“Resulta mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás”.
Antoine de Saint-Exupéry
Es triste ver en nuestro país a miles de compatriotas -todos pobres, la mayoría indígena- que tienen que permanecer largo tiempo en la cárcel mientras son juzgados a pesar de no haber sido hallados culpables. No es que sean peligrosos; simplemente no pueden reunir el dinero para pagar una fianza.
Estos hombres y algunas mujeres son apartados de sus familias e impedidos de trabajar para sostenerlas. No sólo reciben un castigo antes de ser condenados -el cual se extiende a sus cónyuges e hijos- sino que se viola el principio jurídico de que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
Por esta razón, uno de los programas menos conocidos pero más importantes de la Fundación Telmex es pagar las fianzas de primodelincuentes -personas que no tienen antecedentes penales previos- quienes sin esta ayuda serían castigados antes de concluir su juicio.
No fue éste, sin embargo, el caso de Andrés Manuel López Obrador. Cuando los diputados locales Gabriela Cueva y Jorge Lara pagaron su fianza, a instancias del aspirante presidencial Felipe Calderón, su propósito no era ayudar a un pobre tabasqueño afincado en la Ciudad de México sin esperanzas de reunir dos mil pesos para pagar una caución y enfrentar en libertad un proceso jurídico en su contra. Su acto contravenía claramente la voluntad del inculpado. El propósito no era ayudarlo sino ponerle piedras en el camino.
Con éste y otros episodios, un asunto que se inició como jurídico y se convirtió en político se ha transformado ahora en una simple farsa. López Obrador se ha quejado mucho de ser víctima de un complot, aunque por razones políticas le convenía ser aprehendido y encarcelado. La publicidad gratuita que obtendría de la difusión de las imágenes de su detención lo habría beneficiado enormemente. Por eso reaccionó de forma tan airada ante la noticia de que los dos diputados panistas habían pagado su fianza. Y por eso los tildó de “cobardes” y “tramposos”.
La verdad es que todo este sainete debería ser muy divertido. Quienes trabajamos en los medios de comunicación estamos teniendo todos los días información e imágenes que generan atención y controversia. Se podrá decir lo que se quiera, pero la información política ha dejado de ser aburrida. Hoy en día son más entretenidas las notas políticas que las que tienen que ver, por ejemplo, con los escándalos de Niurka y Bobby Larios.
Pero hay algo triste en todo esto. Es absurdo que un país con tantas necesidades como México haya dejado que la vida política se deteriore tanto. Las decisiones en las cámaras legislativas parecen detenidas mientras se resuelve el juicio de López Obrador. La discusión política se ha rebajado al punto de que nadie se interesa ya en proponer una sola idea constructiva. El lenguaje de los políticos se limita a los adjetivos, insultos e ironías.
¿Cómo llegamos a esto? Me queda claro que en un principio fue por descuido en los procesos jurídicos del Gobierno del Distrito Federal. La expropiación de dos segmentos de un predio privado, El Encino, para favorecer a los dueños de un hospital privado nunca debió haber ocurrido. Los dos vecinos debieron haber llegado a un acuerdo económico sin necesidad de una solución de fuerza.
Ya hecha la expropiación, sin embargo, el Gobierno capitalino pudo haber justificado la utilidad pública de la acción, pero no lo hizo o por lo menos no de manera adecuada. Después pudo haber detenido, si realmente hubiera querido, las obras de construcción de dos accesos al Hospital ABC con lo cual habría evitado violar la suspensión ordenada por un juez.
Pero hoy el Gobierno de la República parece empeñado en echarle combustible al fuego. Esto es lo que sugiere, por ejemplo, la campaña de publicidad de la Secretaría de Gobernación en contra de quienes violan la Ley. También la decisión de los diputados Lara y Cuevas del PAN, quienes no muestran una actitud noble de rescatar a miles de mexicanos que realmente necesitan una fianza. ¿Por qué decidieron pagar la fianza de López Obrador? ¿Y cómo supieron cuándo y dónde precisamente se iba a presentar el pliego de consignación? Todo parece indicar que recibieron información privilegiada de la PGR.
Quizá el Gobierno Federal no haya impulsado todo el proceso que López Obrador insiste es un complot. Pero la súbita aparición de dos diputados panistas en el lugar y el momento adecuados para pagar una fianza no solicitada sugiere cuando menos una colaboración de la PGR.
NADA PERSONAL
El pago de la fianza de López Obrador es, en opinión del diputado Federico Döring, un “acto de caridad”. La acción manda el mensaje de que el proceso contra López Obrador “no es nada personal”.
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