“La Ley es la conciencia de la humanidad”.
Concepción Arenal
Que el presidente de la República destituya a un miembro de su gabinete es perfectamente correcto y natural. El jefe del Ejecutivo tiene esa facultad y debe tener la entera libertad de usarla si quiere cumplir con su deber.
Que el presidente despida a un procurador de justicia porque insiste en aplicar la Ley es muy cuestionable. La información disponible en este momento permite suponer que ésa fue precisamente la razón por la cual el presidente Vicente Fox le exigió la renuncia a Rafael Macedo de la Concha. Un procurador persistente y comprometido con la aplicación de la Ley es un gran activo para cualquier Gobierno, pero se convierte en un pasivo cuando insiste en continuar un proceso que le resulta incómodo al jefe del Ejecutivo.
Que el presidente de la República escoja a un colaborador cercano y leal para ocupar una posición en el gabinete es perfectamente comprensible y correcto. Un gabinete es, después de todo, un equipo de trabajo. Y funciona mejor cuando está unido y colabora todo con el mismo objetivo.
Que el presidente de la República escoja como procurador de justicia a un hombre cuya experiencia profesional previa a su reciente ingreso al Gobierno fue la de ser notario, y cuya característica personal más importante ha sido su cercanía y lealtad con el presidente, es cuestionable.
En una democracia moderna es conveniente que la procuración de justicia la encabece una persona independiente, apoyada por una institución autónoma y nutrida por un servicio civil de carrera, como ocurre en el Banco de México o en el Poder Judicial, y que no esté sometida al presidente.
Que el presidente busque una distensión política en un momento tan importante como éste es positivo. México no debe sufrir enfrentamientos que pongan en riesgo su estabilidad por un delito que ameritó una fianza de apenas dos mil pesos.
Que la Procuraduría General de la República simplemente deje transcurrir sin acción el lapso en que tendría que haber apelado el rechazo de un juez -debido a un legalismo que tiene que ver con el pago irregular de una fianza y no con el fondo del asunto- a un pliego de consignación en un caso por desacato a un amparo es inaceptable. Las procuradurías tienen la obligación de aplicar la Ley, aun cuando el Ejecutivo pueda buscar condiciones que impidan que esta aplicación ponga en peligro la estabilidad nacional.
Que el presidente de la República sugiera modificar el artículo 111 de la Constitución para eliminar su disposición actual de despojar a un funcionario acusado de un crimen antes de que sea declarado culpable es absolutamente correcto. La redacción presente del artículo 111 de la Constitución viola el principio de presunción de inocencia y nadie, ni Andrés Manuel López Obrador ni ninguna otra persona, debe ser castigado judicialmente antes de que se dicte una sentencia en su contra.
Que se sugiera desde la propia Presidencia de la República que el desacato a una orden de un juez producto de un juicio de amparo es un delito inexistente, porque la Ley de Amparo remite al Código de Procedimientos Penales para establecer una pena equivalente a la de abuso de autoridad, es poner en tela de juicio la existencia misma del amparo. De nada sirve que nuestra legislación nos dé el amparo como única arma para defendernos de los abusos de la autoridad si no se puede aplicar ninguna sanción a quien viole un fallo.
El peor legado que nos podría dejar el proceso en contra de Andrés Manuel López Obrador no es la inhabilitación de un aspirante a la Presidencia de la República sino la desaparición del amparo como un arma eficaz con la que los gobernados pueden enfrentar a los gobernantes en los tribunales.
Que el presidente de la República llegue a acuerdos con los partidos de oposición, aunque sea para resolver un conflicto de una persona y no los grandes problemas nacionales, es indispensable. Que se tomen medidas para darle credibilidad al proceso electoral de 2006 es también importante.
Pero que el Gobierno decida establecer como principio que la Ley no es igual para todos, que hay personas tan poderosas que no deben estar sometidas a su imperio, es absolutamente inaceptable.
Una cosa es que los poderosos siempre hayan encontrado formas de evadir subrepticiamente el cumplimiento de la Ley, pero otra muy distinta que esta excepcionalidad de los poderosos se convierta en regla abierta.
GABINETAZO
Se dijo que el gabinete incluiría sólo a los más calificados. Originalmente se utilizó incluso a reclutadores profesionales para configurarlo. Pero desde hace un par de años el presidente Fox sólo ha nombrado al gabinete a sus amigos y colaboradores más leales, aun cuando no tengan nada de experiencia en sus nuevos campos de responsabilidad.
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