La interpelación que hacen diversos de organismos empresariales de la Comarca Lagunera, respecto al aumento en los índices del tráfico y consumo de drogas en nuestra región, amerita una respuesta puntual por parte de las autoridades.
Pese a la justificación e insistencia de los reclamos de la ciudadanía, el delegado de la Procuraduría General de la República en Torreón, Tranquilino Juárez, no ha contestado con la puntualidad y comedimiento que exige la gravedad del caso, mediante un informe de cara a la sociedad que permita analizar y discutir el tema y proponer estrategias para el futuro.
La queja principal apunta a comparar los resultados que en ese rubro ofrecen el Grupo Especial Antisecuestros de la Policía Ministerial del Estado de Coahuila y la Policía Municipal de Torreón, cuya positiva labor al respecto, en una fase preventiva y por tanto aleatoria, contrasta con la displicencia de las autoridades federales a pesar que estas últimas son las que tienen la competencia por Ley y por tanto la responsabilidad en la guerra contra el narcotráfico.
No obstante que la generalidad de las protestas son fundadas, algunas de ellas son exageradas y fuera de lugar, como la expresada por el presidente de la Asociación de Abogados de la Comarca Lagunera del estado de Durango, que asegura que el crimen organizado tiene el “control absoluto” de la región. Es necesario situar el problema en su justa dimensión, a fin de que tales declaraciones no sean el pretexto que conduzca al desprestigio del reclamo y consecuente desatención.
El tráfico y consumo de drogas es un problema que en efecto ha rebasado a la sociedad y al estado, no sólo en nuestro país sino en muchas otras partes del mundo.
La cuestión es cultural. El consumo de drogas destruye la salud corporal y síquica del ser humano y plantea un desafío al orden legal. El tema se asocia a la ausencia de sentido de vida y al vacío existencial que afecta al hombre actual, presa de la búsqueda del placer y del consumo obsesivo de bienes materiales.
Desde esa perspectiva, valores tales como la vida o la libertad, se subordinan a la disposición de dinero fácil y en abundancia, como determinante de la calidad de esa vida que de otra suerte no vale la pena ser vivida y por ello, personas de cualquiera edad y de muy diferentes posiciones sociales o grados de educación, son capaces de arriesgarlo todo, incluso su vida y su libertad.
El combate a los cárteles que condujo a la aprehensión de algunos de sus cabecillas, pulverizó las viejas organizaciones creando otras que disputan entre sí, ya no las regiones del país como antes ocurría, sino cada barrio y esquina de nuestras ciudades, con el añadido de que las drogas en boga son productos sintéticos (tachas), fabricados en laboratorios ubicados en el mismo lugar del consumo.
Lo anterior genera redes criminales que se incorporan y sobreponen a las estructuras sociales y crean un segmento de economía informal que corrompe a las mismas autoridades. A ello se debe que el narcomenuedeo florezca con el apoyo de elementos tecnológicos asimilados a la economía formal (telefonía celular) y al través del transporte público (taxis), empresas de servicio de mensajería y mediante puntos de venta ubicados en casas particulares de familias que llevan una vida normal en apariencia, lo que dificulta las operaciones de prevención y castigo.
En los casos en los que la Policía llega a sorprender a un distribuidor en flagrante delito, por lo general se le detiene con pequeñas dosis que le permiten alegar que están destinadas a su consumo personal y como consecuencia, obtiene su libertad bajo fianza.
El más grave riesgo para los narcotraficantes grandes o pequeños son ellos mismos, en función de que las ambiciones de dinero y poder recurren en ajustes de cuentas, que de ocasionales en el pasado, hoy día se han vuelto permanentes.
En una sociedad hedonista en la que los elementos de cultura popular difundidos al través del cine, la televisión, la música, etcétera, hacen una apología constante de la vulgaridad y de la vida fácil e irresponsable, es hipócrita rasgar las vestiduras y mostrar extrañeza frente a los avances del crimen organizado.
En todo caso, la responsabilidad que implica el tráfico de drogas para cada uno de los protagonistas sociales, no excluye en manera alguna la que corresponde a las autoridades. La interpelación que hacen sobre el tema del narcotráfico los organismos intermedios de la región, debe ser el punto de partida para atender el problema desde ambas perspectivas: la de la Sociedad y la del Gobierno.
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