a pesar de los avances técnicos y profesionales de la comunicación, lamentablemente la libertad de expresión vive hoy en día serias amenazas, incluso peores que en el pasado porque provienen de grupos clandestinos que están dispuestos a todo.
Durante la dictadura priista ejercer la libertad de prensa en México implicaba riesgos en materia legal, fiscal y económica y sólo en contadas ocasiones se recurría a la agresión física.
En América Latina no existe actualmente profesión más riesgosa que la del periodista. Los asesinatos de comunicadores son el pan de cada día, en ocasiones sin causa justificada.
Pareciera que los narcotraficantes con el apoyo de policías corruptos realizan estos atentados como una estrategia para alejar a los medios informativos de toda investigación que pueda delatarlos o “calentarles” la plaza como se dice en el argot de la mafia.
Para tal realidad no existe mejor solución que exigir una y otra vez a las autoridades que investiguen y apliquen todo el rigor de la Ley en contra de los agresores.
Combatir el velo de impunidad que cubre los atentados es responsabilidad ineludible de los gobernantes porque sin justicia no hay libertad de prensa y sin libertad no hay desarrollo en nuestros países.
Paralelo a la violencia física se ciernen otros enemigos de la libre expresión, algunos de ellos más sutiles pero igual de nocivos para la sociedad.
Una de estas amenazas que ha crecido peligrosamente es la violación del secreto profesional, en este caso del derecho que todo periodista tiene de mantener bajo reserva la identidad de sus informantes.
Gracias a este derecho en Estados Unidos fue posible denunciar el mar de corrupción que envolvió al Gobierno de Richard Nixon, quien se vio obligado a renunciar ante las denuncias periodísticas valientes y profesionales.
¿Qué sería hoy de Norteamérica sin Watergate? Seguramente este país habría perdido credibilidad y por ende su liderazgo y dinamismo que lo mantiene como la primera potencia mundial.
En base al secreto profesional que permitió el escándalo de Watergate, los medios de comunicación pueden revelar hoy en día los abusos contra reos en Guantánamo, las torturas humillantes en la prisión de Abu Ghraib, así como difundir un documental con las tonterías cometidas por el gobierno de George W. Bush a raíz de los atentados terroristas de 2001.
Apenas la semana anterior y luego de 30 años supimos que Mark Felt, ex subdirector del FBI, fue el misterioso informante de Watergate conocido como “Garganta Profunda”.
Si alguna autoridad hubiera obligado a los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post a difundir la identidad de su fuente, Nixon habría seguido en la Casa Blanca sin desmantelar sus intrincadas redes de espionaje y corrupción.
Por ello resulta inexplicable que las autoridades exijan hoy en día a los periodistas revelar sus fuentes bajo la amenaza de ser llevados a la cárcel.
En México apenas se difunde un reportaje sobre la colusión entre narcos y autoridades, cuando surgen citatorios para los reporteros a fin de que revelen la identidad de sus fuentes.
Lo mismo persecuciones contra medios informativos cuando a la autoridad le incomoda la crítica como ocurre en estos momentos con la demanda de Martha Sahagún en contra de la escritora Olga Wornat y la revista Proceso.
La violación del derecho al secreto profesional también se practica en Estados Unidos en donde se ha llegado al extremo de encarcelar a comunicadores por no revelar sus fuentes.
Distintos organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa insisten en defender este derecho, pero la lucha es incipiente y todavía infructuosa.
¿Cuántos Watergates permanecen ocultos en Latinoamérica por los excesos de la delincuencia y las autoridades que impiden ejercer cabalmente la libertad de expresión?
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