El llamamiento que hace Andrés Manuel López Obrador para que sus simpatizantes se movilicen saliendo a las calles, su anuncio de que no solicitará amparo para evitar ser refundido en la cárcel, así como que no piensa abandonarla en caso de que pueda hacerlo bajo fianza y de que, aún estando en una crujía, pedirá su registro como pre candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática, además de la petición a sus seguidores para que usen un listón tricolor en la solapa, junto con el llamado de organizaciones ciudadanas a la desobediencia civil y a la resistencia pacifica que hacen algunas organizaciones poco conocidas, no parece preocupar al Gobierno Federal, que fue acusado por el perredista Pablo Gómez, en la comparecencia de Santiago Creel ante los diputados, de estar detrás de este intento de inhabilitar al actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que no pueda figurar como aspirante a la Presidencia de la República.
Habría que escudriñar en los arcanos del tiempo para saber ¿qué va a pasar? No atino a descifrar si lo que se pretende es repetir el efecto de los machetes de san Salvador Atenco, que paralizaron los planes del Gobierno Federal de construir una estación aeroportuaria o si es una más de las baladronadas de Andrés Manuel como aquello de que lo dieran por muerto, que repetía con terquedad cuando era interrogado por la prensa acerca de si aspiraba a ser candidato de su partido. En ambos casos el asunto está para pensarse dos veces. Por lo pronto, debo decir, que el régimen foxista aparentemente ha ido demasiado lejos para que pueda echarse atrás en sus intenciones de que se desafuere e inhabilite a Andrés Manuel. Pero en otro aspecto, lo que puede acontecer, al sacar al pueblo a la vía pública, es que se incorporen asuntos de protesta que puedan radicalizar el reclamo popular, llevándolo por otros rumbos no recomendables para un gobernante que no cuenta con el asentimiento y la simpatía que se requiere en un asunto de tal trascendencia, como es el destruir la imagen del pre candidato que puntea en las encuestas. Hay, aunque nos hagamos tarugos para no mencionarlo, un malestar social evidente que puede, llegado el caso, contaminar los motivos de una marcha callejera.
Las voces que he escuchado son de que el procedimiento de desafuero tiene orígenes bastardos, tratándose más que de remediar una perturbación a la legalidad, estando probado el desacato, la de sacar de la jugada a un aspirante a presidente. En ese criterio coinciden gran número de personajes de los medios y de la política con excepción, claro está, de quienes se verían beneficiados con la draconiana medida: los aspirantes al mismo cargo y sus condotieros que militan en el PAN y en el PRI. De ser así, a pesar de que la política es una guerra en la que todo se vale, hay ciertos límites que no deberían ser rebasados por constituir un peligro para una pacífica convivencia. En ciertos estratos sociales existe un descontento que no debe ser alimentado con providencias legaloides disfrazadas de una artificiosa intención de preservar el imperio de la Ley.
Habría que hacerle el encargo a Andrés Manuel de que se abstenga de patrocinar a los ciudadanos para que tomen las calles. Se correría un riesgo innecesario al exponerlos a un enfrentamiento con las fuerzas del orden. El colgar cartelones, telefonear a los medios, levantar tienda de campaña en las plazas públicas y el pegar calcomanías en los autos, está bien, siempre y cuando no fuera aprovechado por delirantes de la izquierda o de la derecha, para llevar agua a sus respectivos molinos. Los unos creando una violencia incontrolable y los otros con el pretenso interés de mostrar a Andrés Manuel como un anarquista irredento. Es posible que el asunto quede en agua de borrajas cuando los legisladores decidan si hay o no elementos para decretar el desafuero. Lo que no nos debe hacer que perdamos de vista que el ambiente social está atestado de hongos secos, impregnados de nitro, prestos a deflagrar al menor chispazo. Lo aconsejable es la mesura.
