Sólo queda el testimonial histórico. Los coahuilenses tenemos prácticamente definidas a las autoridades electas y lo que viene se antoja de mero trámite; sobre el recuento de los daños, vale la pena recordar que todas las posiciones, las filias y las fobias en materia política, son entendibles, respetables y hasta justificables, siempre y cuando se mantengan dentro de los parámetros de la Ley, la civilidad y el respeto.
Los datos son fríos: con el 97.80 por ciento de las casillas computadas en el ámbito estatal -que refieren una participación ciudadana del 52.77 por ciento- el candidato priista a la gubernatura, Humberto Moreira Valdés, tiene a su favor el 55 por ciento de los sufragios, poco más de 477 mil votos, contra el 33 por ciento del panista Jorge Zermeño Infante, cerca de 284 mil votos. A nivel local, con el 99.10 por ciento de las casillas computadas -que refieren una participación ciudadana en Torreón del 56.40 por ciento- el candidato panista a la alcaldía, José Ángel Pérez, tiene a su favor el 51 por ciento de los sufragios, casi 113 mil votos, contra el 43 por ciento del priista Eduardo Olmos, que se traduce en 93 mil 700 votos.
Los ciudadanos en Torreón deben, también, tener a la mano los datos que refieren un consolidado bipartidismo en la región, ya que el candidato del PRD a la alcaldía, el abogado Rodríguez, obtuvo sólo cuatro mil 500 votos. Más lejos aún quedan los abanderados del PT, con sólo mil 600 votos, o el de Convergencia, con 700. Mención aparte merece la candidata del Partido Verde Ecologista, Nanet Molina que logró, pese a todos sus esfuerzos por conquistar en las urnas no más que los sufragios de su parentela, mil 500 votos.
Tenemos entonces gobernador y alcalde electo y simplemente hay que asimilar el hecho y proceder a ese sano “borrón y cuenta nueva” en el costal de las pasiones. Sin embargo, no se trata de caer rendidos ante la fatalidad, sino el entender que más allá de los nombres o siglas partidistas, una autoridad puede ser tan eficiente y honesta como los ciudadanos demanden que sea y en la medida exacta en que los representantes de la sociedad civil vigilen que sobre la agenda personal se imponga la agenda ciudadana.
