Ya en 1982 era inconcebible la doble confusión en que incurrió López Portillo, pero es más grave que su máxima sea repetida casi un cuarto de siglo después, por un Gobierno que en su propaganda previa al Informe se afana en parecer distinto a los que lo precedieron.
En éste, como en otros puntos, Fox y sus predecesores son exactamente iguales, nada hay que los distinga. Han creído -ésa es la doble confusión expresada por López Portillo pero practicada muchas veces- que la compra de espacio publicitario incluye la del criterio editorial. Conciben la inserción de avisos gubernamentales como un favor político, que debe ser retribuido con buena voluntad.
Si esas premisas no son respetadas, la reacción autoritaria es la ruptura de la relación publicitaria. Las condiciones en que se produjo el manotazo de López Portillo y el actual son enteramente diferentes. En 1982 Proceso no cumplía aún su primer lustro de vida y se esforzaba por consolidarse como medio informativo y de análisis y como empresa. Hoy lo ha conseguido y los efectos de la supresión de anuncios gubernamentales son mucho menores en sus finanzas que los buscados por López Portillo.
Los efectos políticos que entonces se consiguieron, aledaños al boicot publicitario y consistentes en satanizar a la revista, no pueden producirse hoy cuando el espacio de libertad ganado por una importante porción de la prensa (con la contribución central de Proceso) se ha ensanchado hace muchos años y no porque lo haya concedido el presidente Fox en el último quinquenio.
El Gobierno Federal debe contratar espacio de publicidad conforme a las normas presupuestales que, de atenderse, evitarían arbitrariedades como las aquí expuestas. Proceso podría recurrir legalmente la aplicación abusiva de los lineamientos para la publicidad gubernamental, pero juzgo poco probable que lo haga pues sus editores han de saber que son vistos como adversarios en Los Pinos y que se aprieta en su contra una operación de tenazas: una demanda civil que podría traducirse en una sanción millonaria imposible de enfrentar por una publicación cuyas finanzas queden minadas desde mucho tiempo antes de la sentencia.
