La declaración del gobernador electo de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, en el sentido que no cederá a presiones que influyan en la integración de su equipo de Gobierno o en la formulación de sus planes de trabajo, es digna de análisis.
El fundamento de la afirmación que antecede, lo hace consistir en decirse legitimado para gobernar en función de los resultados del reciente proceso electoral, lo que a su juicio le proporciona la fuerza y la autoridad para proceder por su cuenta.
La legitimidad formal de Humberto Moreira como gobernador electo que ostenta una constancia de mayoría expedida por el Instituto Estatal Electoral, está fuera de discusión y como vivimos en un régimen de legalidad, asumirá el cargo una vez que rinda protesta ante el Congreso y ya como titular del Poder Ejecutivo, será el gobernador de todos los coahuilenses.
Sin embargo, la legitimidad real o material de un gobernante es algo que se requiere construir en el día a día de la vida pública y con especial razón en el presente caso, en el que las votaciones obtenidas por el personaje en cuestión no llegan al veinticinco por ciento del padrón de electores coahuilenses, lo que constituye un flaco apoyo. Lo anterior sea dicho sin ahondar en los cuestionamientos que ponen en duda la certeza de los resultados y que se concretan en inconformidades a partir de los señalamientos que insisten en cuestionar el reciente proceso como unas elecciones de Estado.
En todo caso el nuestro es un sistema democrático representativo, lo que indica que el gobernante electo es un mero mandatario que actúa en nombre del pueblo que da y quita el factor legitimidad. La constancia de mayoría recibida por Moreira Valdés o cualquier otro ciudadano encumbrado por obra y gracia del sufragio a un puesto de elección popular, no es un cheque en blanco del cual el beneficiario pueda disponer caprichosamente o a su arbitrio y por ende, debe vivir con el ánimo y los sentidos abiertos al diálogo con los gobernados, al ejercicio del derecho de petición y a los señalamientos críticos.
A esa luz, la afirmación de Moreira según la cual no cederá a presiones, se advierte autocrática y revela una falta de sensibilidad que enciende un foco rojo en vísperas de su ascenso al poder.
En un sentido estricto, es posible interpretar las palabras de Moreira como una reacción natural frente al asedio que suelen sufrir los gobernantes electos, acosados por aliados electorales reales o presuntos que a la hora del acomodo de posiciones, se constituyen en verdaderos grupos de presión que pasan la factura por los servicios prestados o no, durante la carrera por el poder.
En todo caso los planes de Gobierno y los nombramientos y designaciones que haga de su equipo de colaboradores, son responsabilidad estricta del gobernante electo. Unos y otros, deberán ser formulados y designados respectivamente de cara a la ciudadanía y su desenvolvimiento y desarrollo deberán ser objeto de puntual seguimiento, calificación y eventual rectificación, en el marco de la relación cotidiana entre gobernante y gobernados.
La democracia no se agota en los procesos electorales y por el contrario, la conclusión de dichos procesos marca el renuevo de la relación entre el pueblo mandante (el que manda) y el gobernante obligado a responder en términos de ese mandato y representación que de la sociedad recibe.
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