Salió en los periódicos de todo el país que al director de la Coordinación de Giras Presidenciales se le detuvo, se le arraigó y se le decretó auto de formal prisión, apoyada la autoridad en que tenía haberes y deberes con narcotraficantes. En aquel entonces di por hecho que había elementos de convicción suficientes para meterlo en chirona. No creí que las autoridades hubieran actuado a la ligera en un asunto de índole tan seria. No obstante, luego otro juez de Distrito que conoció del expediente en un juicio de Amparo, le concedió la protección de la justicia de la Unión ordenando dictar auto de soltura con las reservas de Ley, considerando no estaba probado en autos del sumario la autoría del delito.
Las autoridades federales, aseveran, en el asunto contra Andrés Manuel López Obrador, que ellos ni quitan ni ponen Rey, lo único que hacen es aplicarle la Ley a un transgresor que desacató el cumplimiento de una orden dictada por un juez de Distrito. Lo raro es que peor cosa o semejante atribuyó al recién liberado Nahum Acosta Lugo. En efecto se dijo que recibía llamadas de conocidos narcos, que se le entregaron sumas de dinero, que pasaba información sobre las actividades presidenciales, que lavaba billetes verdes, etcétera. Al parecer de nada sirvió pues el asunto de Nahum provocaba un fuerte resfrío en las relaciones entre el actual dirigente del blanquiazul y la dependencia de Gobierno encargada de esos menesteres, por lo que esta oficina, echó marcha atrás, ignorando lo que han repetido hasta el cansancio, de que vivimos en un Estado de Derecho. Se trataba de acabar con la amenaza de una ruptura entre el PAN y la PGR.
La pregunta que provoca la errática actuación de la PGR, es: ¿había pruebas o no las había? ¿El ministerio público, que ejercitó la acción penal, estimó de buena fe que los elementos de convicción proporcionados por una averiguación exhaustiva indicaban que había indicios suficientes para considerarlo presunto responsable de los delitos que se le imputaban? Posteriormente, en la culminación de un juicio de Amparo que promovió el abogado de Nahum, otro juez de Distrito al examinar si hubo violación a sus garantías individuales valoró las pruebas aportadas por el M.P. llegando a la conclusión de que las había. Ahora bien, siendo impugnable esta última resolución mediante un recurso de revisión del que debe conocer un Tribunal compuesto de tres magistrados federales, el M.P. primero dijo que iría a otra instancia, lo cual hizo, pero anunciando que se “analiza la posibilidad de desistirse”. Luego cambió de estrategia indicando que se desistiría del recurso si el tribunal que debe revisar el caso “tiene mucho trabajo”. Luego extendió su comentario de manera sesgada aludiendo a que no sería prudente perder tiempo en seguir con el expediente, empeñados en que se le niegue la protección federal al quejoso, pues las pruebas ahí están por lo que en el futuro se puede continuar con la investigación, quedando latente la acción penal. ¡Uf! Estos argumentos están para copiarse y ponerlos en un cuadro en cada escuela de leyes del país.
El presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, asegura que las autoridades encargadas de perseguir a los criminales atienden a fines políticos y no a la necesidad de mantener un Estado de Derecho, siguiéndose con viejas y reprobables prácticas de regímenes priistas, cuando la procuración de justicia y el derecho penal se utilizaban como instrumentos para meter en cintura a opositores políticos, señalando que en este sexenio presidencial se sigue la misma tendencia. Bien, con razón o sin ella, lo que no se puede negar es que ha sido liberado al que se le abrió proceso como presunto narco-espía con apoyo en pruebas contundentes.
