“Los ladrones creen en la propiedad; lo
malo es que les inspira un excesivo amor”.
G.K. Chesterton
La justicia mexicana es lenta. Esta semana el Gobierno del Distrito Federal obedeció finalmente la orden de un juez y pagó la expropiación de 40 millones de pesos por el predio en que se encuentra la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) junto a la pirámide de Cuicuilco. La expropiación se hizo en 1968. Han pasado 37 años para que el propietario reciba finalmente la indemnización de Ley.
Ojalá que éste fuera sólo un caso anecdótico y excepcional. Pero a lo largo de décadas, los Gobiernos mexicanos han tomado de manera sistemática la propiedad privada de manera injusta y muchas veces sin indemnización. Ha sido apenas en los últimos años cuando los tribunales han decidido a aplicar la Ley que permite la expropiación sólo por causa de utilidad pública y con previa -“previa”, no significa en 37 años”- indemnización.
La discusión pública sobre la ENAH se ha centrado en si la Secretaría de Educación Pública debe pagar un alquiler acumulado de 35 millones de pesos por el tiempo en que ha usufructuado ese predio, con lo cual le compensaría al Gobierno capitalino el costo de la indemnización. Por supuesto me parece correcto que la SEP o la ENAH hagan frente a su obligación. Pero no olvidemos que el tema fundamental aquí es que un Gobierno puede quitarle un terreno a un particular, por un supuesto motivo de utilidad pública, y pagar la indemnización de Ley sólo 37 años después.
Muchos estudios demuestran la estrecha relación entre la fortaleza de los derechos de propiedad de un país y su prosperidad. Los países que respetan la propiedad tienen más inversión y por lo tanto le dan un mejor nivel de vida a sus gobernados. Hay algunas circunstancias en las que virtualmente todos los países del mundo permiten las expropiaciones; fundamentalmente, para realizar obras de infraestructura como carreteras o ferrocarriles, etc. En unos cuantos países se permite, además, las expropiaciones para realizar obras privadas, pero que realmente tengan una utilidad pública. En todos los casos se impone la obligación de indemnizar de forma suficiente y oportuna al legítimo propietario.
En México, sin embargo, una de las expresiones del autoritarismo gubernamental ha sido la expropiación discrecional, muchas veces para beneficiar intereses privados y con frecuencia sin una indemnización adecuada y oportuna. Los casos están por todos lados. Punta Diamante, en Acapulco, se desarrolló en terrenos expropiados y entregados a grupos privados cercanos al entonces gobernador guerrerense, José Francisco Ruiz Massieu. La actual zona de Santa Fe de la Ciudad de México, llena de majestuosos edificios de oficinas y residencias, surgió también de una serie de expropiaciones.
Los políticos mexicanos que defienden las expropiaciones suelen sostener que la propiedad privada no es un derecho absoluto: la comunidad tiene derecho a hacer a un lado los derechos de propiedad para conseguir beneficios sociales ya que ésta es una forma de lograr una mejor distribución de la riqueza.
Pero hay buenas razones para cuestionar la ética de este razonamiento. Las expropiaciones convertidas en arma de una supuesta distribución de la riqueza justificarían cualquier robo realizado por una persona más pobre que la víctima. La consecuencia práctica sería crear o un régimen comunista, sin derechos de propiedad, o una Ley de la selva en la que sólo los más fuertes podrían conservar sus propiedades.
En la práctica, en México las expropiaciones no son ni siquiera un instrumento de distribución de la riqueza. La enorme mayoría de quienes son objeto de expropiación tiene muy escasos recursos y los predios que se les quita terminan siendo objeto de usufructo por personas o empresas infinitamente más prósperas. Está ahí el caso de los ejidatarios de San Salvador Atenco, que el Gobierno quería expropiar a precios ínfimos para construir un aeropuerto que sería un excelente negocio. Más que instrumentos de distribución de la riqueza, las expropiaciones son una forma más en que los ricos despojan a los pobres de lo poco que tienen.
Algunos izquierdistas siguen, por supuesto, aferrados a los viejos dogmas. Para ellos, la propiedad privada es un robo. Otras izquierdas más modernas, comprometidas en verdad con el combate a la pobreza, defienden los derechos de propiedad no sólo por razones éticas sino como una buena política social. Cuando los derechos de propiedad están garantizados por el Estado, la inversión se intensifica y genera mayor prosperidad. Por eso los regímenes socialistas progresistas, los de Europa o Chile, le apuestan a la protección de los derechos de propiedad.
En México, infortunadamente, nuestra izquierda sigue siendo marxista. Veamos el caso del predio de la refresquera Pascual, que a pesar de las decisiones de los tribunales el Gobierno capitalino insiste en quitarle a una viuda para entregarlo a una próspera empresa privada.
¿PRIMERAS DAMAS?
Andrés Manuel López Obrador dice que no se casará. Felipe Calderón tiene un matrimonio con una diputada de su partido. Roberto Madrazo está casado con una mujer que ha sufrido una larga y penosa enfermedad. Los tres viven una situación distinta a la tradicional. Bienvenida sea en un país en que las relaciones familiares son cada vez más diversas.
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