Ha aumentado la tensión en la región del Chapare, en Cochabamba, donde productores impidieron el paso de centenares de vehículos.
La Paz, (EFE).- El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, hizo hoy un llamamiento a la unidad del país, una semana después de que su dimisión causara una crisis resuelta provisionalmente con su ratificación pero que se mantiene en las calles.
En un programa televisivo en el que atendió a las preguntas de los ciudadanos, Mesa pidió a sus compatriotas respeto al prójimo, independientemente de su raza o credo, y lamentó las posturas proclives al enfrentamiento de los últimos días.
La decisión del mandatario de convocar a la población a manifestarse contra los bloqueos de carreteras, el jueves pasado, fue malinterpretada por parte de la opinión pública como una invitación a la confrontación, lo que hoy negó el gobernante.
En las últimas horas ha aumentado la tensión en la región del Chapare, en el departamento central de Cochabamba, donde campesinos productores de coca cierran la vía troncal del país impidiendo el paso de centenares de vehículos y causando desabastecimiento en las poblaciones de la zona.
Además de pedir vehemente la unidad nacional, Mesa defendió una vez más su proyecto de reforma petrolera al reiterar que el plan de normativa del líder cocalero y del Movimiento Al Socialismo (MAS), usado como consigna de los bloqueadores, es inviable para la nación, la más pobre de Sudamérica.
Mesa recordó que las regalías, un pago fijo sobre la producción, no se pueden subir del 18 al 50 por ciento, como exige el MAS, porque se trata de una cláusula inamovible de los contratos firmados entre el Estado y las empresas petroleras que llegaron a Bolivia en la década de los noventa.
En cambio, abogó por el incremento de los impuestos hasta un 32 por ciento, para alcanzar el 50 por ciento de beneficios para el país, como se sugirió en un referéndum que definió la política energética nacional en julio de 2004, aprobado por mayoría.
De no seguir estas premisas, las empresas acudirán al arbitraje internacional y desaparecerán la cooperación de la comunidad internacional y las inversiones extranjeras, argumentó.
Consideró que su política "ha colocado el centro más a la izquierda de lo que estaba antes", identificada con la Ley de Hidrocarburos vigente, la cual promulgada por su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) en su primer mandato (1993-1997).
Por eso negó que se esté "derechizando" y dijo mantenerse al lado de todos los bolivianos, para agradecer luego el respaldo popular recibido de la ciudadanía.
De materializarse los postulados del referéndum en una nueva Ley de Hidrocarburos, como está previsto que suceda este año, el Estado boliviano pasará a participar de la definición de los contratos de exportación de las multinacionales que operan en el país, así como los precios de venta del producto.
Por este motivo, por la crisis energética de la región y porque Bolivia posee las mayores reservas de gas natural de Sudamérica, por detrás de Venezuela, la nación que preside "puede convertirse en el país que decida los precios del gas en el cono sur", enfatizó.
Recordó asimismo que "el freno a esta ley nos ha hecho dejar de ganar plata, 80 millones de dólares", que es lo que se hubiera ganado hasta ahora si se llega a sancionar en septiembre, cuando comenzó su discusión.
También aludió a los bloqueos de carreteras para señalar que buscará el diálogo para que se suspendan y solo intervendrá contra ellos haciendo "ejercicio de la justicia a través del enjuiciamiento", nunca con las fuerzas armadas, para no ocasionar muertos, como hicieron sus inmediatos antecesores.
Antes de la aparición pública del gobernante se supo que el Ejecutivo no intervendrá en el Encuentro Nacional promovido por las organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, para hallar una solución a la coyuntura, mañana, lunes, en Cochabamba.
La razón de su ausencia es que ni la Iglesia ni otros sectores "muy importantes" de la sociedad boliviana participarán.
