Los enemigos del Estado -particularmente el crimen organizado y la canalla política- están de plácemes. Nunca nadie se había desentendido tanto de ellos, como ahora lo hacen el Gobierno y los partidos. Nunca nadie les había brindado la oportunidad de actuar con tan grandes márgenes de maniobra e impunidad. El campo es de ellos.
Un desplegado de agradecimiento al Gobierno y los partidos, con cargo a la ciudadanía desde luego, ya podrían publicar narcotraficantes, criminales y politraficantes.
El mismo presidente de la República contribuye en ese despropósito. Parece increíble pero los desplantes del mandatario hacia los poderes formales e informales del Estado son todo un favor para los enemigos del Estado. La terrible confusión que domina la actuación presidencial es todo un acicate para ellos.
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La necia y peligrosa insistencia del Gobierno y los partidos de anteponer sus diferencias, de ocuparse sólo de los asuntos de su interés personal o grupal y de hacer de la política un simple concurso de venganzas, zancadillas y revanchas, le está abriendo un enorme espacio al crimen organizado y la canalla política.
Si la atención se concentra en las faldas de la señora Marta, en las bravatas del presidente de la República, en las pelotas o la fealdad de Rubén Mendoza Ayala, en los sombreros de Eduardo Sojo, en los insultos contenidos de Manuel Espino, en el fúnebre festejo que organiza Vicente Fox por su cumpleaños, su boda y su elección, en la intención de Andrés Manuel López Obrador de vivir en Palacio Nacional, en los cocteles sociales de Bernardo de la Garza, en las bendiciones del secretario de Gobernación, en... es claro que el margen de acción del crimen organizado y de la canalla política se amplía.
Eso está ocurriendo con los actores políticos. Se divierten porque su interés está puesto en preservar, conquistar o reconquistar un poder que se está deshaciendo a pedazos. Podría la sociedad, entonces, buscar el amparo en los partidos pero éstos también están distraídos. Concentran su atención en cuánto van a gastar en la precampaña, en cómo van a organizar la precampaña sin que se fisure su organización, en cuándo van a elegir a su precandidato, pero ni por asomo se interesan en dar sustancia al debate. Se interesan más por el continente que por el contenido del debate. Eso también es un favor a los enemigos del Estado.
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La descomposición política, económica y social es cada vez más evidente, pero de esa realidad no toman nota ni el Gobierno ni los partidos.
La violencia crece y domina a muchas ciudades del país. En el norte, el monopolio de la fuerza ya no es del Estado sino del crimen organizado. Si los funcionarios encargados locales de la seguridad no son de su agrado, el crimen organizado los depone por la vía expedita de la ejecución. Ahí está el caso de Nuevo Laredo. La fuerza del Estado es la debilidad. El músculo de la fuerza es criminal. Los “tours” de la Policía Federal Preventiva a esa y otras ciudades, no amedrentan a los criminales. En el mejor de los casos, decoran su impunidad. Eso es todo. Esos territorios ya escaparon al control del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. Negarlo es cerrar los ojos. Y asombra que el Gobierno y los partidos políticos no reparen en el hecho.
Esa realidad, el flamante secretario de Gobernación la entiende como un simple problema de percepción. “Lo que importa aquí -dice Carlos Abascal- es la percepción de los ciudadanos, una percepción de que hay estas ejecuciones, hay que ubicarlas, precisamente, en el mundo del narcotráfico, en donde las deslealtades y la competencia se pagan con la vida propia o de los familiares.” En esa lógica, se va a atacar la percepción, no se va a cambiar la realidad.
El problema, sin embargo, es mucho más complejo de lo que supone el entusiasta secretario de Gobernación. El hecho de que la mayor parte de las ejecuciones recaiga sobre miembros o socios del crimen, no significa que ahí quede el asunto. Nada de eso. El creciente número de ejecuciones repercute sobre el conjunto de las relaciones políticas, sociales, económicas e incluso internacionales de la nación y del Estado. Las ejecuciones crean una atmósfera adversa por completo a la posibilidad de impulsar el desarrollo político, económico y social del país.
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De nuevo, el caso de Nuevo Laredo ilustra claramente ese deterioro. La ejecución del director de Seguridad Pública de ese municipio, Alejandro Domínguez Coello, que apenas duró unas horas -¡sí, unas horas!- en el cargo, tiene un efecto inmediato sobre la complicada relación con Estados Unidos. Y ese no es un problema de “percepción”.
Antes que cualquier autoridad federal mexicana fije postura frente a esa ejecución, el embajador Tony Garza lamenta el asesinato y advierte, contundente, sobre “la situación que tan rápidamente empeora en la frontera, al grado, que la Ley se ve rebasada en algunas partes”. Y hasta que el diplomático formula el señalamiento, el Gobierno mexicano reacciona.
