la legislación electoral de Coahuila que hace tres años fue presentada por el Gobierno de Enrique Martínez como ejemplo nacional y de vanguardia, hoy día muestra su verdadera cara como camisa de fuerza que restringe la participación en los procesos electorales.
A ello se debe que en virtud de las limitaciones que la Ley establece para la promoción de los ciudadanos que deseen contender por un cargo de elección popular y la brevedad de los tiempos de campañas y precampañas, los coahuilenses estemos enfrascados en el debate sobre la simulación que implica, la realización encubierta de precampañas por parte de todos los precandidatos y partidos.
De acuerdo a la publicidad que acompañó al nacimiento de la Ley Electoral, se consideró un gran logro la reducción de los tiempos electorales y el establecimiento de “topes diferenciados” en los gastos de cada partido, lo que generó a la postre una fuente de iniquidad que privilegia a los aspirantes emanados del gobierno estatal y su partido.
La disposición contenida en el artículo 107 de la Ley Electoral de Coahuila, que prohíbe la promoción de los ciudadanos a los tiempos cargos electorales fuera de los asfixiantes plazos que la propia Ley establece, constituye una violación a los derechos constitucionales de libertad de expresión y vulnera los derechos políticos.
Esta situación discriminatoria de las intenciones legítimas de participación, es referida por el actual secretario de Gobierno Raúl Sifuentes como “blindaje contra los arribistas” al afirmar con cinismo increíble, que “sería ridículo que... para aspirar a la gubernatura del estado, hay que trabajar mucho en cuarenta y cinco días”.
En otras palabras, la Ley se hizo en forma deliberada para mantener en el juego sólo a los funcionarios públicos en turno, que son iluminados por los reflectores de la publicidad oficial pagada con dinero del pueblo y para excluir a todo ciudadano que no se encuentre en ese supuesto.
Por ello no es extraño que entre los aspirantes a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, actualmente en el Gobierno, se presenten sólo funcionarios integrantes del primer círculo del gobernador que por cierto ya gastaron en promover su imagen más dinero que el que autoriza la Ley en el marco de las campañas constitucionales.
Es cierto que los aspirantes del Partido Acción Nacional hacen lo propio para no quedar en desventaja, propiciando todo esto una enorme simulación que deriva de un marco legal radicalmente injusto.
La camisa de fuerza sin embargo comienza a operar como trampa para los mismos que la diseñaron. La utilización selectiva de apoyo gubernamental y recursos públicos de los precandidatos priistas, ha generado profundas divisiones que amenazan con la ruptura y la dispersión en el seno del PRI.
A ello obedece la presencia de Manuel Cavazos Lerma, ex gobernador de Tamaulipas que el lunes pasado visitó Coahuila como delegado “especial” del PRI nacional, haciendo un llamado a la unidad priista que implique la designación de un precandidato a gobernador único y de consenso, lo que haría una farsa del proceso de selección interna que se pretende hacer mediante consulta ciudadana.
La lectura entre líneas que la visita ofrece, apunta a reconocer la intención del gobernador Enrique Martínez por reencauzar el proceso priista de selección de candidato por esa vía, para regresar a los antiguos cauces del “dedazo”, como decisión unipersonal indiscutible del mandamás en turno.
Claro que tal idea no puede aparecer abiertamente como del gobernador, porque sería tanto como negar a los militantes de su partido el derecho de libre participación en el proceso interno, que él exigió para sí y obtuvo en su beneficio hace seis años.
Atento a los antecedentes que indican un desencuentro fundamental entre Enrique Martínez y Roberto Madrazo, no se puede entender que la visita de Cavazos Lerma obedezca a una iniciativa de la dirigencia nacional priista y con mayor razón, porque el delegado “especial” es íntimo amigo del gobernador y cuadro fundador del grupo de gobernadores que se oponen a Madrazo.
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