Primera de dos partes
“Con toda la fuerza y los recursos del Estado” -dice el Gobierno- responderá al desafío planteado por el narcotráfico. El boletín en el que la Presidencia de la República acepta el reto y declara la guerra al crimen organizado es impecable. Que se cuide el narco: el Gobierno ya decidió acabar con él. Sin embargo, el comunicado no resiste una lectura atenta y peor todavía, siembra toda una colección de interrogantes.
La duda más obvia tiene que ver justamente con la fuerza y los recursos que el Estado pondrá en juego. La siguiente se relaciona con la idea que el Gobierno tiene de lo que es el Estado mexicano y una más se vincula con la interpretación de que la ejecución de custodios y empleados de los penales es “una reacción a la contundencia con que el Gobierno federal ha atacado los intereses del crimen organizado, principalmente el narcotráfico”.
Si el Gobierno no tiene bien determinada su fuerza y sus recursos, si no tiene bien fincados y cohesionados los cimientos del Estado y confunde la descomposición de su régimen penitenciario con un desafío del narco, corre el peligro de estar planeando su propia emboscada y lastimar, una vez más, a la nación que debe servir.
¿En verdad, el Gobierno quiere ir a una guerra con el narco? ¿Es seria esa decisión o es una baladronada más de las que, día con día, se pronuncian?
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A lo largo de los primeros 22 días del año, se han llevado a cabo -de acuerdo con el registro de Reforma- un total de 23 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico. Ha habido otras, desde luego, pero vinculadas con el narco se puede dar esa cifra. Prácticamente, una ejecución al día.
Las víctimas han sido principalmente funcionarios, mandos y comandantes policiales, además de empleados de los penales de alta seguridad, así como un ex alcalde con dos de sus hijos. De ese total, sólo cuatro víctimas han sido presumible o manifiestamente operadores o abogados de los narcotraficantes. (Estas cifras no consideran las ejecuciones en Sinaloa que, en principio, podrían duplicar el número referido.)
La gran interrogante es la causa por la cual fueron ejecutados tal número de servidores públicos relacionados con el combate al narcotráfico. En el deseo, se quisiera tener la plena y absoluta certeza que fueron sacrificados justamente por la lucha que daban al crimen organizado pero, en buena parte de esas ejecuciones, asoman indicios de que esos funcionarios no eran públicos sino privados: servían al propio narcotráfico.
La presunción tiene un claro asidero. El número de agentes de la Procuraduría General de la República o de la Secretaría de Seguridad Pública que aparecen involucrados en los negocios del crimen organizado no es menor. Y a esa evidencia se agrega la pérdida del control del principal penal de alta seguridad, como lo era el de La Palma. Es evidente que la estructura de los aparatos destinados a prevenir, perseguir y custodiar a los criminales se encuentra infiltrada por éstos y que una buena parte de ella, con recursos, infraestructura, adiestramiento otorgado por el Estado, servía no al Estado sino al crimen mismo. En cierto modo, el Estado llega a subsidiar al crimen.
La lectura que se hizo el martes pasado de las medidas disciplinarias que se aplicarán en La Palma deja ver, en la contralectura, el grado de relajamiento que había en el penal.
El nuevo tiempo que los reos tendrán para recibir a sus abogados, el número de llamadas telefónicas que podrán realizar, la prohibición del uso de teléfonos celulares, la prohibición de intercambiar notas escritas, el número de visitas que podrán recibir, la cantidad de dinero que podrán gastar dentro del penal, deja ver lo que será pero también lo que fue: el brutal relajamiento que había en las normas disciplinarias y esto pone en evidencia el grado de complicidad y corrupción que había en la estructura de vigilancia de los reos. En otras palabras, el martes se les tuvo que recordar a los presos que eran eso: reos sujetos a proceso o a castigo. Así de absurdo.
Desde esa perspectiva, antes de declarar una guerra frontal al narcotráfico y el crimen organizado, el Gobierno tendría que tener muy claro cuál es su fuerza y cuáles son los recursos con que cuenta para ir a ese combate. Si el Gobierno no tiene claridad de que duerme con el enemigo, declarar una guerra podría significar suscribir desde ahora una derrota. Si buena parte de los cuerpos destinados a prevenir, perseguir y custodiar a los delincuentes forma parte de la delincuencia, es punto menos que imposible ganar esa guerra.
A ese inventario de los recursos con que verdaderamente se cuenta, habría que añadir el análisis de la estructura y la estrategia con que se quiere librar la batalla. Lo evidente es que ni en ese renglón se han hecho consideraciones serias. El diseño del aparato del Estado para encarar al crimen muy lejos está de ser el indicado. La prevención del delito está en una secretaría, la inteligencia para proporcionar información en otra y la persecución de delito en otra instancia y a ese enredo estructural se agrega el coyuntural: los funcionarios de esas dependencias no han mostrado disposición a coordinar seriamente su actuación y a veces, ni siquiera a cooperar entre ellos.
Salir, así, a dar un combate es salir a dar palos de ciego con el peligro de terminar propinándose golpes a sí mismo el Gobierno.
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En todo esto, llama la atención la interpretación que el Gobierno hace de las ejecuciones llevadas a cabo por el narcotráfico. En su lógica, la violencia del narco es producto del éxito de los golpes dados a ese sector del crimen organizado.
Dice el comunicado de la Presidencia de la República: “Es claro que los homicidios cometidos en Tamaulipas constituyen un intento de desafío al Estado mexicano, como reacción a la contundencia con que el Gobierno Federal ha atacado los intereses del crimen organizado, principalmente el narcotráfico”.
El resumen de esa interpretación es absurdo: nos va mal porque hacemos muy bien la tarea. Los indicadores que el Gobierno pone en juego para demostrar “la contundencia” de su “ataque” al narcotráfico son fundamentalmente el número de capos capturados y la cantidad de droga decomisada. Y desde luego, no hay por qué regatear el logro supuesto en la captura de esos capos como tampoco el del aseguramiento de su mercancía.
Continuará mañana...
