Para concluir su desempeño como secretario de Gobernación Santiago Creel escogió asemejarse a Emilio Gamboa Patrón, quien a punto de dejar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prodigó concesiones de radio y televisión de las que una década más tarde obtiene todavía provecho. A diferencia del ahora senador yucateco, que no tenía futuro electoral inmediato, el precandidato presidencial panista firmó de última hora autorizaciones que podrían rentarle dividendos políticos en la contienda interior del PAN y eventualmente, en la disputa constitucional por la Presidencia de la República. Lo hizo en el espinoso campo de los juegos de azar, con una alta apuesta por Televisa. Hasta este momento, sin embargo, si bien su figura aparece ya en la pantalla del principal canal de ese consorcio, la suerte está siéndole adversa.
El ámbito de los juegos y sorteos es surrealista. La Ley prohíbe las apuestas y sin embargo éstas menudean, no sólo en las ferias tradicionales sino en establecimientos dedicados ex profeso a explotar a ingenuos, codiciosos o neuróticos. Se ha creado así, arbitrariamente, un mercado del juego, plagado de irregularidades, entre otros factores porque la legislación vigente data de 1947. La autoridad solía hacer de la vista gorda en esta materia, o aprovechar los vacíos legales para hacer favores políticos en beneficio de personajes encumbrados y sus vástagos. Nunca sino hasta el año pasado se emitió el reglamento respectivo, omisión que favorecía ampliamente la discrecionalidad arbitraria y jugosa. Se esperaba que prosperara una nueva Ley de juegos.
Pero además de regular los ya establecidos, se pretendió que incluyera casinos, lo que generó oposición en círculos de la mayor diversidad. Por eso Gobernación decidió acortar el camino y ante la falta de legislación que abrogara o derogara a la de 1947, emitió un reglamento que entró en vigor en octubre pasado. Poco antes de que eso ocurriera se produjo el primer lance de esta batalla o francamente guerra.
La Cámara de Diputados, a instancias de dos de sus miembros priistas, exhortó a Gobernación a aplazar la vigencia del ordenamiento. Bucareli desoyó a San Lázaro y el reglamento rige y ha dado pie a regularizar negocios simple y llanamente ilegales, aunque algunos estuvieran protegidos por la justicia federal a través del amparo.
Dio lugar también a que prontamente se organizaran sociedades anónimas para participar en esta rentable actividad. En noviembre, la propia Cámara inició una controversia constitucional contra la Presidencia de la República porque el reglamento invade, a su entender, la esfera de competencia del Poder Legislativo.
Ciertamente es de llamar la atención que una Ley de 17 Artículos sea detallada en un reglamento doce veces más largo, de 153 artículos. Al admitir la controversia la Corte negó a la Cámara la suspensión solicitada, por lo que el reglamento está vigente y conforme a su contenido se desahogaron peticiones pendientes.
A partir del 21 de abril, en poco más de un mes han sido autorizados 176 books, como se llama en la jerga del caso a los centros de apuestas remotas y 206 bingos, es decir salas de sorteo de números. Quienes hasta ahora han dominado el mercado (Jorge Hank Rohn, por ejemplo, a través de su cadena Caliente) no fueron ajenos a las reacciones adversas a este activismo administrativo, que les genera una competencia sin la cual han medrado.
Pero desde perspectivas sanas se percibieron intenciones e irregularidades contrarias al interés general. Hace una semana, el viernes diez, los diarios Reforma y El Universal coincidieron en ofrecer la información desplegada bajo estos titulares: “Apuesta Creel por Televisa. Autoriza a empresas 65 casas de juego días antes de su renuncia en Gobernación” y “Abrió Creel a Televisa negocio de apuestas”.
El 25 de mayo, en efecto, fueron entregados permisos para que la empresa Apuestas Internacionales, SA, opere 65 books (del total de 176 autorizados a lo largo del mes anterior) y otros tantos bingos (del total de 206 anotado arriba). Y ocurre que la permisionaria es propiedad de Grupo Televisa, SA y Televisa Juegos, SA.
Como se sabe, Creel dejó de ser secretario el primer de junio, menos de una semana después de entregadas las autorizaciones. Tan pronto como se publicó esta circunstancia, el ex secretario se defendió mintiendo, atribuyendo la decisión a un Consejo consultivo de juegos y sorteos. La realidad es que, integrados a ese consejo, son colaboradores y subalternos del secretario quienes tienen voto en ese grupo, mientras que los tres representantes de la sociedad civil disponen de sólo voz y no se les puede imputar las decisiones de ese órgano, aunque sea colegiado.
Muy cuantioso negocio por sí mismo, Televisa parece haber obtenido estos permisos sólo como el primer paso para “instalar casinos en sus pantallas”, con ganancias calculadas en 680 millones de pesos en el primer año de operación. Tal intuición informada había sido difundida por Etcétera, una revista especializada en medios de comunicación que publicó ese atisbo en abril y en mayo confirmó su aseveración, antes que se documentara que en efecto los permisos a ese consorcio habían sido entregados.
Cuando Creel dio la espalda a la sociedad civil en octubre de 2002 en beneficio de Televisa y TV Azteca, el duopolio lo aplaudió. A través de la revista Vértigo, ahora la empresa de Ricardo Salinas lo ha llenado de reproches. No le duele la democracia, sino la chequera.
