En México, nuestra forma de aprender es inexplicablemente el escándalo. La sociedad en muchas ocasiones, conoce una política pública por los detractores de la misma y no por la autoridad que la promovió. Uno de los errores más comunes de los gobiernos, es que sus decisiones y políticas se comunican a la sociedad una vez tomadas. No se hace partícipe a la ciudadanía de la información y del proceso de análisis que previamente llevó a cabo para decidir. Aunque no parezca autoritario, lo es.
La constante es enterarse de las decisiones una vez que éstas se encuentran inmersas en el escándalo o la descalificación. Un buen ejemplo de ello es la “píldora del día siguiente”, pero lo mismo ha venido sucediendo con la Ley del Seguro Social o los fideicomisos en materia energética. Es increíble cómo no se toma en cuenta, antes de dar a conocer una medida que va a afectar a millones de personas, el nivel de información que se tiene sobre el tema que se anunciará. Los servidores públicos, muchas veces ignoran temas que posteriormente regulan.
Y precisamente el proceso de información y análisis que llevan a cabo durante meses, antes de tomar una decisión, es algo que deberían empezar a “socializar” y cabildear de manera paralela, para ir generando conciencia sobre el tema, sus antecedentes, sus amenazas, sus posibles soluciones y el efecto de distintas medidas, hasta llegar a la conclusión.
La eficacia de encontrar el método para la toma de decisiones públicas, en donde primero se hable con los académicos y expertos sobre el tema, después se abra a comunicadores especializados en el mismo, posteriormente a grupos de personas directamente interesados y, finalmente, se maneje de manera abierta, no sólo le evita dolores de cabeza al funcionario responsable y a su Gobierno, sino, principalmente, hace crecer a la sociedad y acompañar la toma de decisiones para apoyar o rechazar las conclusiones pero con conocimientos, no con prejuicios.
Prejuicios hay en todo. Por ejemplo, en materia energética. México comparte yacimientos de hidrocarburos con países vecinos como Estados Unidos, Belice o Cuba. Estos yacimientos no saben de fronteras y, mientras algún vecino empieza a explotar desde su territorio un yacimiento, y Pemex no tiene capacidad de invertir mayores recursos en extracción, nosotros tenemos el prejuicio de permitirle a una empresa privada que haga lo propio desde nuestra parte, sin importar que por defender en este caso, una mal entendida soberanía, el “popote” desde donde aquéllos extraen el petróleo o el gas natural, acabará por “chuparse” la mitad que supuestamente era nuestra.
Así, de manera muy soberana permitimos horrores económicos. En materia social hay muchos prejuicios. Lo políticamente correcto es hablar de la distribución de la riqueza, cuando el énfasis debe estar en la generación de la misma, en la democratización de las oportunidades, en la distribución de capacidad emprendedora. La vocación del mexicano debe ser la de lograr su emancipación económica generando proyectos y alternativas de ingreso, no siendo empleado.
En el terreno demográfico aún no encontramos en el país la forma de reducir el crecimiento poblacional. Cada año nacen dos millones de nuevos mexicanos, es decir, en un sexenio nacen más personas que la población del Distrito Federal. Cerca de 500 mil niñas de entre diez y dieciocho años se embarazan anualmente y en el mismo tiempo, se realiza cerca de un millón de abortos.
No hay problema económico, social, demográfico o político que no pueda resolverse por una sociedad madura cuando sus entrañas se ventilan al aire, se discute abiertamente y se generan consensos mayoritarios para avanzar. ¡Claro que habrá siempre inconformidades y criticas! Ese es el motor de la historia. Pero se darán dentro del seno de una sociedad que sabe a dónde va.
Por eso la población en México no se interesa mayormente en política, porque la política es identificada con las discusiones en la cúspide, entre secretarios de Estado, empresarios, cardenales o líderes sindicales. Pero si nuestro sistema educativo empezara a plantear problemas y soluciones a los padres de familia sobre temas de interés nacional, si nuestros académicos tuvieran acceso a la información para incorporar en sus cátedras la discusión de temas del momento, si se pudieran escribir ensayos sobre lo que en este momento se “cocina” en las dependencias gubernamentales, si los periodistas y comunicadores tuvieran acceso a la información antes que se dictara medida alguna, entonces habría un feliz acompañamiento en la toma de decisiones que legitimaría al Gobierno y que le informaría a tiempo del sentir generalizado.
La carencia de un mecanismo permanente de comunicación efectiva es una de las razones que provocan tanta letra muerta en las normas de nuestro país. Siempre han existido ejemplos de funcionarios que supieron darle al clavo a esta necesidad de Gobierno y que, por lo mismo, sus iniciativas eran o son favorablemente acogidas. Pero esto no puede quedarse en “estilos personales de gobernar”. Es momento de señalar y construir un método eficaz de comunicación y sociabilización de la información que permita a nuestra sociedad madurar y ponerse al día. Esto exige claramente, primero, que maduren los gobernantes.
