Esperemos que la inesperada conclusión de la indagación administrativa sobre el Pemexgate tenga efectos en la bancada panista en San Lázaro, en este momento asociada a la impunidad del senador Ricardo Aldana, uno de los protagonistas de ese caso. Su falta de castigo contrasta con la multa de mil millones de pesos que todavía está pagando -con descuentos mensuales a sus ministraciones- el comité nacional priista y con las aún más cuantiosas que ayer dijo la Secretaría de la Función Pública haber fijado a los funcionarios de Pemex que en 2000 entregaron cientos de miles de millones de pesos al sindicato petrolero, del que Aldana es tesorero.
Eduardo Romero, el sucesor de su jefe político Francisco Barrio en la antigua Secretaría de la Contraloría, sorprendió a todos al fijar una multa de casi dos mil novecientos millones de pesos a seis funcionarios de Pemex que hace cinco años entregaron al comité sindical que era su contraparte laboral 1,580 millones de pesos sin justificación alguna. Aunque la propia cuantía de la sanción (que incluye también inhabilitaciones hasta por veinte años para ocupar cargos públicos) la hará impracticable, nadie esperaba que un proceso que en general se ha realizado en beneficio de los exactores (así, una sola palabra, no una desinencia y luego un sustantivo, como si se tratara de actores que ya no lo son) de Pemex tuviera un momento que les resulta adverso.
Recordemos. Durante 2001 la Secodam, entonces a cargo del ahora precandidato presidencial Francisco Barrio, descubrió pagos irregulares de Pemex al sindicato. En diciembre de ese año pasó parte de su información a la PGR para que consignara los casos judiciales que resultaran a las autoridades. El Gobierno panista, que cumplía un año de edad, gestionaba en ese momento el apoyo del PRI a su reforma fiscal, que incluía aplicar el Impuesto al Valor Agregado a medicamentos y comestibles. Se dijo entonces al presidente Fox que ayudaría a afianzar esa alianza el que se demorara la investigación sobre Pemex. Puesto a evaluar la situación, según contó Barrio, el presidente ordenó seguir adelante con el combate a la corrupción, aunque eso enajenara el apoyo priista en las modificaciones tributarias. El presidente habría comparado con un lingote de oro el logro que significaría descubrir cómo se apoyó desde Pemex al PRI (pues ya se barruntaba ese mecanismo) y habría identificado a la reforma fiscal como cacahuates.
La indagación administrativa dio lugar a acusaciones penales y de éstas se desprenderían consecuencias relacionadas con la administración y la justicia electorales. De esos trayectos, el único que se completó fue el gestionado por las autoridades comiciales, el IFE y el Trife. Con base en información obtenida por la PGR en las averiguaciones previas, el Instituto Federal Electoral identificó un sistema de financiamiento paralelo organizado por el PRI. Por lo menos 500 millones de pesos de una cantidad tres veces mayor entregada indebidamente por la dirección de Pemex a su sindicato, fueron conducidos al partido Tricolor, para pagar porciones de la campaña presidencial de Francisco Labastida. Una pulcra, eficaz y ejemplar investigación permitió seguir puntualmente la ruta del dinero, recibido por empleados y dirigentes priistas. Por supuesto, ese financiamiento no se reportó a la autoridad electoral, lo que hizo al PRI sujeto de sanciones. Está pagando el doble de la cantidad subrepticiamente recibida.
El curso de las acusaciones penales ha sido mucho menos exitoso. Se libraron órdenes de aprehensión contra funcionarios de Pemex y contra dirigentes sindicales, acusados unos y otros de peculado y peculado electoral (y aquéllos de ejercicio abusivo de atribuciones). Nadie ha sido llevado a prisión por eso. Algunos están siendo procesados en la comodidad de sus casas, libres bajo fianza. Aldana disfruta su fuero de legislador, protegido por la alianza de PRI y PAN, que no han puesto en su caso ni un gramo de la energía que por toneladas derrocharon en el desafuero de López Obrador, cuya libertad se tasó en dos mil pesos.
La del senador Aldana ha sido un poco más cara. Para aligerar sus culpas, el secretario general del sindicato, Carlos Romero Deschamps y su tesorero admitieron en septiembre de 2002 que habían recibido recursos irregulares. No obstante su empecinamiento en negarlo durante muchos meses, finalmente reconocieron un “adeudo por pago de lo indebido”. Aceptaron haber recibido 1,580 millones de pesos cantidad que, actualizada a aquel momento en que programaron su devolución se convirtió en casi mil ochocientos millones de pesos. No restituirían lo recibido en una sola exhibición, sino en ¡173 meses!, pues firmaron otros tantos pagarés por quince millones de pesos cada uno, con vecimientos mensuales. Esa cantidad se descontará, suponemos que se descuenta religiosamente desde aquella fecha hasta el primero de mayo de 2016. Se ofreció también en pago el importe de una cuenta sindical congelada en Nueva York por autoridades norteamericanas.
Ahora se ha cerrado (o casi) el tema en su vertiente administrativa. Por más recursos que Rogelio Montemayor haya amasado en su gubernatura de Coahuila (como aseguran sus adversarios) le será difícil cubrir los mil cuatrocientos millones de pesos que le asestó la Secretaría de la Función Pública. Le será más fácil litigar y no pagarlos, o al menos disminuir el monto de la sanción, del modo y con los onerosos mecanismos que le han evitado pisar la cárcel.
