“Mucha gente cree que está
pensando cuando en realidad está reacomodando sus prejuicios”.
Edward Murrow
en medio de la tregua navideña, los políticos mexicanos han encontrado una insospechada bandera de autopromoción en la decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de aprobar la llamada Ley Sensenbrenner que busca endurecer la política migratoria de los Estados Unidos. La iniciativa destinaría fondos presupuestarios adicionales a la ampliación del muro que ya existe en algunas partes de la frontera entre México y la Unión Americana, y haría de la inmigración ilegal un delito grave que pudiera ser castigado con cárcel.
Esta Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal, presentada originalmente por los representantes republicanos James Sensenbrenner y Peter King, y aprobada el viernes pasado por la Cámara Baja, aún debe ser respaldada por el Senado y publicada por el presidente George W. Bush. Es muy probable, de hecho, que sea modificada sustancialmente en el camino que le falta. Pero la iniciativa ha desatado una avalancha de declaraciones nacionalistas de los políticos mexicanos: desde el presidente de la República y el secretario de relaciones exteriores hasta los legisladores de Oposición. Al unísono, todos han cuestionado la nueva ley. Y, por supuesto, la nueva legislación no es inteligente.
Tratar de combatir la inmigración ilegal con muros y penas de cárcel, cuando no hay suficientes celdas para albergar ni a un porcentaje pequeño de los ilegales, no mejorará la seguridad de Estados Unidos ni detendrá el flujo de inmigrantes. Pero hay una hipocresía fundamental en el rechazo de los políticos mexicanos.
Después de todo, ha sido el fracaso de décadas de la política económica de nuestro país lo que ha obligado a tantos mexicanos a buscar empleo en otro país. En México, los políticos han creado un sistema económico con tantas trabas a la inversión y a la generación de riqueza que el resultado ha sido completamente previsible. No sólo se ha impedido la creación de un número suficiente de empleos formales, sino que se han mantenido deprimidos los salarios de los trabajadores mexicanos.
Nuestros compatriotas están reaccionando y votando con los pies. Se marchan a los Estados Unidos, donde hay mayor libertad económica y un Estado de Derecho más previsible, para encontrar esos empleos que la mala política económica ha impedido que surjan en nuestro país. No deja de ser paradójico que mientras nuestros políticos argumentan que los mexicanos no quieren vivir en una economía de mayor libertad, millones se han ido a trabajar en Estados Unidos donde prevalece el sistema económico que supuestamente rechazan.
Los estadounidenses tienen todo el derecho del mundo a establecer barreras a la inmigración ilegal en su país. Nosotros haríamos lo mismo si tuviéramos a dos millones de inmigrantes en nuestro territorio. Y por supuesto no aceptaríamos ningún tipo de observación que viniera de fuera. La política migratoria -dirían nuestros políticos- es una expresión de la soberanía de nuestro país.
A pesar que México ha sido tradicionalmente una nación de poca inmigración, hemos tenido una larga historia de rechazo a los extranjeros. Les hemos negado permisos de trabajo y derechos plenos. Les hemos puesto trabas enormes a su asentamiento y naturalización. Los hemos discriminado aun después que se han nacionalizado. Las leyes migratorias mexicanas son más restrictivas que las de Estados Unidos.
Si realmente vamos a cuestionar la legislación de la Unión Americana en esta materia, más nos valdría enmendar primero la nuestra para que sea consistente con lo que exigimos a nuestro vecino del norte. ¿Con qué cara, después de todo, podemos protestar por las leyes migratorias estadounidenses cuando nosotros les negamos permisos de trabajo a los extranjeros o la posibilidad de comprar predios en las costas? ¿Es mejor el trato que se da a los mexicanos en Texas que el que sufren los guatemaltecos en Chiapas? En Estados Unidos más del diez por ciento de la población ha nacido en el extranjero, lo cual demuestra una actitud abierta a la inmigración; en México menos del uno por ciento de la población ha nacido en el exterior. Si los políticos mexicanos estuvieran realmente preocupados por la suerte de nuestros compatriotas que se ven obligados a buscar trabajo en la Unión Americana, no se quejarían de las decisiones de política migratoria de los estadounidenses sino que se preocuparían por promover una mayor inversión productiva en México.
Esto es lo que hicieron los gobiernos españoles para defender los derechos de sus connacionales que en las décadas de 1950 a 1970 salían masivamente a trabajar en Alemania, Francia o el Reino Unido. Antes que quejarse, hicieron las reformas de mercado que permitieron que España prosperara. Hoy los españoles han dejado de emigrar, porque en su tierra encuentran los empleos bien pagados que necesitan.
SIN INDEMNIZACIÓN
Evo Morales, presidente electo de Bolivia, ha anunciado que va a modificar de manera unilateral los contratos con los que operan las empresas gaseras extranjeras en su país. Ayer dijo, además, que no las indemnizará. La principal afectada no será una empresa estadounidense, sino la brasileña Petrobrás. ¿Qué hará Lula, el presidente izquierdista de Brasil?
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