si la justicia electoral no lo impide, hoy triunfará la deplorable y peligrosa combinación de abuso priista en el Estado de México y la irresponsabilidad de la autoridad organizadora de las elecciones, que se declaró incapaz de cumplir una de sus funciones primordiales, la fiscalización del gasto. Si en una línea de acción semejante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no anula los comicios mexiquenses del tres de julio, dará vía libre para que el proceso federal del año próximo se ensucie con el derroche de dinero que el IFE no pueda vigilar y menos castigar.
Desde la campaña misma era evidente que el PRI (y su patiño, el Verde) jugaba a convertir en hecho consumado, irreversible, su derroche propagandístico. Además de su onerosísima presencia visual en los paisajes urbano y rural y el aparato logístico que permitía la concentración de multitudes y la ubicuidad del candidato mediante el uso de transportes caros, la diseminación de spots en radio y televisión, no sólo mexiquenses sino en las entidades vecinas configuró un claro exceso en el de suyo elevado límite de gasto, cifrado en casi 217 millones de pesos.
El dispendio propagandístico surtió el efecto esperado, que consistió en convertir la tenue presencia de un político bisoño, que en diciembre pasado apenas figuraba en las encuestas internas del PRI, en el candidato abrumadoramente triunfador que recibió la constancia de mayoría y fue declarado gobernador electo. Entonces tocó el turno al consejo del Instituto Electoral del Estado de México y al tribunal local respectivo. Pese a las quejas de las coaliciones perdedoras, el IEEM se parapetó detrás de una legislación presunta o realmente insuficiente, y en las frágiles condiciones de su integración para eludir el cumplimiento de sus responsabilidades.
El consejo había sido renovado tras un escándalo de corrupción y la novatez de sus miembros los condujo a depender de la estructura administrativa viciada que había propiciado la descomposición del grupo director expulsado y permaneció intacta, como remanente de un pasado remoto.
Visto que la comisión de fiscalización del consejo electoral se hacía remolona en la emisión del dictamen sobre el gasto de la alianza ganadora y el tribunal local avalaba su abulia, la coalición del PAN y Convergencia se quejó ante el tribunal federal de que mes y medio después de los comicios no había respuesta a sus reclamos (similares y paralelos a los del PRD y el PT) sobre el exceso de gasto priista. El 24 de agosto el Trife ordenó a esa comisión que en cinco días desahogara la tarea que había omitido realizar. Por mayoría de dos votos a uno, los fiscalizadores respondieron el 30 de agosto que Peña Nieto no había rebasado el tope de gasto. Tan sesgada o torpemente cumplieron su encomienda, que determinaron que el gasto priista había ascendido a 179 millones de pesos. No les pareció elemento conveniente para su indagación el dato ofrecido por el propio PRI de que había erogado 207 millones de pesos.
El dictamen de esa comisión se discutió en el consejo general el dos de septiembre y al cabo de una larga sesión ese órgano “determinó que no existen elementos probatorios suficientes para establecer si existió rebase en los topes de campaña” de Peña Nieto. Su presidente, José Núñez Castañeda, explicó que esa labor “es un asunto delicado, máxime si no se tiene tiempo suficiente para establecerlo”. Lo había tenido el órgano electoral, pero lo dejó pasar hasta que el tribunal federal lo apremió a cumplir una función para hacer lo cual, a la postre, se declaró incompetente. Eso sí, el consejo advirtió que su excusa “no impide que en el proceso de revisión de los dictámenes financieros relacionados con la totalidad de los gastos de campaña, se llegue a una conclusión distinta”.
Es decir, según la comodina resolución de ese órgano electoral, es posible que se compruebe que Peña Nieto gastó de más, sin que ello provoque consecuencia jurídica alguna, pues para entonces el acompañante del ex presidente Salinas: se sentaron juntos en Celebremos (a) México cuatro días antes de esta peregrina decisión del órgano electoral, ya habrá tomado posesión como gobernador.
Las coaliciones derrotadas por el abrumador derroche acudieron al Tribunal Federal Electoral, que hoy debe resolver los recursos respectivos. Dirá su última palabra en las próximas horas, pues la toma de posesión del gobernador está prevista, según la constitución local, para el 16 de septiembre.
El vigente código electoral mexiquense, que en su versión original, de 1996, no preveía causal ninguna de nulidad de la elección de gobernador establece ahora, conforme a una reforma de 1999, que el exceso de gasto es motivo para anular la elección de gobernador. Dice el Artículo 299, en inciso c) de su fracción IV que podrá llegarse a ese extremo “cuando se excedan los topes para gastos de campaña”.
Por causas diferentes, el Trife anuló las elecciones de Tabasco y Colima. Puede hacerlo también hoy, con las mexiquenses, salvo que se adhiera a la inaceptable línea de conducta de los órganos locales que por un lado reprochan a quejosos y denunciantes su incapacidad para ofrecer pruebas de la infracción a la Ley y por otra se abstienen de emitir, o lo dejan para después, cuando ya no causen efecto alguno, resoluciones que frenen el dispendio. Premiar la dilapidación, caer en la trampa mexiquense, en la combinación de derroche y disimulo será un pésimo antecedente para 2006.
