“No juzguéis, para que no seáis juzgados”.
Jesús (Mateo 7:1)
de algo sirvió la reunión del tres de enero entre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela. Por lo menos Beltrones puso fin a la guerra de declaraciones y amenazas que había emprendido en contra de la Corte y sus ministros.
Qué bueno que el presidente de la Cámara esté guardando silencio. Es verdad que los diputados no carecen de razón en algunos de sus argumentos legales frente a la Corte. Pero la fuerza del razonamiento se pierde cuando se aprovecha toda ocasión para lanzar descalificaciones a quienes opinan de manera diferente o cuando se amenaza a los ministros con hacerles juicio político si no fallan según las instrucciones de un partido político.
Los legisladores de oposición publicaron ayer desplegados en los periódicos en los que presentaron sus argumentos formales en contra de la aceptación de la Corte de la controversia constitucional del presidente Vicente Fox sobre el presupuesto 2005.
Quizá el punto más contundente es el que muestra que los ministros comisionados durante el periodo vacacional no tenían la facultad de aceptar el caso porque el mandato para hacerlo se basó en un Código de Instituciones y Procedimientos Federales que simplemente no existe.
Pero éste es un punto meramente formal. Lo importante es si la Corte debe revisar la controversia constitucional presentada por el presidente o si la rechaza por “notoriamente improcedente” como quieren los diputados. Y en esto parece haber muy buenas razones para aceptarla, ya que desde hace años ha habido un debate al respecto de si el presidente tiene el poder de hacer observaciones al presupuesto. Mucho ayudaría el que la Corte se pronunciara definitivamente sobre el tema.
Es difícil saber cuál será la decisión de la Suprema Corte en el fondo de este asunto. Los juristas discrepan abiertamente acerca de la facultad del presidente para hacerle observaciones al presupuesto.
Esta diferencia probablemente se reflejará en una votación dividida en el pleno de la Corte. Son once los ministros y once serán los criterios que entrarán en juego para el fallo.
Es lamentable, sin embargo, que Beltrones —quien como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados debe representar a todos los diputados y no solamente a los de su partido— haya entrado en el juego de las descalificaciones de la Corte. La amenaza de hacer un juicio político a los ministros si no votan como quieren los diputados del PRI y del PRD representa un abierto chantaje, el cual es inadmisible en una sociedad que quiere construir instituciones sólidas.
Esperemos que, como resultado de la reunión del tres de enero, Beltrones acepte que la Corte hará su trabajo con profesionalismo y honestidad. Mucho daño se le ha hecho ya al país con los constantes ataques a la integridad del Poder Judicial. Lo peor de todo es que quienes aplauden la independencia de los tribunales cuando éstos fallan a su favor, los acusan de corrupción o ignorancia cuando las decisiones se oponen a sus intereses.
Así el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, celebró la independencia de la Suprema Corte cuando ésta le dio la razón en la controversia constitucional en la que argumentaba que el presidente de la República no tenía la facultad de establecer por decreto un horario de verano. Pero en cambio cuestionó la honestidad de los jueces cuando éstos fallaron en su contra en los casos del paraje de San Juan y de El Encino.
Los panistas, sin embargo, no pueden tirar la primera piedra. Ellos defienden a nivel federal el que la Corte haya aceptado la controversia del presidente Fox y cuestionan al diputado Beltrones por amenazar a los ministros con hacerles un juicio político. Pero en Yucatán han emprendido un juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por haber fallado en contra de su posición en el controvertido caso Medina-Abraham.
Todos los partidos políticos deberían dejar de lado estos intentos por desacreditar y presionar al Poder Judicial. A todos nos interesa tener un sistema judicial que funcione. Es verdad que sigue habiendo casos de irregularidades e incluso de corrupción. Pero no podemos aceptar que los políticos continúen con su malsana política de aplaudir a los jueces cuando éstos fallan a su favor y cuestionar su integridad cuando no les dan la razón.
La decisión del PRI
¿Consulta a las bases o convención de delegados? El PRI deberá elegir a más tardar el 15 de enero cuál de estos procedimientos usará para escoger a su candidato presidencial para 2006. La decisión que tome influirá de manera decisiva sobre el resultado final del proceso.
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