La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores emiten un comunicado conjunto. “El Gobierno Federal -señalan esas dependencias- reconoce la gravedad de la violencia en la frontera y ratifica su compromiso de salvaguardar la seguridad pública”. Tal es la falta de coordinación en el Gobierno que lo que para Gobernación es un problema de “percepción”, para la procuraduría y la cancillería es un “grave” problema de violencia.
Pero el Gobierno hace evidente su desarticulación, los partidos ni anotan ni se enteran de que el Estado está dejando de garantizar un derecho fundamental: el derecho a la vida.
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Podría pensarse, desde luego, que el avance de la fuerza criminal en distintos puntos de la República nada tiene que ver con la democracia y el desarrollo. La realidad, sin embargo, es otra muy distinta.
Cuando en un país se pierde el valor por la vida, muchos otros valores se vienen abajo. Si la vida no vale, el patrimonio menos. Si el patrimonio y la propiedad no los garantiza el Estado, ningún sentido tiene invertir y, donde se invierte, no se genera riqueza ni trabajo. Todo se viene abajo, todo se deteriora. Y eso tampoco es un problema de “percepción”, es simple y sencillamente todo un problema frente al cual la omisión del Gobierno y de los partidos políticos es una declaración de fe en el crimen.
Ese deterioro, por lo pronto, pega ya en la relación con Estados Unidos y pega también en el trabajo de la prensa en esas ciudades, donde gobierna el crimen. Ambos asuntos pueden parecer menores al Gobierno pero, en el fondo, repercuten, por un lado, en la posibilidad de lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos y, por el otro, en la posibilidad de tener información de lo que está ocurriendo en la frontera norte.
Puede pensar el presidente de la República que eso no es cierto. Que los muertos de anteayer son los mismos que los de ayer y que los de hoy, y que, en el fondo, todo se reduce a un “refriteo” de notas rojas. No es así, el crimen organizado está avanzando, gracias al desentendimiento que del problema tienen la autoridad y los partidos políticos.
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Si esa actitud frente al crimen organizado fuera la única que provoca el deterioro, el asunto sería grave. La cuestión es que esa actitud de desentendimiento para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia, también la están teniendo el Gobierno y los partidos políticos frente a otros problemas que, a fin de cuentas, le están ampliando el campo de acción a la canalla política.
Si para el presidente de la República es timbre de orgullo que su esposa entre en litigio con la prensa y que él, de a tiro por viaje, descalifique la crítica, para la canalla política eso se traduce en la reinauguración del espacio de la arbitrariedad y la pusilanimidad. Se sienten alentados para irse contra la prensa, como ocurre en Oaxaca, donde el periódico Noticias cumple ya un semestre de haber sido agraviado por el Poder Ejecutivo local.
Si para el presidente de la República su responsabilidad frente a las reformas estructurales, frente a la inseguridad pública, frente al crimen organizado se agota en lanzar iniciativas o mal consignar delincuentes y, después, en echarle la culpa de lo que ocurra a los poderes Legislativo y Judicial, el engaño y del desplante provoca la absoluta desarticulación del Estado.
La dinámica de ese juego donde cada frustración o fracaso se resuelve resbalando la responsabilidad en algún otro poder, le está abriendo el espacio a la canalla política que ve, en la ausencia de Gobierno, la posibilidad de regresar a la subcultura política “chicharronera”. Ese constante chocar con los otros poderes y concentrar toda la atención en el juego por el poder, está arrasando brutalmente con la posibilidad de lograr un mejor desarrollo político.
Los ejemplos, en estos casos, son muchos. Los Gobiernos de Querétaro, Oaxaca y Morelos acumulan varias historias que reflejan una terrible involución política. Y, por si ejemplos faltaran, lo que está ocurriendo con el sistema carcelario es toda una señal de alarma: cuando el Estado pierde el Gobierno de las cárceles y se lo entrega al crimen, ha perdido mucho. De eso tampoco toman nota el Gobierno y los partidos políticos, del deterioro que provoca su indiferencia frente a la repercusión que tiene el necio afán de anteponer sus intereses personales o grupales, del daño que le provocan al Estado.
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Los enemigos del Estado están de plácemes. En su distracción y diversión, el Gobierno y los partidos políticos les están cediendo grandes espacios. El absurdo es que, cuando el Gobierno y los partidos volteen a ver el territorio que supuestamente se disputan, tendrán que tomar nota que está ocupado por quienes nunca debieron dejar crecer.
Lo más triste de esta historia es que el Gobierno y los partidos están dejando en medio de esa situación a la ciudadanía que supuestamente representan. A ver con qué cara le piden votar.
