La Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a México y EU al diálogo para evitar la construcción de muros que dividan, afirman, preocupados por la violación a los derechos humanos.
MEXICO, D.F., (EL UNIVERSAL-AEE).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a través de la Comisión de Movilidad Humana, hizo un nuevo llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para que "a través del diálogo fraterno y maduro, encuentren la mejor forma de construir acuerdos que unan y no muros que dividan".
A través de un pronunciamiento en donde reiteran su preocupación por la violación a los derechos humanos de quienes buscan cruzar la frontera norte de México en busca de mejores oportunidades, los obispos condenan todo tipo de discriminación y "nacionalismo exacerbado", tanto entre los individuos, como
entre las naciones o pueblos.
Por ello, "sumamos nuestras voces y plegarias a los pronunciamientos de los diversos sectores de nuestra sociedad que lamentan la Iniciativa de Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal 2005 o HR4437, aprobada el pasado 16 de diciembre del presente año, por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América".
Ante esto, expresan su preocupación, al considerar que en las medidas anunciadas por el gobierno estadounidense, perciben que existen otros intereses y no el bien de la humanidad por parte de quienes están conduciendo las decisiones de quienes tienen el deber de velar por el bien de las naciones y los pueblos.
"Hechos como estos, nos preocupan por el endurecimiento del corazón hacia nuestros hermanos migrantes que buscan de manera honrada y con el producto de su trabajo el pan, es decir, el alimento y bienestar para ellos y sus familias".
"Nos entristece la muerte y sufrimiento que suceden a lo largo de la frontera, donde expresiones de hostilidad y xenofobia a los inmigrantes indocumentados es una cotidiana y lamentable realidad en estados como, California, Texas y Arizona por citar algunos".
La CEM cita algunas de las medidas anunciadas como el hecho de verificar electrónicamente el estatus de quienes soliciten empleo; eleva a rango de crimen leve la presencia en Estados Unidos de personas indocumentadas; y el permitir a policías locales remitir a indocumentados a autoridades federales.
