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La oportunidad de oro/No hagas cosas buenas...

Enrique Irazoqui

En la última semana se ha suscitado un debate importante debido a la instalación del cableado para suministro eléctrico subterráneo en el Centro Histórico de Torreón. En el debate están inmersos esencialmente cuatro actores de esta sociedad: la Cámara de Comercio, el Municipio, la Comisión Federal de Electricidad y los vendedores ambulantes, actualmente instalados en el lugar.

Con un costo aproximado de 17 millones de pesos, cubiertos de manera tripartita por el Gobierno del Estado, el Municipio y la propia CFE, la obra está en este momento en un punto decisivo ante la disyuntiva de permitir que los ambulantes se puedan conectar eventualmente a la nueva red o que sea la oportunidad de erradicar ese fenómeno, el que por años se ha tolerado en todo el país.

El conflicto tiene esencialmente dos antagonistas: el comercio formal contra el ambulantaje. Los formales arguyen que tienen una competencia desleal, que los informales están fuera de la Ley al ser perennes evasores del fisco, además permanecen al margen de cargas impositivas; las cuales en los locales establecidos se tienen que afrontar.

Mientras tanto, los comerciantes informales apelan a la necesidad del autoempleo y comercio hormiga debido a la eterna crisis económica y que basados en estos argumentos han podido operar en las calles del Centro Histórico sin contratiempos mayores.

Quedan dos partes en el asunto: la Comisión Federal de Electricidad y la autoridad municipal. La primera, organismo público pero alejado de los reflectores políticos locales, intenta permanecer al margen de la situación, en tanto el alcalde Guillermo Anaya, de plano se ha deslindado de tomar una posición definitiva en el asunto y espera que el tiempo transcurra. Anaya Llamas de plano ha decidido tácitamente heredar el asunto a su sucesor, el también panista y flamante alcalde electo, José Ángel Pérez.

El tiempo se está acabando para todos y es necesario poner en la mesa de la discusión, cuál de las posibles soluciones sería la mejor para la comunidad. El primer supuesto es que los ambulantes logren la conexión y que todo permanezca igual, con lo cual, se daría al traste con la idea original de un servicio eléctrico bajo tierra, que es el de la limpieza panorámica. Ya no estarán los cables, pero las banquetas continuarán llenas de armatostes, por lo que el aspecto del Centro Histórico seguirá siendo el de un rancho grande y los 17 millones provenientes del dinero público, bien gracias, bonita obra.

La segunda opción es que se niegue el servicio de energía a los informales y que el proyecto se cristalice. Esto traería como consecuencia un disturbio con costo político, que el presidente municipal aparentemente ya ha sopesado y decidido al respecto: pretende lavarse las manos señalando que él no es la autoridad correspondiente para resolverlo y endosa el problema a la CFE, pero ésta a su vez, está obligada por la Ley de Energía a surtir a todo aquel que esté en regla y que no haya impedimento físico para hacerlo.

La compañía de energía está obligada entonces a proporcionar el suministro si se le cubre el costo de los contratos y si se le demuestra la propiedad o un contrato de arrendamiento o algo similar como la concesión o un permiso para lugares públicos, en este caso el emitido por Plazas y Mercados dependencia del municipio, haría las veces de contrato.

La realidad está en que Anaya tiene una oportunidad de oro para limpiar el centro de la ciudad, es cierto que podrá dejar sin fuente de trabajo a alrededor de 150 personas, pero tampoco es toda verdad que los puestos ambulantes sean de quienes los trabajan, sino que son simples empleados de gente con capacidad económica y que surten los puestos en camionetas de modelo reciente y con características más allá de simples muebles de trabajo. Por supuesto que esto que sucede no es general, habrá también quien atienda su propio puesto.

En las decisiones de los verdaderos servidores públicos, a veces se tiene que enfrentar este tipo de disyuntivas, donde se tiene que afectar a alguien en pos de un bien general, veremos si el saliente presidente municipal tiene todavía los arrestos para afrontarla o de plano no quiere menearle mucho pensando en un posible escaño en el Senado.

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