“¿Quieres cerrar las avenidas del mal? Paga todas las deudas, como si Dios mismo hubiera hecho la factura”.
Ralph Waldo Emerson
En varias ocasiones he tenido diferencias con TV Azteca, una empresa para la que sin embargo trabajo y las he expresado públicamente. Los dos casos más notados fueron la cobertura del homicidio de Paco Stanley en 1999 y la toma del Chiquihuite en 2002. En esta ocasión, sin embargo, estoy convencido que el rescate que los empresarios Ricardo Salinas Pliego y Moisés Saba hicieron de la empresa Unefon en 2003 fue correcto.
La Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos ha entablado una demanda civil en contra de Salinas Pliego y algunos ejecutivos de TV Azteca que pretende, dentro de la filosofía de la nueva Ley estadounidense Sarbanes-Oxley, defender los intereses de los accionistas minoritarios de TV Azteca, empresa propietaria de una parte de Unefon. Pero los intereses de estos accionistas habrían sido los más afectados si Codisco, la firma de Salinas Pliego y Saba, no hubiese comprado la deuda de Unefon.
Desde su creación en 1999 Unefon operó bajo un contrato con Nortel, empresa canadiense que le proveía equipo y financiamiento. En 2002, con el desplome del mercado de telecomunicaciones, Nortel se enfrentó a graves problemas financieros y suspendió el contrato con Unefon. Esto colocó a la telefónica mexicana en una situación muy difícil, en la que ya no podía crecer por carecer de proveedor de equipo y de fuente de financiamiento.
La cancelación del contrato llevó a una serie de demandas y contrademandas entre Nortel y Unefon. Pero como suele ocurrir en estos casos, ambas empresas se veían perjudicadas. En junio de 2003, por lo tanto, las dos llegaron a un acuerdo para terminar los litigios, pero Nortel exigió el pago anticipado de una deuda que ascendía a 368 millones de dólares.
Unefon no tenía ni remotamente esa cantidad. Pagó 43 millones, pero se necesitaba a alguien que cubriera los otros 325 millones. Y no había candidatos. Al final Salinas Pliego y Saba constituyeron una firma llamada Codisco para comprar la deuda, que Nortel vendió en 107 millones de dólares. ¿Por qué un precio tan bajo? Porque esa deuda tenía un enorme descuento en el mercado ante el riesgo de que Unefon no pudiera sobrevivir.
Tres meses después de esta transacción, en septiembre de 2003, Unefon llegó a un acuerdo con Telcel, la telefónica de Carlos Slim, para alquilarle por 268 millones de dólares una importante cantidad de espectro radioeléctrico. Este ingreso le permitió a Unefon recomprar su deuda y liberar los activos hipotecados. La recompra beneficiaba a Unefon porque le permitía acceso a crédito más barato en el mercado y le ahorraba 42 millones de dólares al año.
La operación salvó a Unefon, pero benefició también a los accionistas de TV Azteca, que de otra manera habrían perdido el dinero invertido en la telefónica. Codisco obtuvo una utilidad muy importante, de 218 millones de dólares, pero en una operación muy riesgosa cuyo fracaso habría implicado la pérdida de la inversión original.
La SEC acepta implícitamente que el rescate fue legal. Por eso no inició acciones penales sino civiles y por eso no ha demandado a Saba. El juicio civil en contra de Salinas Pliego y otros ejecutivos de TV Azteca plantea que éstos sabían de antemano que Telcel alquilaría espectro de Unefon tres meses después de la compra de deuda. Pero toda la información disponible sugiere que el trato con Telcel surgió después. De hecho, es lógico que Unefon haya seguido buscando maneras de resolver su precaria situación financiera hasta el logro del acuerdo con Telcel.
El caso es complicado y está claro que se arrastrará mucho tiempo en los tribunales. Entiendo que los señores Salinas Pliego y Saba no son hermanas de la caridad: apostaron su dinero para rescatar a Unefon porque, como accionistas mayoritarios, les convenía mantener a flote la empresa. Ahora bien, independientemente del resultado del juicio, no tengo duda que los accionistas minoritarios de Unefon y de TV Azteca se contaron entre los beneficiarios de la operación.
No sólo se preservó el valor de sus acciones, sino que no tuvieron que arriesgar dinero de sus propios bolsillos para resguardar ese patrimonio.
Error u nulidad
Si bien reconoció que la Suprema Corte cometió un error en el acuerdo 12&2004 que permitía admitir asuntos urgentes en los recesos del Poder Judicial, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia rechazó por improcedentes dos incidentes de nulidad de los diputados por la aceptación de la controversia constitucional del presidente Fox que se basó en ese acuerdo. Habrá que ver si ahora se añade a Ortiz Mayagoitia a la lista de ministros a los que se amenaza con juicio político.
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