La corrupción que impera en el control aduanal por la internación de autos y camionetas usadas sin pagar impuestos, se ha convertido en un problema que está creciendo en forma alarmante, que ha tolerado el Gobierno Federal indebidamente, independientemente del tráfico de mercancías en el mismo tenor, pero vamos a ocuparnos en esta ocasión a los vehículos chuecos, llamados chocolates.
¿Cómo es posible que no exista una solución al problema?, el Gobierno del centro no ha sentado bases firmes por conducto de la Secretaría de Hacienda para frenar ese ilícito que están cometiendo los agentes aduanales en la frontera, que se están llenando los bolsillos enriqueciéndose a costillas del fisco federal, ocasionando de paso un problema social de inseguridad ya que dichos vehículos se amparan con engomados de organizaciones sin portar placas, no pagar tenencias, llegándose a dar casos en que intervienen en accidentes y hasta ilícitos, que no pueden identificarse plenamente por no estar registrados en el control vehicular de Tránsito.
El adquiriente de vehículos en esas condiciones en la mayoría de los casos es de personas que no tienen para pagar un auto a un precio accesible, ya que los usados del país no están a su alcance, por eso se ven en la necesidad de tomar el riesgo adquiriendo un vehículo en esas condiciones, ya que es imprescindible tener en qué transportarse, lo que es una razón válida dentro de lo que cabe.
En la actualidad está en su vigor la internación de vehículos que se pueden importar legalmente al país, exclusivamente de camionetas pick up de modelos de diez años anteriores, es decir del modelo 95 para abajo, dicho trámite se realiza al cruzar la frontera con la intervención de una agencia aduanal para gestionar el pedimento de importación y pagar el impuesto que corresponda.
El Tratado de Libre Comercio (TLC), tiene contemplado liberar para su libre importación vehículos usados a partir del año 2009 en forma permanente, dicho acuerdo acabará de tajo con ese problema y existe la posibilidad de adelantar fechas para que se pueda regular de una vez por todas, en lo cual beneficiaríaa la economía del país en un estrato importante de la población.
Las regularizaciones que se han realizado a través de los años demuestran que no afectan a la planta automotriz del país en lo más mínimo, lo que afectan es la comercialización de los vehículos ilegales mientras no se regularicen.
En lo que sí trastoca es en la venta de unidades de los negocios establecidos en ese ramo, por los precios diferenciados que existen de una unidad ilegal a una nacional.
En este orden de cosas el problema es mayor, ya que se tiene un cálculo estimado de cerca de un millón de vehículos ilegales internados a territorio nacional, lo que representa un negocio redondo de las organizaciones que otorgan los engomados para amparar esos vehículos y de los aduanales corruptos que reciben en beneficio propio muy buenos dividendos.
Así es que de hecho es necesario que las autoridades federales y la Cámara de Diputados le den curso a esas iniciativas, -si es que realmente existen-, para darle solución definitiva a este problema que se está tornando en un caos realmente serio, que amerita se le dé la atención a la brevedad posible.
